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Terrorismo documental es un neologismo que hace referencia al uso de falsas cargas de la propiedad, demandas judiciales frívolas, cartas de crédito falsas y otros documentos legales carentes de sustento real legítimo como formas de agresión, especialmente contra personal de la administración pública.[1] El uso de dichos métodos está en boga entre algunos colectivos de ideología antigubernamental[2] y aquellos que están asociados al movimiento prorredentista.[3] Mark Pitcavage, de la Liga Antidifamación afirma que tales métodos fueron introducidos por Posse Comitatus.[4] Algunas víctimas del terrorismo documental se han visto obligadas a declararse en bancarrota.[5] Un artículo de Southern Poverty Law Center afirma que existe otra táctica que consiste en rellenar informes que, elevados a la Administración Tributaria de Estados Unidos, acusan a sus enemigos políticos de tener ingresos no declarados.[6] Demandas judiciales frívolas como esas también obstruyen los tribunales, dificultando que se ocupen de otros casos como los que van contra los títulos de propiedades de funcionarios y otros.[7] Otra forma de terrorismo documental es cursar solicitudes de quiebra contra terceros con el fin de afectar negativamente a su calificación creditícia.[8]
A principios de los años 2000 "Republic of Texas" (República de Texas), una organización paramilitar que sostiene que Texas es legalmente independiente, llevó a cabo lo que denominó "una campaña de terrorismo documental" por medio de reclamaciones de terrenos y cheques falsos con el propósito de colapsar los tribunales de Texas.[9]
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