Legislación derogada colombiana. De Wikipedia, la enciclopedia libre
El estatuto de seguridad fue un régimen penal de seguridad promulgado y puesto en práctica el 6 de septiembre de 1978, mediante Decreto 1923 de 1978 del gobierno de Julio César Turbay Ayala de 1978 a 1982. Con este Estatuto se pretendía hacer contrapeso a los grupos insurgentes, regular y prohibir la protesta social y frenar el crecimiento de los movimientos guerrilleros. Fue parte de la Doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos.[1]
| Decreto 1923 de 1978 | ||
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| Decreto Legislativo del Estatuto de Seguridad | ||
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| Extensión teritorial | República de Colombia | |
| Hecho por | Julio César Turbay Ayala | |
| Referencia del diario oficial | Año CXV. N. 35101. 21 de septiembre de 1978. PÁG. 1. | |
| Historia | ||
| Firma | 6 de septiembre de 1978 | |
| Publicación | 21 de septiembre de 1978 | |
| Entrada en vigor | 6 de septiembre de 1978 | |
| Legislación derogada | ||
Conformado por 16 artículos que reforzaban la ley penal existente.[2]
Al Ministerio Público llegaban semanalmente denuncias por torturas en unidades militares y crecían las detenciones arbitrarias, las desapariciones sigilosas o los allanamientos sin orden judicial.[3]
En ese momento, el dirigente político del liberalismo, Luis Carlos Galán, formuló: “El Estatuto de Seguridad es simplemente una respuesta represiva a la miseria”.[4] Además fue criticado por militares retirados como el General Puyana García, jerarcas de la iglesia como monseñor Darío Castrillón.[1]
A la violación de los Derechos Humanos en Colombia, diferentes organizaciones respondieron con el Primer Foro Nacional de los DDHH en marzo de 1979 presidido por el excanciller Alfredo Vázquez Carrizosa.[5] Amnistía Internacional hizo su primera visita a Colombia en marzo de 1980. El organismo afirma que el Estatuto "conduce a violaciones de los derechos humanos" y recomienda levantarlo, y afirma que las condiciones en las que hicieron las detenciones "posibilitan o facilitan la tortura".[6]
Con el paso de los años, muchos de los procesos o atropellos cometidos en vigencia del Estatuto de Seguridad se convirtieron en casos de denuncia internacional o estudio jurídico.[3] Debió ser derogado en junio de 1982.[4]
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