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Salvador Victoria Bolívar (Madrid, 26 de noviembre de 1968) es un político español, consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, entre 2012 y 2015, cuando dimitió tras ser imputado por el juez en la Operación Púnica.[1] Es miembro del Partido Popular, donde es el Presidente del Comité Electoral del Partido Popular de Madrid.[3]
| Salvador Victoria | ||
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 Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad de Madrid | ||
| 29 de septiembre de 2012-8 de junio de 2015[1] | ||
| Presidente | Ignacio González | |
| Predecesor |
Regina Plañiol (Presidencia y Justicia) Ignacio González (Portavoz) | |
| Sucesor |
Ángel Garrido (Interinamente, Javier Hernández Martínez) | |
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Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid | ||
| 17 de junio de 2011-29 de septiembre de 2012 | ||
| Presidente | Esperanza Aguirre | |
| Predecesor | Engracia Hidalgo | |
| Sucesor | Jesús Fermosel | |
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.svg){kind=small} Diputado de la Asamblea de Madrid | ||
| 2009-2015 | ||
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| Información personal | ||
| Nacimiento |
26 de noviembre de 1968 (56 años) Madrid | |
| Nacionalidad | Española | |
| Familia | ||
| Cónyuge | Mayte Jiménez[2] | |
| Educación | ||
| Educado en | Universidad Complutense de Madrid | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Político, abogado | |
| Partido político | Partido Popular | |
Nació en Madrid, está casado y tiene dos hijos. Estudió en el instituto público San Isidro de Madrid antes de obtener su licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1991. Es abogado colegiado en Madrid desde 1992. Experto en Derecho Comunitario por el Consejo General del Poder Judicial, obtuvo en 1997 el puesto número uno en las oposiciones al cuerpo de Letrados de la Comunidad de Madrid. Al año siguiente fue nombrado letrado jefe del Servicio Jurídico Central.
En 2003 obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo tras superar los cursos de doctorado.
Actividad política
En el año 2000 fue nombrado asesor parlamentario del Ministro de Justicia, puesto que dejó en 2003 para ocupar la Secretaría General Técnica del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Desde ese año y hasta las elecciones autonómicas de 2011 fue viceconsejero de Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid y secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Entre 2004 y 2011 presidió la Comisión de Coordinación de la Sociedad de la información y el Conocimiento, y entre 2006 y 2011 fue Secretario de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.
Fue diputado de la Asamblea de Madrid desde 2009 hasta 2015. En junio de 2011 fue nombrado consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.[4][5][6] En septiembre de 2012 cambió de cartera, siendo nombrado consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno por el nuevo presidente del gobierno madrileño, Ignacio González.[7][8]
Presidente del Comité Jurídico del Partido Popular madrileño desde 2008, en el XV Congreso regional del partido, celebrado en abril de 2012, es nombrado Presidente del Comité Electoral.[9][10]
Según el diario El País, uno de los imputados en la operación Púnica habría indicado al juez Eloy Velasco que Victoria ordenó pedir a la empresa Indra que saldase una deuda de la Comunidad de Madrid por importe de 10 000 euros con otro de los detenidos en esa operación.[11] Tanto el consejero[12] como la propia Comunidad de Madrid desmintieron tajantemente[13] que tuvieran relación alguna con la trama, e indicaron que la información periodística no había sido contrastada y omitía las actuaciones posteriores del juez. El 4 de junio de 2015 anunció su dimisión como consejero de Presidencia del gobierno de la Comunidad de Madrid, al tiempo que la consejera de Educación Lucía Figar, tras ser imputado por estos contratos. La dimisión debía servir para "facilitar el pacto" entre PP y Ciudadanos para gobernar en la Comunidad de Madrid.[14] El 8 de junio su cese fue anunciado por el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid,[15] y fue anunciado su sucesor, Javier Hernández Martínez, hasta ese momento viceconsejero de Presidencia e Interior.
Posteriormente, en junio de 2017, fue también imputado por el juez Manuel García-Castellón,[16] titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, que dirige el caso Púnica por hacer una presunta petición a la empresa Indra de que pagara los gastos de lavado de imagen del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González después de las informaciones publicadas sobre la financiación irregular de la compra de un ático en Marbella por parte de González.
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