Crisis política en Perú de 2021-presente
período de inestabilidad gubernativa por pugna entre el Ejecutivo y oposición del Congreso / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
La crisis política en Perú de 2021-presente se refiere al período de inestabilidad que inició durante el gobierno de Pedro Castillo en agosto de 2021 y que continúa a día de hoy. La característica fundamental de esta crisis es, inicialmente, la constante pugna entre el poder Ejecutivo y las fuerzas políticas opositoras del Congreso.[1][2][3] La crisis se fortalece con la polarización de la ciudadanía y el descontento creciente de la población a partir de las promesas de campaña entre ambos bandos.[4] Los simpatizantes más férreos al oficialismo y la oposición, según la DINI, mostraron el interés de «cierre del congreso» y «vacancia presidencial» respectivamente;[5] motivo que la CIDH llamó a «delimitar con claridad» dichos mecanismos que favorecen a cualquiera de los bandos.[6][7] Las decisiones sobre esta crisis fueron llevadas posteriormente por el Tribunal Constitucional.[8]
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Aunque es un resurgimiento de aquella crisis de 2016 a 2020, marcado por una falta de representación por las autoridades;[9] los orígenes de esta nueva etapa se remontan a los resultados de las elecciones de 2021, las cuales dieron como vencedor a Pedro Castillo, de Perú Libre, sobre Keiko Fujimori por un estrecho margen de ventaja.[10] A pesar de esta victoria, el nuevo gobierno no logró obtener mayoría en el parlamento,[11] incluso contando a sus aliados, el cual estuvo conformado en parte por una coalición de facto de partidos de derecha y una reducida cantidad de integrantes del centro;[12] a pesar de que medios como El Confidencial y periodistas como Jaime de Althaus señalan como «conservadora».[13][14][15][16] Parte de la coalición, como Fuerza Popular,[17] firmó la Carta de Madrid por iniciativa del partido español de derecha Vox,[18][19] en que denunció ante la OEA una supuesta campaña de «desestabilización contra el Perú».[20]
La confrontación de poderes que solo fue agravándose con el pasar del tiempo, y, a diferencia de la crisis anterior, el punto ideológico se convirtió en una de las causas de los enfrentamientos así como la corrupción gubernamental durante el mandato de Castillo, en que ambos bandos tuvieron poca participación en el diálogo.[21][22][23] Esta crisis ha sido descrita como una crisis moral, sistémica, política, de representación y de gobernabilidad.[24][25][26] Sin embargo, a pesar de que algunos congresistas del oficialismo se negaron en votar su destitución, una fracción se inclinó notablemente a favor de su definitiva vacancia, pese al simultáneo intento de autogolpe.[27] A los enfrentamientos del Congreso, también incluyó las medidas del Poder Judicial para dilatar el plazo de toma de decisiones (como la ocurrida en julio del 2021), que fueron suspendidas tras dar la razón del Tribunal Constitucional al ente legislativo.[28]
Tras la destitución de Castillo y la consiguiente convulsión social, el Congreso consolidó su posición de poder. La encuesta El poder en el Perú identificó al Congreso como la institución con mayor influencia,[29] y el propio presidente Alejandro Soto lo calificó como «el primer poder del Estado».[30] A pesar de los escándalos de abuso que enfrentaba,[31] el Congreso continuó concentrando su poder por encima de otras instituciones estatales en un intento por evitar el cuestionamiento de nuevos opositores. Esta concentración de poder encontró escasa resistencia por parte de la presidenta sucesora Dina Boluarte,[32] así como de los representantes de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.[33] En mayo de 2023, una mayoría de parlamentarios propusieron nombrar a un procurador propio, independiente de la Procuraduría General.[34]
Además, el poder legislativo formuló acusaciones constitucionales contra los órganos electorales.[35][36] En estas acusaciones, se sugirió reducir el mandato del máximo representante de uno de los órganos electorales[37] y también se planteó la posibilidad de un juicio político contra estos representantes.[38] A finales de 2023, la Fiscalía se enfrentó al Ejecutivo después de la revelación de conversaciones con congresistas que evidenciaban un conflicto de intereses.[39][40][41][42] La Fiscalía respondió a esta situación presentando contra el gobierno de Boluarte una denuncia por las muertes ocurridas durante la convulsión social.[39]