Martín Vizcarra
presidente del Perú de 2018 a 2020 De Wikipedia, la enciclopedia libre
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Martín Alberto Vizcarra Cornejo (Lima, 22 de marzo de 1963) es un ingeniero y político peruano que fue presidente de Perú de 2018 a 2020.
Vizcarra adquirió relevancia en la política de Perú como miembro del partido Peruanos por el Kambio, desempeñándose inicialmente como gobernador de Moquegua (2011-2014), donde fue reconocido por sus esfuerzos para resolver conflictos locales y mejorar los indicadores sociales regionales.[3] Posteriormente fue primer vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Vizcarra asumió la presidencia tras la dimisión de Kuczynski en medio de un escándalo de corrupción.[4]
Durante su mandato, Vizcarra se posicionó como un reformista comprometido con la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia en el gobierno. Implementó importantes reformas políticas, incluida la disolución del Congreso en septiembre de 2019 tras la obstrucción legislativa de sus esfuerzos anticorrupción.[5] Esta medida condujo a una crisis constitucional que dio lugar a unas nuevas elecciones congresales,[6] pero también le valió un considerable apoyo público,[7] ya que muchos peruanos estaban frustrados con el Congreso plagado de corrupción.[5][8] Como presidente, también se ocupó de la pandemia de COVID-19 en Perú, dictando un confinamiento en todo el país y emitió fondos de ayuda. A pesar de estos esfuerzos, la pandemia puso de manifiesto las desigualdades socioeconómicas subyacentes, y un contexto de una economía mayoritariamente informal, lo que provocó una recesión económica y descontento político generalizado.[9][10]
La presidencia de Vizcarra terminó de forma controvertida cuando fue destituido por el Congreso de Perú en noviembre de 2020 por «incapacidad moral», en medio de acusaciones de tráfico de influencias y aceptación de sobornos durante su mandato como gobernador de Moquegua.[11] Su destitución, considerada por muchos como carente de pruebas sustanciales y de tener motivaciones políticas, desencadenó protestas generalizadas. Tras su destitución, Vizcarra siguió siendo una figura influyente y aspiró a un escaño en el Congreso de Perú en las elecciones de 2021. Sin embargo, esto se vio frustrado por el escándalo del «vacunagate», en el que se reveló que había recibido una vacuna contra la COVID-19 antes de que estuviera disponible para el público, lo que le valió que el Congreso le inhabilitara para ejercer cargos públicos durante 10 años.[12] Posteriormente, fundó en aquel año el partido Perú Primero.[13]
Martín Vizcarra nació el 22 de marzo de 1963 en Lima, Perú, de una familia moqueguana. Es hijo de César Vizcarra Vargas, exalcalde de Moquegua y miembro del Partido Aprista Peruano, y de Doris Cornejo Dávila, profesora de primaria. Su padre también fue delegado a la Asamblea Constituyente de 1978. Debido a una complicación pulmonar al nacer, Vizcarra necesitó tratamiento médico en Lima. Fue bautizado con el nombre de San Martín de Porres, figura venerada del catolicismo peruano.[14]
Vizcarra cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Juan XXIII y en la Gran Unidad Educativa Simón Bolívar de Moquegua. Cursó estudios superiores en la Universidad Nacional de Ingeniería, graduándose como ingeniero civil en 1984.[15] En 2009, obtuvo un diplomado en Administración Gerencial en la Escuela de Negocios ESAN.[16]
La carrera profesional de Vizcarra comenzó tanto en el sector público como en el privado. De 1978 a 1991, fue ejecutivo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. En el sector privado, estuvo vinculado a dos empresas familiares: C&M Vizcarra (1990-2018), donde se desempeñó como gerente de operaciones, y Agrotécnica Estuquiña (1998-presente). Además, actuó como asesor de varias organizaciones.[17]
En el ámbito público, Vizcarra desempeñó varias funciones de liderazgo. Fue decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua (2008-2009),[15] e integró el directorio de la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (2007-2010). También contribuyó al desarrollo regional como director de la Sociedad de Industrias de Moquegua y como miembro del Comité Consultivo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica de Moquegua (2010).[16] Del 2011 al 2014, presidió el directorio del Proyecto Especial Regional Pasto Grande. En 2014, fue nombrado director de Susalud, el regulador nacional de servicios de salud.[18]
Esta formación en ingeniería y administración pública sentó las bases para la posterior carrera política de Vizcarra.[19]
La carrera política de Martín Vizcarra comenzó en su región natal, Moquegua. En las elecciones regionales de 2006, se presentó a la presidencia del Gobierno Regional de Moquegua como candidato del Partido Aprista Peruano, una decisión influida por la alineación política de su padre. Vizcarra quedó segundo en la contienda.[20]
En 2008, obtuvo un mayor reconocimiento al encabezar las protestas del «moqueguazo», desencadenadas por el reparto desigual de los cánones mineros.[14] En aquel momento, la comunidad de Moquegua recibía muchos menos ingresos de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation que la vecina región de Tacna. Las protestas, que duraron diez días, supusieron el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, lo que paralizó la actividad regional. Vizcarra viajó a Lima para presentar las quejas a la Presidencia del Consejo de Ministros y a la Comisión de Economía del Congreso. Sus gestiones lograron que se modificara la ley de canon minero, asegurando mayores beneficios para Moquegua.[14][19]
En las elecciones regionales del 2010, Martín Vizcarra fue elegido presidente de la Región de Moquegua para el periodo 2011-2014, en representación del movimiento regional «Integración Regional por Ti». Su gestión se centró en gran medida en la educación, lo que llevó a mejoras significativas en los indicadores sociales de la región.[19] Durante su mandato, las escuelas de Moquegua ocuparon el primer lugar durante tres años consecutivos en la Evaluación Censal de Estudiantes realizada por el Ministerio de Educación de Perú.[21] En reconocimiento a sus esfuerzos, Vizcarra recibió la Orden de las Palmas Magisteriales en el Grado de Amauta en 2014.[22][23]
El mandato de Vizcarra también se caracterizó por su gestión de los problemas mineros de la región, desempeñando un papel importante en la resolución de disputas.[22] Concilió un conflicto entre la empresa minera Anglo American plc y los residentes locales preocupados por la posible contaminación del agua potable de una mina de cobre propuesta.[22]
Además, Vizcarra negoció importantes contribuciones financieras de las empresas mineras Quellaveco y Southern, asegurando 1.000 millones de soles y 108 millones de soles, respectivamente, en regalías y contribuciones. También obtuvo más de 720 millones de soles del gobierno nacional del presidente Ollanta Humala para proyectos de infraestructuras públicas en la región.[24]
Vizcarra concluyó su mandato como gobernador en 2014, dejando tras de sí un legado de mejoras educativas y económicas, así como una reputación de evitar la corrupción, que fue destacada por The Washington Post.[19]
Martín Vizcarra fue elegido primer vicepresidente de Perú en las elecciones generales de 2016, presentándose junto a Pedro Pablo Kuczynski por el partido Peruanos Por el Kambio. Poco después de las elecciones, fue nombrado ministro de Transportes y Comunicaciones, cargo que ocupó de 2016 a 2017.[25] Durante este tiempo, gestionó la respuesta del gobierno a las graves inundaciones que devastaron gran parte de Perú a finales de 2016 y principios de 2017.
Además de la gestión de crisis, Vizcarra se vio envuelto en la polémica en torno a la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cuzco. Ante las acusaciones de sobornos y retrasos burocráticos, suspendió los contratos relacionados con el proyecto a la espera de una investigación de la Contraloría.[26] Tras prolongados cuestionamientos y retos relacionados tanto con el proyecto del aeropuerto como con los esfuerzos de reconstrucción tras las inundaciones, Vizcarra renunció como ministro en 2017. Tras su dimisión, el Contralor General Édgar Alarcón recomendó emprender acciones legales contra los funcionarios implicados en el proyecto aeroportuario. A pesar de estos reveses, en general se valoró positivamente su gestión como ministro; según los analistas, estuvo plagado de complicaciones por parte de las fuerzas políticas de la familia Fujimori, conocidas como fujimoristas.[26]
En septiembre de 2017, Vizcarra fue nombrado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Perú en Canadá. Presentó sus credenciales a la Gobernadora General Julie Payette en octubre de 2017. Sin embargo, su mandato como embajador se vio interrumpido cuando se agravó la crisis política en Perú, con el presidente Kuczynski enfrentándose a un debate en el Congreso sobre su posible destitución. Vizcarra regresó a Perú en diciembre de 2017, justo antes de la primera votación sobre la destitución de Kuczynski.[27] Después de que Kuczynski sobreviviera a la votación inicial, Vizcarra regresó brevemente a Canadá para continuar con sus funciones diplomáticas.
Martín Vizcarra asumió la presidencia de Perú el 23 de marzo de 2018 tras la dimisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Al asumir el cargo, Vizcarra hizo una fuerte declaración contra la corrupción, declarando: «llegó el momento de decir basta»,[28] y comprometiéndose a liderar los esfuerzos para combatir la corrupción en el país.[29]
El escritor peruano y premio nobel Mario Vargas Llosa comentó que los antecedentes políticos de Vizcarra eran prometedores, señalando que, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Vizcarra había actuado dentro de los límites de la ley. Vargas Llosa también predijo que, si la popularidad de Vizcarra aumentaba significativamente, la oposición de los fujimoristas en el Congreso podría intensificarse, ya que podrían dejar de lado sus divisiones internas para desafiar su liderazgo.[30]
Vizcarra se dirigió al Palacio de Torre Tagle, en donde la canciller Cayetana Aljovín le otorgó la Orden El Sol del Perú en el grado de Gran Collar y la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, en el grado de Gran Cruz Especial por su labor como Embajador del Perú en Canadá.[31] El vicepresidente esperó en la sede de la cancillería a la comisión de anuncio del congreso, la cual le invitó a prestar juramento en la sesión solemne del Legislativo. En su discurso frente al Congreso, definió las líneas políticas de su gobierno: el enfoque en la educación, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción.[32]
El nuevo gobierno heredó el gabinete ministerial del finalizado gobierno de Kuczynski, que encabezaba la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Vizcarra anunció la renovación total del Consejo de Ministros. El 27 de marzo, Edmer Trujillo Mori juramentó como Ministro de Transportes y Comunicaciones.[33] El 6 de abril, fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en una ceremonia que tuvo lugar en la sede del Cuartel General del Ejército del Perú, en San Borja.
Debemos ser responsables para dejar una herencia a nuestros hijos y a las futuras generaciones del Perú.
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El 17 de abril de 2018, el presidente Martín Vizcarra firmó la Ley Marco sobre Cambio Climático (Ley n.º 30.754), cuyo objetivo era mejorar la capacidad del gobierno para hacer frente al cambio climático.[34] La ley dispuso un mayor financiamiento al Ministerio del Ambiente (MINAM) para mejorar los esfuerzos de monitoreo y mitigación relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero. También estableció un marco para la cooperación interministerial en cuestiones relacionadas con el clima.[35]
Con la aprobación de esta legislación, Perú se convirtió en el primer país de Sudamérica en promulgar una ley climática.[34] En su discurso, Vizcarra hizo hincapié en la urgencia del cambio climático, afirmando que no podía seguir ignorándose y que el gobierno peruano tenía la responsabilidad de actuar para garantizar un medio ambiente mejor para las generaciones futuras.[34][35]
En respuesta a los escándalos de corrupción generalizados que afectan al gobierno peruano, el 28 de julio de 2018, el presidente Martín Vizcarra propuso un referéndum nacional destinado a reformar el sistema político. El referéndum pretendía prohibir la financiación privada de las campañas políticas, prohibir la reelección de legisladores e introducir una segunda cámara legislativa.[36]
The Washington Post describió la iniciativa de Vizcarra como una «respuesta decisiva a un escándalo de corrupción que envuelve a las más altas instancias del poder judicial» y afirmó que ofrecía una rara oportunidad de restaurar la integridad de las instituciones públicas.[37] La legisladora izquierdista Marisa Glave, antigua crítica de Vizcarra, elogió sus acciones, señalando que había «conectado con la gente» en una sociedad desilusionada por la corrupción, pero también en gran medida desvinculada de la política. Transparencia Internacional también elogió el referéndum, destacando el aparente compromiso genuino de Vizcarra con la causa.[37]
A pesar del apoyo generalizado, surgió oposición política tras la detención temporal de la líder opositora Keiko Fujimori. El 11 de octubre de 2018, miembros de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y de Fuerza Popular, liderada por el fujimorismo, presentaron un proyecto de ley para modificar o eliminar las propuestas de Vizcarra.[38] Sin embargo, el 9 de diciembre de 2018, los peruanos votaron a favor de tres de las cuatro reformas propuestas, rechazando únicamente la creación de un congreso bicameral. Vizcarra retiró su apoyo a esta propuesta después de que el Congreso, dominado por los fujimoristas, alterara su contenido de una manera que habría disminuido los poderes presidenciales.[39]
¿Tan difícil es pensar en el Perú primero?
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Según la Constitución peruana, el poder ejecutivo está facultado para disolver el Congreso tras dos votos de censura o negaciones de confianza.[41][42] El primer voto se produjo el 15 de septiembre de 2017 durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, lo que provocó el colapso de su gabinete.[43] Este voto marcó el primer acto de censura del órgano del Congreso.[41]
El 29 de mayo de 2019, el presidente Martín Vizcarra inició un proceso constitucional, advirtiendo al Congreso que convocaría un voto de confianza si continuaban obstruyendo sus medidas anticorrupción propuestas.[44] Durante los meses siguientes, el Congreso retrasó la acción sobre estas iniciativas y pospuso las elecciones generales propuestas por Vizcarra.[42] El 27 de septiembre de 2019, Vizcarra pidió oficialmente un voto de confianza, afirmando que «está en peligro la democracia de nuestro país».[41] Él y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron al Congreso por bloquear sus reformas propuestas mientras que simultáneamente se movía rápidamente para nombrar nuevos miembros del Tribunal Constitucional de Perú sin investigar a fondo los antecedentes de los nominados.[41] Vizcarra argumentó que la reforma del proceso de nombramiento del Tribunal Constitucional era crucial, y la respuesta del Congreso a esta propuesta se consideró una medida de confianza en su administración.[41]
El 30 de septiembre de 2019, el Congreso nombró a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, desoyendo la propuesta de reforma de Vizcarra. Vizcarra consideró este nombramiento como el segundo voto de negación de confianza de facto, lo que le otorgó autoridad constitucional para disolver el Congreso. Citando meses de obstrucción a las reformas anticorrupción, Vizcarra anunció la disolución del Congreso ese mismo día, declarando: «Pueblo peruano, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos».[45]
En respuesta, el Congreso se negó a reconocer las acciones de Vizcarra, declarándolo suspendido de la presidencia y nombrando a la vicepresidenta Mercedes Aráoz nueva presidenta de Perú.[46] Sin embargo, los funcionarios del gobierno afirmaron que las declaraciones del Congreso eran nulas, ya que el órgano legislativo ya se había disuelto oficialmente. Las protestas públicas estallaron frente al Palacio Legislativo, con manifestantes que exigían la destitución de los legisladores. Los jefes de las Fuerzas Armadas de Perú afirmaron su apoyo a Vizcarra, reconociéndolo como presidente legítimo y comandante en jefe.[47]
En respuesta a las acciones de Vizcarra, los medios de comunicación de Perú iniciaron una campaña de alarmismo, argumentando que los candidatos políticos de izquierda serían elegidos en las elecciones parlamentarias e intentarían redactar una nueva constitución.[48]
En enero de 2020, el Tribunal Constitucional de Perú confirmó la decisión del presidente Vizcarra de disolver el Congreso, con un ajustado fallo de cuatro jueces a favor y tres en contra. Posteriormente, el 26 de enero de 2020, se celebraron elecciones legislativas para sustituir al Congreso disuelto. Las elecciones dieron como resultado la sustitución de la anterior mayoría fujimorista por una serie de partidos centristas.[5]
A pesar del cambio en la composición, los analistas Diego Pereira y Lucila Barbeito de JP Morgan Chase observaron que el nuevo Congreso parecía «aún más antagónico al gobierno [de Vizcarra] que el anterior».[49] Según Americas Quarterly, varios partidos de derecha en la nueva legislatura —específicamente Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Acción Popular y Unión por el Perú— se opusieron a las reformas anticorrupción propuestas por Vizcarra. Estas reformas se centraron en la financiación de campañas, la transparencia política y la prohibición de que personas condenadas ocupen cargos públicos, todo lo cual se enfrentó a una importante resistencia por parte de estos partidos.[50]
El gobierno de Vizcarra respondió rápidamente a la pandemia de COVID-19, aplicando medidas de confinamiento cinco días después del primer caso confirmado en Perú.[51] Estas medidas incluían intervenciones económicas para ayudar a los ciudadanos más pobres del país durante la cuarentena. Sin embargo, la numerosa mano de obra informal y el limitado sistema de seguridad social de Perú plantearon dificultades, ya que muchos ciudadanos no podían permitirse dejar de trabajar.[52]
Antes de la pandemia, la infraestructura sanitaria de Perú estaba subdesarrollada.[52] Desde 2024, el país registraba uno de los mayores números de casos de COVID-19 por millón en todo el mundo, con aproximadamente 6.482 muertes.[53] Los expertos en salud atribuyeron la gravedad del brote a las condiciones socioeconómicas existentes y al estado de la sanidad pública.[52] Las condiciones de hacinamiento afectaban a casi un tercio de la población, mientras que el 72 % de los trabajadores tenían empleos informales, lo que hacía del trabajo diario una necesidad. Además, muchos peruanos se vieron obligados a visitar con frecuencia los mercados debido a la escasa posesión de frigoríficos (49 % de los hogares), y los bancos también se abarrotaron, ya que los ciudadanos sin cuenta cobraban los estímulos en persona.[52]
Para frenar la propagación del virus, el gobierno puso en marcha un confinamiento nacional a partir del 15 de marzo de 2020, cerrando todos los negocios excepto los servicios esenciales, como farmacias, vendedores de alimentos, instituciones financieras y centros de salud. Sin embargo, el sector sanitario privado de Perú fue criticado por su falta de regulación, ya que las empresas privadas controlaban los seguros, los servicios sanitarios y la venta de suministros médicos, a menudo sin control de precios.[52] La escasez de oxígeno médico agravó la crisis, derivada de una práctica arraigada de producir oxígeno a una concentración superior a las normas internacionales, una política que había beneficiado principalmente a los fabricantes privados. Esta norma sólo se anuló durante la crisis del oxígeno.[52]
La pandemia tuvo graves consecuencias económicas para Perú. En el segundo trimestre de 2020, el producto interior bruto (PIB) del país disminuyó un 30,2 %, la caída más pronunciada entre las principales economías mundiales.[49] Las pequeñas empresas de servicios, una parte importante de la economía peruana, quebraron, y el desempleo aumentó un 40 %. En respuesta, el gobierno aprobó 128.000 millones de PEN (35.800 millones de USD) en desgravaciones fiscales y préstamos a bajo interés para mitigar un mayor declive económico.[49]
Los procesos de destitución del presidente Vizcarra habrían sido impulsados por Antauro Humala, líder del partido Unión por el Perú (UPP).[54][55] Humala, que cumplía una condena de 19 años de prisión por su participación en el levantamiento de Andahuaylazo de 2005 contra el presidente Alejandro Toledo, habría dirigido el proceso de destitución desde la cárcel. El levantamiento, que pretendía derrocar a Toledo, se saldó con la muerte de varios policías.[54]
La influencia de Humala se ejerció principalmente a través del congresista de UPP Édgar Alarcón, que encabezó ambos procesos de destitución. Alarcón, estrecho aliado de Humala, presentó las acusaciones que iniciaron los procesos. A pesar de enfrentarse a acusaciones de malversación y ganancias monetarias ilícitas, que conllevaban una posible pena de prisión de 17 años, Alarcón estaba protegido por la inmunidad parlamentaria, lo que le permitió evitar ser procesado mientras lideraba los procesos de destitución.[54]
En medio de la recesión económica causada por la pandemia de COVID-19, el presidente Vizcarra se enfrentó a la creciente presión política de un Congreso recién inaugurado, liderado por el presidente del Congreso, Manuel Merino.[49] La mayoría del Congreso estaba formada por miembros de la oposición. A principios de 2020, se inició una investigación sobre un contrato que involucraba a Richard Cisneros, un cantante poco conocido al que se le pagaba aproximadamente 50.000 dólares por pronunciar discursos para el Ministerio de Cultura.[49] Surgieron acusaciones de que Cisneros, carente de experiencia relevante, consiguió los pagos a través de contactos dentro del Palacio de Gobierno. El 1 de junio de 2020, los investigadores registraron las oficinas gubernamentales en relación con las presuntas irregularidades.
Según IDL-Reporteros, el legislador opositor Édgar Alarcón, quien a su vez estaba siendo investigado por corrupción, recibió grabaciones de audio de la lobista Karelim López.[56] El 10 de septiembre de 2020, Alarcón dio a conocer estas grabaciones, acusando a Vizcarra de «incapacidad moral». El audio supuestamente contenía instrucciones de Vizcarra a su personal para minimizar sus interacciones con Cisneros. Otra grabación mostraba a Cisneros afirmando haber influido en el ascenso de Vizcarra al cargo y en su decisión de disolver el Congreso.[57]
Merino, como presidente del Congreso, inició rápidamente los trámites para destituir a Vizcarra, medida que situaría a Merino en posición de asumir la presidencia. En respuesta, Vizcarra negó las acusaciones, afirmando que las grabaciones habían sido manipuladas y sacadas de contexto. Afirmó: «No voy a renunciar, yo no me corro».[58]
El 11 de septiembre de 2020, el Congreso votó 65-36, con 24 abstenciones, para iniciar el proceso de destitución contra Vizcarra por «incapacidad moral». La votación superó los 52 votos necesarios para iniciar el proceso. Sin embargo, el apoyo a la destitución disminuyó después de que surgieran informes de que Merino se había puesto en contacto con las fuerzas armadas peruanas en busca de apoyo y, al parecer, estaba formando un nuevo gabinete.[58]
Vizcarra compareció ante el Congreso el 18 de septiembre de 2020 para defenderse, pronunciando un discurso de 20 minutos.[59] Tras un debate de 10 horas, el Congreso votó en contra de la destitución, con 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones. La oposición no alcanzó los 87 votos necesarios para destituir a Vizcarra. De haber prosperado, Merino habría asumido la presidencia hasta el final del mandato, en julio de 2021.
En noviembre de 2020, el presidente Martín Vizcarra se enfrentó a un segundo proceso de destitución iniciado por legisladores de nueve partidos de la oposición. Los cargos contra Vizcarra incluían acusaciones de corrupción y mala gestión de la pandemia de COVID-19.[60] En concreto, se le acusó de aceptar sobornos de empresas que obtuvieron contratos para proyectos de obras públicas, incluidos un hospital y un proyecto de irrigación, durante su mandato como gobernador del departamento de Moquegua.[60]
El 9 de noviembre de 2020, el Congreso peruano votó a favor de la destitución de Vizcarra, con 105 miembros votando a favor de la destitución, superando los 87 votos necesarios. Vizcarra rechazó las acusaciones por considerarlas infundadas y falsas, pero aceptó la decisión del Congreso y afirmó que no emprendería acciones legales contra el fallo.[61]
La destitución de Vizcarra fue considerada por muchos como un golpe de Estado.[62][63][64] Se sugiere que los audios sobre presuntos sobornos fueron influenciados y promovidos por el fiscal Germán Juárez Atoche, con la colaboración de empleados de Obrainsa, una compañía en Moquegua.[65] Un editorial de La República en 2020 indicó que las filtraciones regulares y la adopción de su contenido por políticos que apoyaban la destitución, así como el cambio de actitud de abogados hacia los fiscales previamente criticados, ofrecían una respuesta a quienes cuestionaban estos eventos. Según el editorial, esto demostraba que no existe un golpe de Estado perfecto.[65]
Tras la destitución de Vizcarra, estallaron protestas a gran escala en todo Perú, y muchos ciudadanos se opusieron a su destitución.[66] Manuel Merino, que sucedió a Vizcarra en la presidencia el 10 de noviembre de 2020, se enfrentó al descontento generalizado de la población y dimitió cinco días después, el 15 de noviembre.[67] Posteriormente, Francisco Sagasti fue elegido presidente del Congreso el 16 de noviembre y asumió la presidencia de Perú al día siguiente, 17 de noviembre, de acuerdo con la línea de sucesión del país.[68] Ambos cargos vicepresidenciales estaban vacantes en ese momento, ya que Vizcarra no había nombrado a un sucesor tras su renuncia a la vicepresidencia en 2018, y Mercedes Aráoz renunció al cargo en mayo de 2020.
Tras la toma de posesión de Martín Vizcarra como presidente, algunos peruanos protestaron contra el gobierno, pidiendo la destitución de todos los políticos.[69] Sin embargo, una encuesta de Ipsos en abril de 2018 informó que Vizcarra tenía un índice de aprobación del 57 %, con un 13 % de desaprobación y alrededor del 30 % de los encuestados indecisos.[70] En mayo de 2018, su índice de aprobación había disminuido a 52 %, según otra encuesta de Ipsos.[71]
En septiembre de 2018, después de que Vizcarra convocara un referéndum nacional, miles de peruanos se manifestaron en apoyo de su propuesta y en oposición al Congreso.[72] Posteriormente, su índice de aprobación alcanzó un máximo del 66 % en diciembre de 2018, según informó Ipsos. Sin embargo, su popularidad comenzó a disminuir en 2019, con su índice de aprobación cayendo al 44 % en abril de 2019, mientras que el 45 % de los encuestados desaprobaba su presidencia. Las encuestas indicaron que la aprobación de Vizcarra fue mayor entre los encuestados de ingresos altos en comparación con los de ingresos más bajos.
A pesar de estas fluctuaciones, la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso en septiembre de 2019 impulsó significativamente su popularidad.[73]The Washington Post lo describió como «un presidente inesperadamente popular», ya que emprendió esfuerzos para abordar la corrupción generalizada en el país.[41] Tras la disolución, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mostró que su índice de aprobación subió de aproximadamente 40 % a 75 %, con 76 % de los encuestados reconociéndolo como el presidente constitucional de Perú.[74] Otra encuesta de CPI informó de que el 85,1 % aprobaba a Vizcarra, y el 89,1 % lo reconocía como jefe de Estado legítimo.[75]
Durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, los índices de aprobación de Vizcarra aumentaron aún más, alcanzando el 87% en marzo de 2020, aunque descendieron gradualmente en los meses siguientes.[76]
En noviembre de 2020, tras el segundo proceso de destitución y remoción del presidente Martín Vizcarra, una encuesta realizada por Ipsos reveló que el 88 % de los peruanos desaprobaba su destitución, mientras que sólo el 11 % expresaba su aprobación.[77] En el mes anterior de octubre de 2020, Ipsos informó que el 54 % de los encuestados aprobaba la presidencia de Vizcarra, mientras que el 41 % la desaprobaba.[78]
En contraste, durante el mismo periodo, el Congreso de Perú se enfrentó a una desaprobación considerable, con un 60 % de peruanos expresando su descontento con el órgano legislativo. Después de que Manuel Merino, presidente del Congreso, asumiera la presidencia tras la destitución de Vizcarra, la desaprobación pública se disparó, con un 94 % de los encuestados rechazando la presidencia de Merino.[78][79]
El 27 de noviembre de 2020, el expresidente Martín Vizcarra anunció su candidatura a un escaño en las elecciones parlamentarias peruanas de 2021, alineándose con el partido Somos Perú.[80] Esta decisión se produjo pocas semanas después de que el partido votara a favor de su destitución de la presidencia. Daniel Salaverry, candidato presidencial del partido, apoyó públicamente el ingreso de Vizcarra al partido.[80]
De haber sido elegido al Congreso, Vizcarra habría obtenido inmunidad parlamentaria, lo que podría haberlo protegido de las investigaciones en curso que contribuyeron a su destitución. Ante la preocupación de que su candidatura estuviera motivada por el deseo de evitar ser procesado, Vizcarra subrayó su compromiso con la reforma de la inmunidad parlamentaria. Afirmó: «Una de las banderas que yo voy a llevar en este proceso electoral, a ser cumplidas en el Congreso de ser electo, es precisamente reformar totalmente el concepto de inmunidad parlamentaria. No puede ser que el Congreso de la República haya usado la inmunidad parlamentaria como impunidad parlamentaria».[81]
Vizcarra ganó las elecciones al Congreso y se convirtió en el candidato más votado a escala nacional.[82] Sin embargo, a pesar de su éxito electoral, posteriormente fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por decisión del Congreso peruano.
En febrero de 2021 estalló el escándalo conocido como «vacunagate», en el que se reveló que en octubre de 2020 Vizcarra, junto a su familia y amigos, fue vacunado con la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm antes de que esta pudiera llegar al público peruano.[83] La revelación desató polémica, pues en ese momento el gobierno de Vizcarra dijo que aún no había negociaciones respecto a la vacuna contra la COVID-19. El 16 de abril de 2021, el Congreso de Perú decidió, por 86 votos a favor y 0 en contra, inhabilitar a Vizcarra para ejercer cargos públicos durante un periodo de diez años. Fue declarado culpable de tráfico de influencias, colusión y declaraciones falsas.[84]
Tras el escándalo del Vacunagate diversos congresistas formularon denuncias constitucionales contra el expresidente Vizcarra por Infracciones a la Constitución y por diversos delitos en los que habría incurrido. El 1 de marzo de 2021, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe hecho por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre las denuncias.
El día 31 de marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debatió el informe final que recomienda la inhabilitación de los altos funcionarios y aprobó el documento con 15 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. El día 3 de abril Vizcarra fue citado a la sesión de la Comisión Permanente del día 8 de abril, fecha en la que el expresidente ejerció su defensa ante dicha Comisión. Luego de dos horas de debate, la Comisión Permanente aprobó la acusación constitucional contra Vizcarra, Mazzetti y Astete por las infracciones constitucionales.
El día 16 de abril, se llevó a cabo la sesión del Pleno del Congreso de la República. La defensa de Martín Vizcarra pidió la reprogramación del debate para otra fecha; sin embargo, la Mesa Directiva y el Pleno del Congreso calificaron la inasistencia como injustificada. El Pleno del Congreso, sin la participación de los miembros de la Comisión Permanente, inhabilitó al expresidente de la República Martín Vizcarra por 10 años. La decisión obtuvo 86 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. La defensa del expresidente Vizcarra argumentó que habría vulneraciones al debido proceso.
En 2024, el Poder Judicial ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años que le impuso el Congreso a Vizcarra;[85][86][87] en respuesta, el expresidente anunció que acudirá al Tribunal Constitucional o a la CIDH para buscar revertir la inhabilitación, por ser arbitraria y sin tener pruebas sustanciales.[88][89][90][91][92]
El 12 de marzo, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Martín Vizcarra. Ello, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.[93] La audiencia fue programada para el día 17 de marzo,[94] donde la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, luego de escuchar ambos fundamentos por parte de la fiscalía y de la defensa de Vizcarra, se rechazó[95] el pedido de prisión preventiva y se impuso comparecencia con restricciones.[96] El 16 de diciembre la Fiscalía de Perú solicitó 15 años de prisión.[97]
En mayo de 2022, tras una supuesta filtración de mensajes de texto de infidelidad ocurrida en una investigación de la fiscalía peruana, que Vizcarra negó públicamente,[98] se liberó la canción «Mi bebito fiu fiu», perteneciente al productor peruano Tito Silva Music. Esta parodia musical fue tendencia a nivel nacional e internacional,[99][100] y elemento recurrente en programas humorísticos.[101]
Tras las elecciones legislativas de 2020 en Perú, que sustituyeron a un Congreso impopular, The Economist señaló que el presidente Martín Vizcarra, al «defender la lucha contra la corrupción», logró la rara distinción de mantener la popularidad como presidente peruano.[5] Americas Quarterly observó igualmente que Vizcarra gozaba de un «abrumador apoyo público». Sin embargo, su falta de partido político y de aliados en el Congreso creó obstáculos a sus esfuerzos anticorrupción.
Tras sobrevivir a su primer proceso de destitución, The New York Times informó de que las medidas anticorrupción de Vizcarra le habían convertido en «uno de los presidentes recientes más populares del país», presentándole como un reformador independiente de las élites políticas corruptas de Perú.[102] Tras su eventual destitución por el Congreso, Americas Quarterly describió a Vizcarra como «uno de los presidentes más populares de su generación».[103]
Martín Vizcarra suele caracterizarse como centrista,[104] postura que atribuye a la influencia de su padre, que le inculcó la preocupación por las cuestiones sociales.[19] Vizcarra hace hincapié en su capacidad para «escuchar» y adoptar un enfoque mesurado y gradual de la gobernanza. Sus partidarios lo describen a menudo como un mediador capaz de superar las diferencias y navegar por situaciones políticas complejas.[19] Sus esfuerzos contra la corrupción, la disolución del Congreso y su impulso a las elecciones generales fueron especialmente elogiados por los partidos de izquierdas.[105][106]
Destacan las siguientes:[16]
Gran collar de la Orden El Sol del Perú (2018).[107].svg){kind=small}
Gran Cruz Especial de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos (2018).[108]
Collar de la Orden de Isabel la Católica (2019).[109]
Collar de la Orden del Infante Don Enrique (2019)._-_ribbon_bar.gif){kind=small}
Gran collar de la Orden Nacional al Mérito de Ecuador (2018).[110]_-_ribbon_bar.png){kind=small}
Orden de las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta (2014).[111][112]Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
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