El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, por su acrónimo) es un órgano constitucional autónomo de México encargado del cumplimiento de dos derechos fundamentales: el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Para ello, sus funciones incluyen: poner a disposición de la ciudadanía todo dato de la administración pública realizada por cualquier funcionario y ente gubernamental, así como personas morales o físicas que ejerzan recursos económicos o de autoridad por parte del Estado mexicano (siempre y cuando no este restringido por la ley en el concepto de «información reservada»); vigilar que todo proceso de registro o documentación administrativo, civil y económico se apegue a los principios que salvaguardan la identidad de los beneficiarios y usuarios de lo antes mencionado.[2][3]
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) | ||||
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INAI | ||||
Localización | ||||
País |
![]() | |||
Información general | ||||
Sigla | INAI | |||
Tipo | Órgano constitucional autónomo | |||
Sede |
Insurgentes Sur 3211 Colonia Insurgentes Copilco, Coyoacán, Ciudad de México' | |||
Organización | ||||
Comisionado Presidente | Adrián Alcalá Méndez | |||
Comisionados |
Blanca Lilia Ibarra Cadena Josefina Román Vergara Julieta del Río Venegas Adrián Alcalá Méndez | |||
Presupuesto | $1,097,353,466 (Mil noventa y siete millones, trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)[1] | |||
Sucesión | ||||
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Sitio web oficial | ||||
El organismo fue constituido en mayo de 2014 y renombrado en 2015, al sustituir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).[4]
Antecedentes
El Grupo Oaxaca
La constitución del Grupo Oaxaca fue el parte aguas que impulso “el derecho a saber” (derecho de acceso a la información pública) en México, con la redacción de la previsión constitucional de 1977 por Rodolfo Duarte, entonces director jurídico de la Segob (cuando Don Jesús Reyes Heroles fuera el secretario), y su difusor más destacado fue Luis Javier Solana, en ese tiempo director de El Universal.
Se reunieron en la ciudad de Oaxaca, en 2001, durante un seminario de un grupo de académicos y activistas de la libertad de expresión de los principales medios de difusión impresa, donde Ginger Thompson lo bautizó como Grupo Oaxaca y, al término de ese encuentro, se aprobó un decálogo de acciones para conseguir un reto que no fue sencillo de alcanzar.
En la Declaración de Oaxaca se establecieron varios puntos que sirvieron de hoja de ruta para el Grupo Oaxaca, cuyo nombre se socializó a partir de la publicación de una nota periodística de Ginger Thompson, corresponsal en México del periódico The New York Times, donde reseñaba la realización del seminario “Derecho a la Información y Reforma Democrática”, así como la Declaración de Oaxaca, suscrita por académicos, editores y organizaciones de la sociedad civil. Además, destacaba que la particularidad del grupo radicaba en las diferentes tendencias ideológicas de los académicos, de las organizaciones y periódicos que lo integraban, así como en la amplia gama de perfiles, bagaje intelectual y experiencia en áreas relacionadas con la libertad de expresión y de información y en especial con el derecho de acceso a la información pública.
Al concluir el seminario se integró una comisión técnica que se dio a la tarea de promover el tema. Más tarde, cuando las circunstancias lo hicieron necesario, esta comisión redactó una iniciativa ciudadana de ley federal de acceso a la información. Cuatro meses después del seminario, el 30 de septiembre, en el contexto de la presentación de la iniciativa de ley por parte del gobierno federal, el Grupo Oaxaca dio a conocer el Decálogo del Derecho a la Información en el que se recogían los aspectos mínimos que debería contener una ley de acceso a la información: El derecho a la información es un derecho humano universal; la información pública pertenece a las personas; máxima apertura de los poderes del Estado; obligación de publicar y entregar la información que posee el Estado; procedimientos ágiles, sencillos y a costos mínimos; mínimas excepciones a la norma; organismo autónomo para promover la apertura y resolver controversias; consistencia jurídica y promoción del federalismo.
Proyecto de Ley
El Grupo Oaxaca presentó su proyecto de ley el 6 de diciembre de 2001 a la Cámara de Diputados con el apoyo de diversas fracciones parlamentarias. La iniciativa de ley ciudadana se posicionó de inmediato en la agenda nacional, lo que obligó al gobierno, encabezado por el presidente Vicente Fox, a proponer un ejercicio de diálogo y negociación con el objetivo de formular un proyecto unificado que fuese el resultado de las coincidencias entre la iniciativa ciudadana y la iniciativa oficial. El diálogo fue protagonizado por representantes del Grupo Oaxaca y del gobierno federal en la Cámara de Diputados.
El Grupo Oaxaca transitó un camino inédito y articuló un movimiento social que influyó en la elaboración de una ley reglamentaria que cambió los térmi- nos de la relación entre los poderes públicos y las personas, respecto de la posesión de la información pública. Al incidir de manera directa en el trabajo legislativo, podría decirse que estableció el primer precedente moderno de una de las vertientes de lo que hoy se denomina parlamento abierto.
En junio de 2002, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). A un año de su publicación, el 12 de junio de 2003, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). Con esos hitos se inició el largo proceso de materialización de los objetivos que se propuso el Grupo Oaxaca.
La coalición social que articuló el Grupo Oaxaca se disgregó una vez que consiguió sus objetivos fundamentales, pero sus aportaciones siguen marcando la agenda de la vida política e institucional de México. De manera individual, cada uno de los que integraron la comisión técnica del Grupo Oaxaca ha contribuido al fortalecimiento del andamiaje legal e institucional que se ha creado para tutelar, de manera efectiva, el derecho de acceso a la información en el país.
Los integrantes del núcleo del Grupo Oaxaca son, a partir de entonces, los que figuraron con voz y representación directa ante la sociedad civil, frente al gobierno federal del presidente Vicente Fox y en activismo fecundo en el Congreso de la Unión, donde consiguieron que la oposición “los adoptara” (como lo dijo en el evento el presidente del Senado, Martí Batres, que coordinaba al PRD, y Beatriz Paredes, del PRI, en la Cámara de Diputados.
Como no prosperaba una iniciativa de ley adecuada (sin desconocer la de la autoría del diputado Miguel Barbosa) en el Senado, el respaldo de Diego Fernández de Cevallos y las presidentas, del PRD, Amalia García, y del PRI, Dulce María Sauri Riancho, fue fundamental.
El Grupo Oaxaca mereció una oportunidad extraordinaria, redactar un anteproyecto y “negociarlo” en San Lázaro, y luego en Xicoténcatl, para finalmente implementar la Ley Federal de Transparencia Pública Gubernamental aprobada en 2002, vigente en 2003.
Integrantes del Grupo Oaxaca
El núcleo del Grupo Oaxaca, por orden alfabético, es: Juan Francisco Escobedo Delgado (Universidad Iberoamericana); Jorge Islas López (UNAM); Issa Luna Pla (IIJ-UNAM); Salvador O. Nava Gomar (Universidad Anáhuac México Sur); Roberto Rock Lechón (entonces director de El Universal); Luis Ernesto Salomón (de El Informador Jalisco), el periodista Miguel Treviño de hoyos (de El Norte, Nuevo León, y el periódico Reforma), el periodista Jenaro Villamil (representante de La Jornada) y el investigador Ernesto Villanueva.
Otro ángulo de acción vino en la exploración académica que se generó exprofeso con el laboratorio de investigación que fundó Ernesto Villanueva en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y proseguido desde el IIJ-UNAM, acompañado de Vanesa Díaz (quien se doctoró en Australia ), FIDAC y LIMAC, otro fruto de esa pléyade: los doctorados de Issa Luna Pla, Rossana Fuentes Berain y Dora Angélica de la Rocha (primera titular del organismo garante de ese estado). De esas generaciones con estudios doctorales en universidades nacionales y complemento mediante estudios de investigación o cursos en Sinaloa, recuerdo a Beatriz Solís Leare, Agustín Pineda, Gerardo Albarrán, Fidela Navarro y Rodrigo Santiesteban.
En el primer semestre de 2010, el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, lo cual amplió sustancialmente las facultades, atribuciones y responsabilidades del Instituto, al ser considerado como autoridad nacional en la materia. Asimismo, modificó su nombre al de "Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos". A partir de julio del mismo año, el IFAI inició un proceso de reestructuración y capacitación tanto de su personal como de todos aquellos sujetos, físicos o morales, poseedores de una base de datos, el cual concluirá en enero de 2012, fecha en la que el derecho de las personas a ser protegidas en sus datos tendrá plena vigencia.
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 2003 - 2014
Organización y reglamento
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un organismo independiente, con personalidad jurídica y patrimonio propios,[5] con domicilio legal en la Ciudad de México.
Pleno
Su órgano máximo de dirección es el Pleno, integrado por siete comisionados, electos mediante convocatoria del Senado de la República. Los miembros del pleno durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
El Comisionado Presidente es elegido mediante voto secreto por los integrantes del pleno. Este ejerce la representación legal del Instituto y constituye el enlace entre el órgano de dirección y la estructura ejecutiva del INAI, con el fin de coordinar la ejecución y el desarrollo de las políticas y los programas institucionales.[6][7]
Las actividades del Órgano de Gobierno del INAI se encuentran reguladas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento, así como por el Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. El Órgano de Gobierno se reúne con la periodicidad que las propias funciones administrativas del INAI le demanden. Por disposición legal, no podrá ser menor a cuatro veces al año.
A continuación se presenta la integración del pleno del INAI desde 2014:
Cargo | Comisionado | Inicio | Final | |
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Comisionada | Areli Cano Guadiana | 14 de mayo de 2014 | 31 de marzo de 2018 | |
Comisionada Presidenta (2014-2017) | Ximena Puente de la Mora | 14 de mayo de 2014 | 18 de marzo de 2018 | |
Comisionada | Patricia Kurczyn Villalobos | 14 de mayo de 2014 | 31 de marzo de 2020 | |
Comisionado | Joel Salas Suárez | 14 de mayo de 2014 | 31 de marzo de 2020 | |
Comisionado | Óscar Guerra Ford | 14 de mayo de 2014 | 31 de marzo de 2022 | |
Comisionado | Rosendoevgueni Monterrey Chepov | 14 de mayo de 2014 | 31 de marzo de 2022 | |
Comisionado Presidente (2017-2020) | Francisco Javier Acuña Llamas[lower-alpha 1] | 14 de mayo de 2014 | 31 de marzo de 2023 | |
Comisionado | Carlos Alberto Bonnin Erales | 26 de abril de 2018 | 26 de noviembre de 2018 | |
Comisionada Presidenta (2020-2023) | Blanca Lilia Ibarra Cadena[lower-alpha 2] | 26 de abril de 2018 | En el cargo | |
Comisionada | Josefina Román Vergara[lower-alpha 3] | 10 de abril de 2019 | En el cargo | |
Comisionada | Julieta del Río Venegas[lower-alpha 4] | 29 de octubre de 2020 | En el cargo | |
Comisionado Presidente (Desde 2023) | Adrián Alcalá Méndez[lower-alpha 5] | 29 de octubre de 2020 | En el cargo | |
Vacante | ||||
Vacante | ||||
Fuente:[8][9][10][11][12][13] |
Pleno del IFAI (2002 - 2014)
Comisionado | Inicio | Final | Designado por | |
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Comisionado | Horacio Aguilar Álvarez de Alba | 12 de septiembre de 2002 | 5 de enero de 2007** | Vicente Fox Quesada |
Comisionado | Juan Pablo Guerrero Amparán | 12 de septiembre de 2002 | 11 de septiembre de 2009 | |
Comisionado | Alonso Gómez-Robledo Verduzco | 12 de septiembre de 2002 | 11 de septiembre de 2009 | |
Comisionado | José Octavio López Presa | 12 de septiembre de 2002 | 31 de marzo de 2005 | |
Comisionada Presidenta (2002 - 2006) | María Marván Laborde | 12 de noviembre de 2002 | 11 de noviembre de 2011 | |
Comisionado Presidente (2006 - 2009) | Alonso Lujambio Irazábal | 4 de mayo de 2005 | 6 de abril de 2009 | |
Comisionada Presidenta (2009 - 2013) | Jacqueline Peschard Mariscal | 10 de enero de 2007 | 9 de enero de 2014 | Felipe Calderón Hinojosa |
Comisionado | Ángel Trinidad Zaldívar | 13 de mayo de 2009 | 7 de febrero de 2014 | |
Comisionada | María Elena Pérez-Jaén Zermeño | 24 de septiembre de 2009 | 7 de febrero de 2014 | |
Comisionada | Wanda Sigrid Arzt Colunga | 24 de septiembre de 2009 | 7 de febrero de 2014 | |
Comisionado Presidente (2013 - 2014) | Gerardo Laveaga Rendón | 12 de marzo de 2012 | 7 de febrero de 2014 | |
Fuente:[14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] |
Marco jurídico
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental reconoce y regula el derecho individual al acceso a la información de las instituciones y organismos del Estado. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 27-01-2017
Ley Federal de Protección de Datos Personales
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), publicada el 5 de julio de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Sus disposiciones son aplicables a todas las personas físicas o morales que lleven a cabo el tratamiento de datos personales en el ejercicio de sus actividades.
Facultades
Entre sus facultades está el pedir la revelación a petición expresa de un ciudadano, la cual no es necesario que se revele la identidad del peticionario.
En la ley especifica bajo que condiciones los documentos son públicos, confidenciales o temporalmente reservados para su revelación. La obligatoriedad de esta ley se aplica a los tres poderes federales, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, junto con todo organismo público aútónomo como el Instituto Federal Electoral o el Banco de México, así como aquellos dependiente de los tres poderes federales.
Las resoluciones emitidas por el INAI en materia de acceso a la información son definitivas, de acuerdo con la legislación federal.
A su vez, también tiene a su cargo el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).
En México, en el poder ejecutivo, actualmente la administración pública federal, tiene una obligación en el tema de la transparencia. Misma que es regulada por el artículo 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; la cual consiste en que hay determinada información que se debe poner a disposición del público e irse actualizando constantemente.
Resoluciones en materia de acceso a la información
Las resoluciones del Pleno del Instituto son vinculantes, definitivas e inatacables para los sujetos obligados de acuerdo al texto constitucional.[25] Ello implica que el cumplimiento de las resoluciones es obligatorio y que éstas no son impugnables o combatibles por medios administrativos o jurisdiccionales (salvo por los particulares, que pueden promover juicio de amparo en su contra); no obstante, existe una salvedad a dicho principio. La constitución ordena que el Consejero Jurídico del Gobierno (quizás en referencia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal) está facultado para interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las resoluciones del Instituto, en el caso de que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional.
Al interior del Instituto, la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F. es la unidad encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones por parte de los sujetos obligados.[26] En caso de incumplimiento, éste es denunciado ante la Secretaría de la Función Pública. En su 10° Informe de Labores al Congreso de la Unión Archivado el 8 de marzo de 2016 en Wayback Machine. (2012), el Instituto señaló en su página 70: La SFP es la autoridad competente para fincar las responsabilidades administrativas a que se hacen acreedores los servidores públicos que no den cumplimiento a las resoluciones del IFAI. Sin embargo, la SFP ha sido omisa en fincar las responsabilidades administrativas correspondientes, aun cuando la Ley es contundente al señalar que el solo incumplimiento a una resolución emitida por este Instituto es motivo de una sanción administrativa grave.
La información estadística relacionada con los cumplimientos a resoluciones y temas de responsabilidad administrativa derivados de las mismas, es publicada periódicamente por la Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la A.P.F. en el portal oficial del Instituto.
Crítica
El experto en temas de transparencia Juan Pablo Guerrero Amparán (otrora comisionado del Instituto) ha señalado que el nombramiento de los comisionados del organismo, hecho por el Senado en abril de 2014, respondió a un reparto basado en cuotas partidistas.[27]
En 2022 fueron señalados los nombramientos de dos excomisionados como Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y Secretario Ejecutivo del INAI.[28]
Controversia con el Senado
El 27 de marzo de 2023, el Pleno del INAI presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la demanda de controversia constitucional (280/2023) en contra de la omisión del Senado de la República en el nombramiento de los tres comisionados vacantes. La controversia fue aprobada por el pleno por los integrantes Blanca Lilia Ibarra, presidenta, los comisionados Julieta del Río Venegas, Josefina Román, Adrián Alcalá y el mismo comisionado saliente Francisco Acuña. [29]
En dicha controversia se solicitó que la SCJN instruya a la Cámara Alta a nombrar a los comisionados faltantes y realice una suspensión temporal del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), para que el Pleno del INAI pueda sesionar con los cuatro Comisionados que actualmente integran el pleno. La controversia recayó en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Alhf y, el 24 de abril, se notificó a este Instituto el acuerdo donde se admitió la controversia constitucional; sin embargo, la ministra negó la suspensión. Ante esta negativa, el 2 de mayo el INAI interpuso un recurso de reclamación ante la SCJN. La acción legal se solicitó, dejar sin materia el acuerdo de la ministra Loretta Ortiz que negó la suspensión.
El 13 de julio del 2023 el pleno de la SCJN rechazó por mayoría calificada de ocho votos contra tres declarar inexistente la omisión de la Cámara de Senadores de designar a dos comisionados del INAI. Luego del debate, Norma Piña, presidenta de la SCJN, declaró desechado el proyecto confeccionado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y ordenó su retorno a un integrante de la mayoría que votó en contra para elaborar la sentencia correspondiente y sus efectos, lo cual ocurrirá en el mes de agosto.[30]
Escándalo de corrupción
El 10 de enero de 2024 se dio a conocer a través del grupo de hackers activistas guacamaya documentos que involucran a la actual comisionada presidenta Olga Navarro Benavides directamente en omisiones administrativas para evadir investigaciones de ayuntamientos relacionados al Cartel Jalisco Nueva Generación. Así también se reveló que mantiene relaciones extra maritales con uno de sus capos. Actualmente los documentos solo pueden consultados mediante la deep web. La noticia mantiene un perfil bajo debido a amenazas de muerte a varios reporteros.
Futura desaparición
El 23 de agosto de 2024, la Comisión de Puntos Constitucional de la Cámara de Diputados, aprobaron el dictamen para desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este dictamen, pasará a la Mesa Directiva y luego se someterá a debate en la Cámara de Diputados.[31]
Referencias
Bibliografía
Enlaces externos
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