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Emilio Tapia Aldana (Sahagún, 30 de octubre de 1976), conocido como "El zar de la contratación", es un convicto abogado, empresario, contratista colombiano condenado por actos de corrupción que involucran dineros públicos. Estuvo involucrado en el escándalo de corrupción en Colombia conocido como el Carrusel de la contratación.[3] En el escándalo, en contubernio con el empresario Julio Gómez, Tapia direccionó y monopolizó la millonaria contratación en el Distrito Capital de Bogotá, la capital colombiana.[3] Tapia lavaba el dinero proveniente de la corrupción en los contratos y compraba bienes usando testaferros para ocultar dineros.[4] Fue condenado a 17 años de cárcel inicialmente, sin embargo su pena fue reducida luego a 7 años que pasó tanto en prisión, detención domiciliaria, y libertad condicional hasta el 20 de septiembre de 2021 cuando fue capturado nuevamente por sus vínculos en el escándalo de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, donde presuntamente se habría intentando el robo de dineros públicos al adjudicársele un contrato que pretendía llevar internet a las escuelas rurales de Colombia y que incluía un anticipo por COP$ 70.000 millones de pesos de los cuales se recuperaron 40 mil millones de pesos en embargos a Centros Poblados[5]
| Emilio Tapia | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Emilio Tapia Aldana | |
| Nacimiento |
30 de octubre de 1976 (47 años) Sahagún, Córdoba | |
| Nacionalidad | Colombiana | |
| Familia | ||
| Cónyuge | Astrid Sofía Hoyos (2007-2012) | |
| Hijos | 1 | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Abogado, empresario, contratista. | |
| Seudónimo | "El zar de la contratación" | |
| Información criminal | ||
| Cargos criminales | "cohecho e interés indebido en la celebración de contratos".[1][2] | |
| Situación penal | Condenado a 7 años y 5 meses de prisión. | |
Tapia contrajo matrimonio en enero de 2007 con Astrid Sofía Hoyos.[3] De esta unión nació en 2010 una hija, en el estado de Florida, Estados Unidos.[3]
Tapia y Hoyos se divorciaron en 2012.[3]
Previo al escándalo Emilio Tapia era un abogado, que había laborado como funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU). Pese a que estos empleos no aportan para darse una vida de lujo, Tapia era visto portando un reloj de lujo -valuado en USD$ 45.000 dólares- que decía ser prestado, y lo mismo con el uso de dos camionetas blindadas.[3] Tapia estaba lavando dinero a políticos y contratistas involucrados en el escándalo de corrupción denominado Carrusel de la contratación mediante empresas de fachada a su nombre.[1] Tapia también usó a personas como su amigo Carlos Augusto Joly Herrera como sus testaferros y lavar cuantiosas sumas de dineros provenientes de la corrupción en la contratación.[5]
Mediante las empresas de fachada, Tapia consiguió obtener contratos de obras de infraestructura, como el contrato "Ruta del Sol III" en la vía entre los municipios de Bosconia y Valledupar, en la que aparece como subcontratista.[6] Esto fue confirmado por el abogado Álvaro Dávila.[7]
También logró obtener proyectos en los departamentos de Córdoba y Sucre.[6] En el departamento de Bolívar habría estado detrás de las licitaciones de los tramos 4 y 5 de Transcaribe.[8]
Empresas de fachada
- Tecmach:[5] empresa a nombre de Carlos Augusto Joly Herrera y el primo hermano de Emilio Tapia llamado Jesús David Sierra Aldana.[5] La empresa se encargaba de "proveer volquetas y otras maquinarias para el transporte de material".[8] A través de esta empresa Tapia habría lavado unos COP$ 4.700 millones de pesos.[8]
- Geos (Geos Construcciones y Geos Consulting): firma usada para pagar comisiones de los anticipos en los contratos de obras de infraestructura, según Mauricio Galofre, primo de los Nule.[5]
- Unión Temporal GTM (Grandi Lavori Fincosit, H & H Arquitectura S.A., el Grupo Franco y la Constructora Inca Ltda.): En mayo de 2010 esta U.T. heredó el contrato en obras viales que tenían los Nule en Bogotá con Translogistic, y la que cubría la vías de cuatro localidades del suroriente de la ciudad; Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal y Rafael Uribe.[9]
- Consultoría Integral en Ingeniería S.A. de C.V. (CONNISA): empresa controladas y dirigidas por Tapias y Andrés Cardona.[10]
- Conalvías.[5]
Propiedades
Con los dineros que recibía del carrusel de la contratación, Tapia compró múltiples propiedades en Colombia, sobre todo viviendas y apartamento en Bogotá, fincas en el municipio de Sahagún (Córdoba), caballos de Paso fino colombiano, un yate y dos jets privados.[5]
Entre estas propiedades sobresalía una mansión en el conjunto El Nogal, localizado al norte en la localidad de Suba y cerca al municipio de Chía (Cundinamarca).[8] Según la revista Dinero, todas estas propiedades alcanzarían una suma de COP$ 100.000 millones de pesos.[8]
También es dueño de un exclusivo apartamento en el edificio Ibiza en Cartagena de Indias.[8]
Tras su captura fue recluido en la cárcel de Cómbita en Boyacá,[11] y Tapia empezó a tratar de obtener un principio de oportunidad ante la justicia colombiana, por lo que delató a gran parte del entramado de funcionarios públicos y contratistas detrás del escándalo de corrupción como el secretario de Salud de Bogotá, el jefe de la unidad de malla vial, concejales distritales de Bogotá y cuatro autores intelectuales de la operación de corrupción en la contratación de la capital colombiana, incluyendo al alcalde Samuel Moreno Rojas y su hermano el senador de la república de Colombia Iván Moreno Rojas.[6]
Tapia fue condenado a 17 años de prisión por las irregularidades en el contrato para reparar vías de Bogotá en la administración de Samuel Moreno Rojas,[2] pero tras delatar a varios contratistas y funcionarios, en el 2016 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rebajó la condena a 7 años y 5 meses de prisión, al reconocer las acusaciones en su contra y la imputaciones de "cohecho e interés indebido en la celebración de contratos".[1][2] También fue multado y obligado a pagar 347 salarios mínimos legales vigentes (COP$ 689.454 en 2016),[12][4] equivalente a COP$ 239'240.538 millones de pesos. Las autoridades iniciaron un proceso de extinción de dominio a las propiedades que compró con dineros de la corrupción.[11]
Tapia fue enviado al pabellón de alta seguridad de la Cárcel La Picota de Bogotá.[13] En el centro de reclusión se han hecho famosas sus fiestas con grupos de música vallenata y extravagancias con licor y use de celulares dentro del penal.[13]
El fin de semana del 15-17 de abril de 2016, Tapia fue transferido de La Picota en Bogotá al Batallón de Ingenieros No.2 del Ejército en Malambo, inmediaciones de Barranquilla.[14][4]
A partir de diciembre de 2018, un juez le concedió a Tapia la "libertad condicional" tomando como consideración que este había "cumplido las tres quintas partes de su condena de 7 años de prisión" por su participación en el carrusel de la contratación en Bogotá.[1] Nuevamente, en agosto de 2019 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla le concedió la libertad condicional. Hasta septiembre de 2021 cuando fue capturado por su presunta participación en el escándalo de MinTic.[2]
Durante su libertad condicional ha hecho presencia en eventos públicos, para disgusto de algunos ciudadanos que lo ven como un corrupto. Tapias apareció en el carnaval de Barranquilla, el 23 de febrero de 2020, donde participó y disfrutó de las fiestas, para sorpresa de los asistentes.[1][4][2]
En septiembre de 2021 fue recapturado por la Fiscalía General de la Nación al verse involucrado en un nuevo caso de corrupción de relevancia nacional, el escándalo de la contratación de MinTic para proveer internet a zonas rurales durante el gobierno de Iván Duque, contrato que fue adjudicado a una Unión Temporal sin experiencia en conectividad virtual y sin capacidad logística para un proyecto que pretendía llevar internet a más de 7000 escuelas apartadas del país, caso que ha sido denominado "Caso Centros Poblados" por ser esa la razón social de la Unión Temporal en la que trabajó Tapia,[15] en virtud de ese contrato, adjudicado durante la gestión de Karen Abudinen como ministra, se encuentran perdidos 70.000 millones de pesos, girados como anticipo. Su nombre ha sido mencionado como estructurador del proyecto y como artífice de la falsificación de pólizas de seguro que fueron presentadas en la licitación de este proyecto y como garantías de buen manejo y eventual devolución del anticipo.[16]
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