Ley Orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana (1992)

La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana fue una Ley Orgánica de España publicada en el Boletín Oficial del Estado el 21 de febrero de 1992 y vigente entre el 13 de marzo de 1992 y el 1 de julio de 2015.^[1] Fue derogada por el número 1 de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana el 1 de julio de 2015.^[1]

Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
Extensión teritorial	España España
Legislado por	Cortes Generales
Referencia del diario oficial	BOE-A-1992-4252
Historia
Publicación	22 de febrero de 1992
Entrada en vigor	13 de marzo de 1992
Legislación relacionada
Reemplaza	Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre protección de la seguridad ciudadana. Real Decreto-ley 6/1977, de 25 de enero, por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Orden Público. Ley 36/1971, de 21 de julio, sobre modificación de determinados artículos de la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959. Ley 45/1959, de 30 de julio, de Orden Público. Artículo 7.5 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Derogada por	Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
Legislación derogada
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Es conocida como Ley Corcuera, por haber sido aprobada durante el mandato de José Luis Corcuera como titular del Ministerio del Interior en el gobierno del PSOE, y como Ley de la patada en la puerta, porque facultaba a las fuerzas del orden a entrar en un domicilio en el que se tuviese "fundado conocimiento" de que se estuviera cometiendo un delito relacionado con el tráfico de drogas, sin necesidad de orden o autorización judicial,^[2] aunque esta disposición fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en diciembre de 1993 y como tal anulada.^[3]

Protesta contra la llamada Ley Corcuera

En 2015 fue sustituida por una nueva ley de seguridad ciudadana, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, aprobada exclusivamente con los votos del Partido Popular y que el resto de grupos parlamentarios calificaron de ley mordaza.^[4][5]

Historia

Antecedentes

• Ley de represión de la masonería y el comunismo, 1940.
• Ley de Vagos y Maleantes, 1933, modificada en 1954.
• Fue aprobada para completar el proceso de derogación de la Ley 45/1959 de Orden Público, tan emblemática del régimen político anterior, como expresamente se dice en la Exposición de Motivos de la Ley que la vino a sustituir.^[6]

Recursos de inconstitucionalidad

Contra ella fueron presentados diversos recursos de inconstitucionalidad que fueron resueltos por la Sentencia 341/1993, de 18 de noviembre de 1993, del Tribunal Constitucional.^[3] La mayoría de los recursos fueron desestimados por el tribunal, a excepción de dos que fueron admitidos de forma parcial y en consecuencia el Tribunal Constitucional declaró nulos el artículo 21, número 2^[a] y el inciso final del artículo 26 J).^[3][b]

Notas

1. El artículo 21, número 2, derogado en su totalidad, decía lo siguiente:«A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito».^[7]
2. El artículo 26 J), decía lo siguiente: «Constituyen infracciones leves de la seguridad ciudadana: J) Todas aquellas que, no estando calificadas como graves o muy graves, constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana, en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas».^[7] En este caso, el Tribunal Constitucional únicamente declaró inconstitucional el inciso «en las reglamentaciones específicas o en las normas de policía dictadas en ejecución de las mismas».

Véase también

• Ley orgánica
• Seguridad ciudadana
• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

Referencias

1. «Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (Vigente hasta el 1 de julio de 2015).». Noticias Jurídicas. Consultado el 29 de marzo de 2016.
2. «Enrique Dans - Patada en la puerta». Libertad Digital. Consultado el 29 de marzo de 2016.
3. «Sentencia 341/1993, de 18 de diciembre de 1993. Recursos de inconstitucionalidad.». BOE. 10 de diciembre de 1993. Archivado desde el original el 16 de diciembre de 2011. Consultado el 29 de marzo de 2016.
4. "Cientos de personas se manifiestan en Madrid contra la 'ley mordaza'", El País, 1 de julio de 2015.
5. «Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.». BOE (77). 31 de marzo de 2015.
6. legal15m. «Análisis de algunos aspectos de la Ley 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana relacionados con el ejercicio del Derecho de reunión». Consultado el 29 de marzo de 2016.
7. «Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.». Boletín Oficial del Estado. 22 de febrero de 1992. Consultado el 30 de mayo de 2017.

Enlaces externos

• Publicación en el BOE
• Texto legislativo completo en la web "Noticias Jurídicas"
• "Breve Guía de Urgencia para procedimientos sancionadores tramitados al amparo de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana" de Legal Sol
• Análisis de algunos aspectos de la Ley 1/1992 sobre Protección de la Seguridad Ciudadana relacionados con el ejercicio del Derecho de reunión (Legal Sol, 3 de mayo de 2012)

• Datos: Q17619779