Loading AI tools
político colombiano De Wikipedia, la enciclopedia libre
Daniel Quintero Calle (Medellín, 26 de julio de 1980) es un ingeniero electrónico, empresario de software y político colombiano. Se desempeñó como Alcalde de Medellín desde el 1 de enero de 2020[2] hasta su renuncia el 30 de septiembre de 2023, tres meses antes del fin de su mandato.[3]
| Daniel Quintero | ||
|---|---|---|
 | ||
|
| ||
.svg){kind=small} Alcalde de Medellín | ||
| 21 de junio de 2022-30 de septiembre de 2023 | ||
| Predecesora | Jennifer Andree Uribe (e) | |
| Sucesor | Óscar Hurtado (e) | |
|
| ||
| 01 de enero de 2020-10 de mayo de 2022 | ||
| Predecesor | Federico Gutiérrez | |
| Sucesor | Camilo Restrepo Gómez (e) | |
|
| ||
 Viceministro de la Información y Comunicaciones para la Economía Digital | ||
| 26 de julio de 2016-4 de diciembre de 2017 | ||
| Presidente | Juan Manuel Santos | |
| Predecesor | María Isabel Mejía | |
| Sucesor | Juanita Rodríguez | |
|
| ||
 Gerente de Innpulsa | ||
| 10 de marzo de 2015-6 de julio de 2016 | ||
| Presidente | Juan Manuel Santos | |
| Predecesor | Catalina Ortiz Lalinde | |
| Sucesor | Juan Carlos Garavito | |
|
| ||
| Información personal | ||
| Nacimiento |
26 de julio de 1980 (44 años) Medellín, Antioquia, Colombia | |
| Residencia | Medellín | |
| Nacionalidad | Colombiana | |
| Religión | Catolicismo[1] | |
| Lengua materna | Español | |
| Familia | ||
| Cónyuge | Diana Osorio | |
| Hijos |
Maia Quintero Aleia Quintero | |
| Familiares | Miguel Quintero Calle (hermano) | |
| Educación | ||
| Educado en |
Universidad de Antioquia Universidad de los Andes | |
| Posgrado | Boston University | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Ingeniero electrónico, empresario de software y político | |
| Partido político |
Partido Conservador (2007-2012) Alianza Verde (2012-2014) Partido Liberal (2014-2018) Independientes (2019-) | |
| Distinciones | Orden Carlos Lemos Simmonds (2019) | |
Creció en el barrio Tricentenario, un barrio tradicional de la Comuna 5 de Medellín. Su madre Estela Calle murió cuando él era adolescente, mientras que su padre Orlando Quintero es mecánico. Tiene tres hermanos, de los cuales el mayor Miguel Andrés Quintero fue concejal de Medellín por el Partido Verde[4] Para poder pagarse su educación superior se dedicó a ejercer como vendedor ambulante.[5] A los 17 años comienza sus estudios en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Antioquia financiado por una beca. Después de graduarse, funda una empresa de software llamada Intrasoft S.A con la cual financió sus estudios de postgrado en los Estados Unidos.
Graduado como Ingeniero Electrónico de la Universidad de Antioquia y también como Especialista en Finanzas de la Universidad de los Andes. Cuenta con estudios de Administración de Finanzas Públicas de Harvard Kennedy School of Government y es Magíster en Administración de Negocios (MBA) de la Boston University.[6]
En el 2015 se casó con Diana Marcela Osorio (Gestora social de la ciudad de Medellín durante su administración) y tiene dos hijas: Maia Quintero y Aleia Quintero.[7]
En 2007 fue elegido al concejo de Medellín por el Partido Conservador, luego se ha desempeñado como empresario de software, director de la Fundación Piensa Verde y fundador del Partido del Tomate en conjunto con Juan Carlos Upegui Vanegas.[8][9][10] Entre julio de 2015 y julio de 2016 ocupó el cargo de gerente de Innpulsa[11][12] en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y entre julio de 2016 y diciembre de 2017 se desempeñó como viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones[13][14][15] de la Economía Digital en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del gobierno de Juan Manuel Santos. Renunció a su cargo para acompañar al negociador de paz Humberto de la Calle en su campaña a la presidencia.
Fue candidato a la Alcaldía de Medellín por el grupo significativo de ciudadanos Independientes[16][17][18] en las elecciones de regionales del 27 de octubre de 2019 donde resultó electo.
Fue elegido Alcalde de Medellín con 303.420 votos, superando a los candidatos Alfredo Ramos (hijo del exgobernador Luis Alfredo Maya condenado por la Corte Suprema por parapolítica)(233.105 votos Centro Democrático); al exsecretario de gobierno del exalcalde Federico Gutiérrez, Santiago Gómez (95.163 votos del G.S.C. Seguimos Contando con Voz); además de Juan David Valderrama (22.738 votos del G.S.C. Todos Juntos); Beatriz Rave (14,254 del Partido Alianza Verde); y Víctor Correa Vélez (10.119 votos del partido Polo Democrático).[19]
Durante la administración de Daniel Quintero, el presupuesto de Buen Comienzo pasó de ser 370.000M COP en 2020 a cerca de 800.000M COP en 2021; un incremento de más del 100% en la financiación, la cual se vería empañada poco después por irregularidades en la contratación.[20] Desde su creación en 2006 durante la alcaldía de Sergio Fajardo, está dirigido a una población compuesta por madres gestantes, lactantes y niños de 0 a 5 años brindando apoyo sicológico, pautas en crianza, salud, nutrición, entre otros servicios.[21]
Al comienzo de la administración, se nombró como directora del programa a Vivian Puerta, quien es nuera del exsenador condenado por parapolítica Mauricio Pimiento. Al llegar, Puerta cambió los requisitos para ser empresa contratista del programa al exigir ser parte del banco de oferentes del ICBF; requisito que algunos de los contratistas anteriores con varios años de experiencia no cumplían. Esto se anunció un mes después de haber cerrado la convocatoria del ICBF para este trámite impidiéndole a muchos contratistas anteriores subsanar este requerimiento y renovar su contrato. Durante el proceso para contratar nuevos operadores, hubo problemas con algunos de los postulados. Uno de estos fue Corporación Colombia Avanza, con el aval de la Directora Técnica, Lina María Gil; esta empresa resulta ser propiedad de la familia Suárez Mira, conocida en la ciudad de Bello y su representante legal es el exconcejal de esta ciudad, Henry Paulison Gómez.[22] Esta empresa ha firmado contratos con la alcaldía por más $34.159 millones de pesos colombianos a pesar de que pasó la certificación del ICBF con la mínima puntuación y no se recomendaba contratar por más de $700 millones de pesos Colombianos[23][24].También hubo problemas con la Fundación Carla Cristina, la cual incurrió en falsedad en documento público aspirando contratar con el estado . La alcaldía denunció ante la Fiscalía General de la Nación este hecho
Poco después se presentó otra controversia al contratar un seguro para el cumplimiento del contrato de Corporación Colombia Avanza con la aseguradora Seguros Hurtado Pérez; esta aseguradora es propiedad de uno de los hermanos del entonces secretario de hacienda y actual alcalde encargado, Óscar de Jesús Hurtado Pérez. La contraloría abrió una investigación pero fue archivada tres meses después.[25] Quintero defendió la decisión de Vivian Puerta relacionada al cambio de requisitos; según él, esta es una forma de estandarizar y garantizar la calidad de los proveedores del servicio.[26] En el 2023, la fiscalía le imputó a la secretaria de educación Alexandra Agudelo, a la ex directora de Buen Comienzo Lina María Gil y al contratista Henry Gómez Montoya los cargos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. También solicitó casa por cárcel para las primeras 2; esta medida fue aprobada por un juez de control de garantías.[27][28]
Vivian Puerta dejó el cargo 8 meses después para asumir la Dirección Ejecutiva de la Fundación EPM, en su lugar fue nombrado Hugo Díaz quien fue secretario de despacho en la alcaldía de Bello durante las administraciones cercanas a los Suárez Mira.[29]Alexandra Agudelo renunció a la secretaría de educación y algunas fuentes aseguran que actualmente está trabajando en la campaña a la alcaldía de Medellín de Albert Corredor.[30]
Otras denuncias presentadas por el periódico El Colombiano se hicieron relacionadas con disminución en la calidad del servicio, falta de pago a los operadores y menos beneficiados a pesar de la multimillonaria inversión que se realizó. La contraloría hizo hallazgos por cerca de $3.000 millones de pesos colombianos.[20][31]
Su Programa de Gobierno estaba centrado en convertir a Medellín en un Valle de Software y un Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Prometiendo otorgar a los estudiantes de universidades públicas educación totalmente gratuita, mejorar las capacidades de la juventud medellinense en aptitudes tecnológicas mediante cursos en plataformas en línea, otorgamiento de becas tecnológicas, buscar una mayor inversión por parte de la industria TI en Medellín mediante SAPIENCIA y RUTA N para lograr la "tercera revolución industrial" en el Valle de Aburrá y el fortalecimiento de instituciones universitarias públicas como la Ciudadela Universitaria de Occidente. Para combatir el desempleo, se planteó una estrategia basada en el desarrollo de servicios de BPO (Bussiness Process Outsourcing) por parte de empresas y cooperativas de técnologicas con apoyo de la administración municipal.[32] También se hizo elegir bajo un discurso anticorrupción empresarial, que buscaba que empresas involucradas en desfalcos o escándalos de corrupción, devolvieran los dineros malversados mediante la acción de reparación estatal. También prometió gobernar independientemente alejado de los grupos políticos y empresariales que, según él, habían gobernado la ciudad de manera ininterrumpida desde la incepción de las elección democráticas a nivel territorial en el 86[33].
Durante su gobierno, Quintero tuvo varios enfrentamientos con el GEA (Grupo Empresarial Antioqueño). Según Quintero en entrevista con la Revista Semana, a través de varias fundaciones y medios de comunicación, el GEA dominaba gran parte de la contratación estatal gestionada por la administración municipal. Quintero afirma: “Se debió a un proceso de exclusión. Las élites tomaron la decisión de excluir a ciudadanos. Por esa misma época, esas élites se dieron cuenta de que las empresas que habían construido miles de personas pues tenían y no tenían dueño. Ellos eran los gerentes, pero dijeron: ‘Oiga, esto tan bonito, miles son los accionistas, nosotros somos los gerentes, ¿Cómo hacemos para que no nos saquen a nosotros?’. Y se sindicalizaron los gerentes y crearon entonces el Sindicato Antioqueño. Ellos no eran los que habían creado esas empresas, miles de personas sí”.[34] En una entrevista con el diario El País, Quintero aseguró estar siendo desafiado por sus rivales políticos, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, el Grupo Empresarial Antioqueño y el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo. Varios sectores han promovido sin éxito la revocatoria de su mandato. Durante la campaña a la alcaldía, Quintero dijo que había sufrido dos intentos de asesinato que fueron repelidos por la policía.[35]
En 2021, en línea con su propuesta de campaña, gestiono frente al Gobierno Nacional presidido por Iván Duque y el Congreso de la República una reforma al artículo 366 de la Constitución de 1992 que convirtió a Medellín en un Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. En 2022 el Congreso de la República aprobó una ley regulando la materia.[36][37]
En 2020 el Departamento Administrativo de la Función Pública dio un puntaje de desempeño institucional a la administración presidida por Quintero Calle de 97.7 sobre 100, por lo cual La Alcaldía de Medellín ocupó por cuarto año consecutivo el primer lugar en gestión y desempeño institucional en Colombia.[38]
Fue suspendido provisionalmente el 10 de mayo de 2022 por la procuradora Margarita Cabello Blanco por presunta participación en política electoral a favor del candidato Gustavo Petro.[39] Fue restituido a su cargo el 21 de junio del mismo año.[40][41]
Como ejecución del programa de gobierno, la Alcaldía juntó con el Concejo Mundial, aprobaron en el Plan de Desarrollo de 2020 y subsecuentes, dos macro-proyectos para la educación tecnológica en Medellín como parte del desarrollo de la línea estrategia de Medellín Valle del Software. Estos fueron la Matrícula Cero y Computadores Futuro.
Mediante la política de Matrícula Cero, durante la pandemia del COVID-19, la educación superior ofrecida por la administración municipal se tornó totalmente gratuita; primero en la Universidad de Antioquia y posteriormente en todas las Instituciones de educación superior (IES) Públicas de la ciudad en 2022. Esta política cobijó a los estudiantes de instituciones como la Universidad de Antioquia, el ITM, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, la Universidad Nacional sede Medellín, la Ciudadela Universitaria de Occidente, entre otros; la medida benefició a 41.000 estudiantes. Así mismo, la administración y el Concejo de Medellín se comprometieron a reservar un cupo del 30% de las matrículas para población transexual o no binaria.[42][43][44]
Posteriormente, y como complemento de la política de Matrícula Cero, se ejecutó con la aprobación del Concejo Municipal la política de Computadores Futuros. Los computadores fueron otorgados a estudiantes de bachillerato entre octavo y décimo grado como parte de la estrategia de permanencia escolar y prevención de la deserción. La Administración Distrital invirtió 80 mil millones de pesos para la adquisición de cerca de 70.000 equipos. Para agosto de 2022 se habían asignado 45.000 computadores personales para estudiantes de instituciones de educación pública de la ciudad.[45]
Hasta diciembre del 2022 se había hecho entrega de cerca de 65.000 computadores a estudiantes y se estima que otros 15.000 aproximadamente se entregarán el próximo año.[46][47] El 19 de octubre de 2022 el Alcalde junto con un grupo de 3.119 estudiantes pertenecientes a programas de Media Técnica de Tecnologías de la Información y la comunicación, beneficiaros del programa Computadores Futuros, batieron el Guinness World Records a la clase de software presencial más grande del mundo[48]
Una de las promesas de campaña de Quintero fue la ampliación de sistemas de transportes masivos públicos multimodales en la ciudad. Para ello propuso la creación de más líneas de metro y metrocables. Estas promesas de campaña fueron refutadas por sus contrincantes Alfredo Ramos y Santiago Gómez quienes en su momento dijeron que era inviable la construcción de más líneas de metros para la ciudad y por el contrario respaldaron la construcción de modelos de transporte público basados en BRT[49]
En 2020 la administración de Daniel Quintero aseguró la financiación del proyecto. Tras un proceso de negociación con el Gobierno de Iván Duque, la Nación se comprometió a aportarle al municipio de Medellín la suma de 2.7 billones de pesos para la construcción del proyecto, cifra garantizada mediante la asignación de vigencias futuras que fueron pactadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social mediante el documento CONPES 4003 de 2020.[50] En octubre del 2022 la Administración de Quintero Calle firmó el contrato para la construcción del metro ligero de la 80 con la unión temporal: CRRC (Hong Kong) Co. Limited, Mota – ENGIL Sucursal Colombia y Mota – ENGIL Colombia SAS (ENGIL, una constructora de origen portugués), por un valor de 3.5 billones de pesos colombianos.[51]
La anterior licitación generó controversia entre los detractores del Alcalde por los antecedentes de una de las empresas de la Unión Temporal, Mota Engil Colombia SAS. Esta firma se vio envuelta en una polémica por una contrato para la construcción y modernización de cerca de 248 colegios a nivel nacional con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE); 3 años después de comenzar las obras, muchos de estos colegios estaban aún inconclusos, lo que provocó que la firma se declarara incapaz de terminar sus obligaciones reasignando el contrato.[52] La firma alegó incumplimiento de las responsabilidades por parte del FFIE y esta disputa sigue en pleito hasta la fecha. Esta Unión Temporal fue el único oferente para la ejecución del proyecto; el mismo alcalde manifestó que no estaba de acuerdo con un proceso con un solo oferente, sin embargo la licitación no se declaró desierta dado que el único proponente cumplía con los requisitos del pliego de condiciones.[53]
Es necesario resaltar que se hicieron investigaciones de inhabilidad nacionales e internacionales y no se encontró nada que impidiera a esta empresa ganarse la licitación[54].[55]
Se han hecho múltiples críticas por parte del gremio de constructores y opositores del alcalde relacionadas con el presupuesto de la obra. Este presupuesto fue planteado antes de la pandemia del COVID 19 y con un dólar cercano a los $3000 COP/USD; ambos factores afectan el precio de las materias primas como el acero y componentes electrónicos.[56] No obstante, según la Ley de Metro, el 80% de la obra sería financiada por el Gobierno Nacional, así mismo, toda vez que el proyecto se encuentra financiado con vigencias futuras, la suma puede aumentar con el correspondiente aumento en las rentas nacionales.
Ruta N es una entidad encargada de promover el sector de la tecnología y la información en Medellín;[57] conectando talento con capital y grandes empresas globales. En el 2020 se le solicitó al entonces director de Ruta N, Juan Andrés Vásquez, que renunciara a su cargo; cuando se le preguntó por esta decisión, dijo que desde la alcaldía buscaban alguien con más resultados políticos (Véase la entrevista completa de la revista SEMANA: ¿Que pasó en Ruta N?)[58]. Este cambio de director no tuvo en cuenta la opinión de la junta directiva quienes se enteraron extraoficialmente del cambio; en forma de protesta por el atropello al gobierno corporativo, renunciaron 8 de sus miembros y levantó varias críticas respecto al nuevo manejo que le estaba dando la administración de Quintero a la entidad.[59] Quintero se defendió diciendo que buscaba un gerente más cercano a la administración y que nombraría al ingeniero Javier Darío Fernández.[60]
Fernández duraría poco en el cargo ya que un año después, sería nombrado en su lugar Iván Castaño; hermano del senador condenado por corrupción Mario Castaño. Iván Castaño en tan solo 10 meses firmó contratos por cerca de $15.700 millones de pesos colombianos de los cuales cerca de $1.303 fueron en contratos de comunicación, mercadeo y publicidad.[61] En el 2023, la fiscalía abrió una investigación formal por denuncias de uno de los contratistas; el cual aseguraba que se le exigía un pago extralegal del 10% del contrato para poder recibir la totalidad de los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones.[62]
Quintero fue suspendido de su cargo como alcalde el 10 de mayo de 2022 por parte de la Procuradora General de la Nación Margarita Cabello Blanco, por un periodo de tres meses, con posibilidad de extensión, para investigarlo por su presunta participación en política electoral a favor del candidato presidencial Gustavo Petro, lo cual está restringido en Colombia por el Código Disciplinario Único o Ley 734 de 2002.
Dentro de las razones aducidas por la procuradora para la destitución del alcalde está un video que Quintero publicó en redes sociales donde el alcalde, sin mencionar al candidato Petro, aparecía en un video publicado en sus redes sociales donde decía "El cambio en primera" mientras accionaba la caja de cambios de un vehículo automotor. Dicha acción fue referida como una supuesta alusión a la campaña de Petro que buscaba salir electo en la primera ronda de votaciones o "primera vuelta", y que argumentaba ser el "cambio que necesita el país". La procuradora también argumentó algunas declaraciones del alcalde en emisoras y otros medios de comunicación donde este sugería sin mencionarlo, su favoritismo por el candidato Gustavo Petro.[63][64].
Quintero acusó este acto de la procuraduría de ser un Golpe de Estado, o un "acto dictatorial" orquestado por el gobierno de Iván Duque que, según dijo, busca favorecer la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez y al mismo tiempo entregarle el poder en Medellín al uribismo.[65] Varios analistas como el jurista Rodrigo Uprimny y el exmagistrado José Gregorio Hernández[66] consideraron que la procuradora no respetaba el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso de la destitución del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro en el año 2013, fue fallada a su favor y dicha corte advirtió que los funcionarios públicos elegidos con voto popular "solo pueden ser apartados de sus cargos por orden judicial" y no por acción de un ente disciplinario como lo es la Procuraduría; mientras que otros analistas como Esteban Manco Pineda, docente de la Escuela de Derecho, justificaron las acciones de la procuradora aduciendo que el fallo no era una destitución como en el caso Petro, sino una suspensión temporal.[64] El exmagistrado Hernández también argumentó que era inconstitucional nombrar un alcalde políticamente cercano al presidente como lo fue el reemplazante Juan Camilo Restrepo Gómez, ex comisionado de paz nombrado por Duque, ya que en caso de suspensión debe nombrarse como reemplazo a un alcalde del mismo partido que el alcalde electo.[67]
No obstante lo anterior, tras la elección de Gustavo Petro como Presidente de Colombia en segunda vuelta, la Procuraduría restituyó a Quintero sin motivar la razón de ser de la decisión. El caso estaba bajo estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.[68]
En noviembre de 2022 la procuraduría general de la nación abrió una investigación preliminar a algunos funcionarios de la alcaldía por el proceso para la chatarrización de 50.000 vehículos propiedad de la alcaldía de Medellín. El concejal Daniel Duque había denunciado presuntas irregularidades en mayo de 2022 acerca del precio de venta. Según el concejal Duque, el valor comercial de la chatarra oscila alrededor de los $1000 COP/kg mientras la alcaldía había aceptado la venta por $98 COP/kg; lo que habría podido generar un presunto detrimento por cerca de $33.000'000.000 COP de haberse concretado el contrato.[69][70]
Varios contradictores políticos han acusado a la alcaldía de presuntamente favorecer al contratista al exigir una máquina "Prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll". Esta es una máquina muy especializada que solo la tenía quien ganó la licitación.[71]
La licitación se la ganó la Unión Temporal RY; su representante legal, Rafael Naranjo, dijo en su defensa que el concejal Duque tenía motivaciones políticas y no técnicas; también anunció que lo demandaría por estas acusaciones.[72]
La procuraduría y contraloría adelantan investigaciones a la fecha aunque no se ha demostrado ningún delito. La administración respondió argumentando que, al ahorrarse el costo de arriendo de los lotes donde están estos vehículos, esto es un buen negocio para la alcaldía. Esta respuesta no satisfizo a la oposición política ya que, según ellos, este ahorro también puede darse vendiendo la chatarra a un precio razonable. La alcaldía reversó el contrato 3 meses después ante las presiones.[73]
Daniel Quintero ha tenido múltiples desencuentros con medios de comunicación locales y nacionales. Esto generó señalamientos de presuntamente usar su influencia para desprestigiarlos y atacarlos; además, llamados de varias organizaciones a respetar la libertad de prensa.[74][75] Daniel Quintero por su parte, retiró la pauta publicitaria que la Ciudad venía pagándole a medios de comunicación; es así como medios de comunicación como El Colombiano vieron una reducción el pauta contratada por la Administración Municipal, la cual pasó de 3.428 millones de pesos en 2019 a solo 90 millones de pesos en 2021.[76]
Una de estas polémicas se dio en junio de 2020. La FLIP publicó un artículo donde presuntamente, el alcalde presionó a directivos de varios medios para obstaculizar un reportaje por supuesto acoso sexual.[77][78][79] Es necesario resaltar que no se demostró el supuesto acoso y las presuntas víctimas desistieron de continuar el proceso.[79][80] Otra de las polémicas ha sido la decisión de Quintero de pautar la publicidad en medios de comunicación alternativos y mediante influencers, con el fin de levantar su favorabilidad y mejorar la imagen de la marca ciudad.[81]
Como producto de la fuerte polémica entre Quintero y el periódico El Colombiano, la SIP hizo un llamado pidiendo respetar la labor periodística del periódico local El Colombiano.[82] La alcaldía respondió por medio del Twitter de Daniel Quintero lo siguiente: "Respetamos la prensa libre e incluso la que se ha vendido. Son los ciudadanos los que castigan a un medio con la irrelevancia ante la evidencia de que en su junta directiva estaban constructores sancionados por Hidroituango. Cientos de noticias sin mostrar que intereses defendían" [83]
Telemedellín es el principal canal público de la ciudad de Medellín. Históricamente ha servido a la alcaldía como central de medios; es decir, contrata pauta con otros medios.
Críticos de la administración han acusado Telemedellín de pautar con medios alternativos. Uno de estos contratos fue firmado por Telemedellín por un valor de $175 millones de pesos colombianos con una organización llamada Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (FIPU); cuyo fundador, Alejandro Toro, fue posteriormente elegido como representante a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico. Varios miembros activos del Pacto Histórico se han beneficiado de contratos con Telemedellín, como lo son Hollman Morris y José Salvador. Algunos de los medios contratados fueron creados menos de un año antes de vincularse con el canal.[84][85]
Durante los últimos 3 años Telemedellín ha tenido cuatro gerentes.[86] Uno de los ex gerentes de Telemedellín fue Deninson Mendoza, quien renunció al cargo para aspirar a la alcaldía de Cali (Capital de Valle del Cauca) por el mismo movimiento de Daniel Quintero en las elecciones regionales del 2023[87]. Entre los detractores de la administración esto generó suspicacias, dado que Telemedellín contrato pauta en varios medios de comunicación vallecaucanos; entre estos se resalta un contrato con una página de Twitter llamada "Twitteros Cali", entre otros...[88]
Otro contrato cuestionado por opositores del alcalde como el periódico El Colombiano fue suscrito con la empresa Alfaro Comunicaciones, propiedad del estratega político Amauri Chamorro. Este contrato buscaba mejorar la imagen pública del Alcalde en relación con la emergencia de Hidroituango.[89] La administración municipal no se pronunció al respecto.
En el 2020, la junta directiva del Hospital encabezada por Jhonatan Villada (hoy vicepresidente jurídico de EPM) en representación de Daniel Quintero, cambió los estatutos de contratación para poder aumentar el valor de los contratos hasta un 50% con previa autorización de la junta, cambió el modelo de contratación para no exigir concurso abierto de oferentes sino contratación directa (Coloquialmente "A dedo") o por invitación.[90] Adicionalmente, se dio la instrucción a los empleados del hospital de afiliarse a las siguientes agremiaciones sindicales para conservar sus empleos: Famysalud, Prodesa y Sindisalud. Esto generó malestar entre los empleados ya que esta afiliación tiene un costo y cambia su forma de contratación directamente con el hospital a estar vinculados a través de estos sindicatos. Gracias a estos cambios se pudieron firmar, solo a principios del 2022, 35 contratos por un valor cercano a los $5.000 millones de pesos colombianos.[91]
Ha habido múltiples teorías acerca de cual es el interés de la administración en vincular a estos sindicatos. Una de ellas es la presunta tercerización de los servicios del hospital a través de contratos de prestación de servicios, como ocurrió en el hospital público César Uribe Piedrahíta; en este, en cuestión de 5 años, se creó una cadena de tercerización de servicios a través de sindicatos llegando a destinar el 51% de los ingresos del hospital a pagar estos contratos.[91] El problema de tercerizar estos servicios es que se presta para sobrecostos y desviación de fondos, el contratista se gana una comisión que se podría ahorrar si el hospital lo hiciera directamente y reversar estos contratos generalmente requiere litigar con el contratista que implica un costo legal alto.
Otras denuncias incluyen sobrecostos en alquiler de oficinas que nunca se utilizaron, contratación de especialistas inhabilitados para trabajar en el hospital, irregularidades en contratos de alimentación por cerca de $12.466 millones COP, relación cercana de uno de estos sindicatos (Famysalud) con la familia Char de Barranquilla, entre otras.[92][90][93][94]
El gerente del hospital, Mario Fernando Córdoba, fue cuestionado en el consejo por estas controversias y se defendió desmintiendo varias de las acusaciones hechas anteriormente. Las negó alegando que no se han cambiado los estatutos de contratación en beneficio de nadie y que, si ha habido irregularidades, lo dirán los organismos de control. (Véase su intervención completa en la Sesión Plenaria 526 Octubre 25 de 2022, minuto 2:18:00). [95][96]
El Jardín Botánico de Medellín es una fundación privada sin ánimo de lucro. Históricamente ha sido el contratista para el mantenimiento de los jardines y zonas verdes de la ciudad; estos contratos representaban cerca del 65% de sus ingresos y le permitía subsistir sin requerir de donaciones.[97] En el 2021 la administración municipal decidió no renovar este contrato y dárselo a una entidad llamada Metroparques, encargada de la administración de parques de diversiones en la ciudad. Esto levantó suspicacia entre los detractores de Quintero ya que Metroparques, a diferencia del Jardín Botánico, no tenía ninguna experiencia en temas ambientales o jardinería.[98]
La falta de experiencia de Metroparques obligó a sub-contratar una empresa de jardinería por 3.900'000.000 COP. La empresa elegida para este contrato se llamó Reforestadora El Líbano, cuyo representante legal es Luz Eliana Henao Rodríguez quien es miembro del equipo político del diputado liberal Luis Carlos Ochoa, aliado de Quintero durante su campaña en el 2019.[99] La alcaldía regresó el contrato al Jardín Botánico en 2022 a raíz de las múltiples denuncias ciudadanas del deterioro de las zonas verdes.[100]
Quintero justificó esta decisión argumentando querer salvar a Metroparques por su déficit, debido a la pandemia del COVID 19; según él, así se prioriza lo público sobre lo privado. Además, según Quintero, había irregularidades en la contratación con el Jardín Botánico. Estos argumentos no tuvieron sentido cuando Metroparques tuvo que sub-contratar a una empresa para el cumplimiento del contrato. Y en contraste, el Jardín Botánico quedó con un grave déficit financiero.[101]
EnCicla es un programa de alquiler de bicicletas propiedad del Metro de Medelín, cuyo fin es incentivar este medio de transporte en la ciudad. El representante a la Cámara de Representantes por Antioquia, Daniel Carvalho, denunció las malas prácticas que la administración ha tenido con esta iniciativa a raíz de una disminución de cerca de 1.5 millones de préstamos al año y protestas ciudadanas por el estado del sistema.[102] De acuerdo con el representante, entre el 2020 y 2022 el mantenimiento a las estaciones se ha reducido hasta un 60%, a pesar de que el personal contratado para el mantenimiento aumentó en un 560%; también expone que el gasto de nómina se duplicó entre 2019 y 2022. Y como si fuera poco, cuestiona el actual operador del sistema llamado Corpallanos ("Corporación Agroempresarial de los Llanos") por la experiencia que este puede tener en este campo.[103]
El Área Metropolitana se defendió responsabilizando hurtos y vandalismo del sistema.[104] No obstante, el representante contesta argumentando que los casos de hurto y vandalismo deben estar previstos en la planeación del sistema y no aumentaron en valores históricamente anormales para justificar este incremento.[103]
En el 2020, W radio publicó un artículo titulado "¿hay nepotismo en la alcaldía de Medellín?". En la investigación no se encontraron familiares consanguíneos de Quintero en la nómina, pero si se encontró que habían familiares primos de la cónyuge de Quintero, Laura y Juan Carlos Upegui (Quien actualmente es precandidato a la Alcaldía de Medellín), quienes habían sido nombrados directores técnicos de la Secretaría de Control y Gestión Territorial. Según la Alcaldía no hubo irregularidad en la contratación de estos funcionarios ya que eran idóneos para el cargo y ocuparon puestos de libre nombramiento y remoción .[105]
A pesar de haber sido simpatizante del partido Pacto Histórico, encabezado por el actual presidente Gustavo Petro durante su campaña presidencial, ha habido varias críticas y desencuentros al interior del partido contra Quintero. Una de ellas fue protagonizada por el recién nombrado ministro de defensa, Iván Velásquez. Velásquez a través de su cuenta de Twitter acusó a Quintero de favorecer familiares y amigos con contratos y de estar opuesto al Uribismo y al GEA en Antioquia por motivos meramente coyunturales al ser protegido de la familia Gilinsky propietaria del grupo empresarial Gilinsky. Este grupo se encuentra realizando una Oferta Pública de Adquisición o "hostile take over" del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), fue donante de la campaña presidencial de Gustavo Petro y es propietario del medio de comunicación Semana. El Ministro también señaló a Quintero de ser aliado de lo que él llamó “los señores de Bello, Envigado e Itagüi”.[106]
Otro desencuentro fue la ubicación de Alex Flórez, ex concejal de Medellín por el Movimiento Independiente y protegido de Quintero, en la undécima posición para la lista cerrada del senado por este partido; desplazando al candidato de la actual vicepresidenta Francia Márquez.[107] La representante a la Cámara de Representantes por Antioquia del Pacto Histórico, Luz María Munera, ha argumentado que la alianza en Antioquia con Quintero es un "lastre" para el progresismo (Ideología adoptada por Gustavo Petro) en la región.[108].
Una de las principales propuestas de campaña de Quintero había sido demandar a los constructores que, según Quintero, eran responsables por la crisis ambiental generada en el embalse por el taponamiento del túnel de desviación del río Cauca en 2018-2019, que culminaron en la destrucción del cuarto de máquinas de Hidroituango y el casi desembalse explosivo de la represa . En el 2020 el gerente de EPM Álvaro Guillermo Rendón, nombrado por el Alcalde Quintero, demandó a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto por un valor de $9.9B COP[109]. Como protesta por no ser tenidos en cuenta en esta decisión, los 8 miembros de la Junta Directiva de EPM, que habían sugerido conciliar con el consorcio antes de demandar, presentaron su renuncia, obligando a Daniel Quintero a nombrar nuevamente a todos los miembros de la junta..[110] Posteriormente la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal por $4.3B COP, que declaraba como responsables fiscales de la emergencia a los exgobernadores de Antioquia como Luis Alfredo Ramos, Sergio Fajardo, al gobernador Aníbal Gaviria (quien fue posteriormente eximido), a la aseguradora Mapfre, algunos ex gerentes de EPM[111] y al consorcio constructor. Esto inhabilitaba al consorcio CCC Ituango para renovar el contrato de construcción y terminar las obras si no se realizaba el pago de dicho monto.[112] De no poder pagarse, EPM tendría que contratar a otro constructor, retrasando las obras por más de un año de acuerdo con la consultora sueca Pöyri; además, asumiendo las multas que acarrearían estos retrasos.[113][114] El gobierno nacional y EPM lograron acordar el pago del monto por parte de la aseguradora del proyecto Mapfre; permitiéndole al consorcio continuar las obras.[115][116] La administración se ha pronunciado múltiples veces alegando que hubo corrupción durante el proceso de contratación, negligencia del constructor en el uso de materiales y el no trámite de licencias ambientales; justificando así la urgencia de cambiar de contratista. El constructor se defendió diciendo que los errores fueron de diseño, anteriores a la vinculación del consorcio y problemas climáticos fuera de su control.[117] En 2022 EPM inauguró las turbinas 1 y 2 del proyecto[118]. En 2023 la Procuraduría abrió una indagación preliminar en contra del alcalde y el gerente de EPM por la presunta falta de contratos de seguros para la construcción de la obra durante la vigencia del año 2021.[119].
Paradójicamente, casi 3 años después de la contingencia, EPM les ofreció a los mismos constructores renovar nuevamente el contrato para terminar las obras de las turbinas 3 y 4; yendo en absoluta contravía con las acusaciones de Quintero. Los constructores prefirieron no renovar por el cambio del sistema de pagos.[120] Otra controversia se presentaría poco después durante la contratación de estas turbinas luego de que se pospusiera tres veces el plazo de los interesados en presentar propuestas. De todos los interesados, solo una firma presentó su propuesta y fue el consorcio Yellow River CO LTD, Power China Internacional Group Limited sucursal Colombia y Schrader Camargo S.A.S.[121] la cual fue rechazada poco después dado alegando Schrader Camargo S.A.S no contaba con la experiencia necesaria y por lo tanto, declarando desierta la licitación.[122]
En lo corrido de la alcaldía, la gerencia de EPM ha tenido 4 gerentes.[123] El primero de ellos fue el abogado del Partido Conservador Álvaro Guillermo Rendón quien desempeño el cargo entre enero de 2020 y febrero de 2021[124][125]. Luego de salir del cargo, realizó múltiples denuncias de supuestas presiones por parte del alcalde y su secretaria privada María Camila Villamizar para nombrar altos ejecutivos al interior de la empres; también denunció constantes atropellos al gobierno corporativo y entorpecimientos al proyecto Hidroituango con el fin de cambiar al contratista.[126][127][128] Cuando se le preguntó a Quintero por la renuncia de Álvaro Guillermo Rendón, este argumentó que su renuncia fue por cometer errores en la contratación de Hidroituango y que por esto debía "Dar un paso al costado".[129].
Luego fue nombrada como gerente encargada la vicepresidenta Mónica Ruiz Arbeláez;[130] quien fue cuestionada en el Consejo de Medellín por las afirmaciones del alcalde respecto a si el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) tenía control de la compañía, si había corrupción al interior de EPM y si iba camino a la bancarrota a lo que ella desmintió las tres.[131] Poco después de nombrar un nuevo gerente, Ruiz fue removida de su cargo y posteriormente de la empresa; el sindicato rechazó esta decisión.[132][133] El tercer nombramiento fue Alejandro Calderón Chatet; su proceso de selección fue altamente controvertido ya que fue llevado a cabo por una firma cazatalentos fundada por un aliado de Luis Pérez "sin cobrar".[134][135] Según una denuncia presentada por el diputado por Antioquia Luis Peláez, la hoja de vida de Calderón tenía supuestas irregularidades en sus títulos universitario, estaba ligado a varias empresas offshore en panamá y relación con los Panama Papers. [136].[137][138] Dada la presión política renunció a su cargo cerca de 2 semanas después de ser nombrado.[138]
Quintero defendió a Calderón publicando en su Twitter: "Alejandro Calderón recibió todo tipo de ataques plagados de mentiras e imprecisiones. Lo intimidaron y lo presionaron a él y a su familia. Perdimos a un gran hombre en EPM".[139]. Alejandro Calderón se defendió de estos señalamientos explicando que su experiencia en el grupo Pegasus (Empresa Offshore en Panamá) se dio con el fin de traer inversión a Sudamérica, pero que dichas entidades solamente tuvieron registro jurídico y no mercantil. Es por esto que no tuvo ningún relacionamiento con firmas offshore o relacionadas con Panamá Papers, como en algún momento se mencionó. Frente a las acusaciones hechas en su contra sobre supuesta falsedad de sus títulos manifestó "En Francia cursé mis estudios de Economía, donde en el año 2002 obtuve el título de Maitrise Sciences Economiques, que fue el diploma que convalidé ante el Ministerio de Educación. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2003 obtuve el título de Magíster en Economía y Finanzas Internacionales. En el último año de este proceso formativo realicé el programa Education Abroad Program con la Universidad de California en Santa Bárbara" [140]
Tras la renuncia de Calderón, se nombró al actual gerente y exmiembro de la junta directiva Jorge Andrés Carrillo quien ha desempeñado varios cargos en el sector de servicios públicos a nivel nacional.[141]
Según investigaciones, durante los primeros 2 años de administración de Quintero ha habido un incremento cercano a $5.300'000.000 COP en la nómina de EPM con 733 nuevos trabajadores de planta y la creación de 2 vicepresidencias nuevas. Esto generó múltiples cuestionamientos al interior de la empresa, ya que si EPM requiere apoyo financiero por la crisis de Hidroituango, aumentar la nómina parece contradictorio.[142][143]
Como si fuera poco, a finales del 2022 se crearon 2 nuevos cargos en EPM llamados: Dirección de Gestión de Relaciones con el Gobierno Local y Regional y Dirección de Gestión de Relaciones con el Gobierno Nacional. Ambos cargos, que anteriormente eran responsabilidad del gerente general y vicepresidentes, se formularon con salarios cercanos a los 22'000.000 COP y contrato a término indefinido. La creación de estos cargos fue cuestionada, dado que para la gestión con el gobierno nacional fue nombrada la ex secretaria privada de Quintero, María Camila Villamizar (Recomendada por el gerente Jorge Andrés Carrillo); quien unos meses antes había renunciado para presuntamente, aspirar a la alcaldía de Cúcuta.[144]
UNE es una empresa de telecomunicaciones de la cual EPM es propietario del 50% + 1 de las acciones desde 2013; el resto de las acciones son propiedad del grupo empresarial Millicom a través de su filial Tigo.[145] Durante la administración de Quintero, cinco veces se debatió en el consejo de Medellín el proyecto de vender la participación de EPM en UNE; es decir, privatizar completamente la empresa. Todas las veces fue negada por la desconfianza de los concejales; dada la influencia que había tenido Quintero al interior de EPM y su falta de respeto al gobierno corporativo, temían por el uso que tendrían los recursos.[146][147]
El debate más polémico fue el 29 de septiembre de 2022. La bancada de oposición había sido enfática en que los recursos de la venta pertenecían a EPM, no a la Alcaldía de Medellín; por esta razón, si se llegase a vender, el dinero debía usarse por EPM para su plan de inversión y no para el presupuesto de funcionamiento de la alcaldía. Según el contrato vigente, EPM podía vender su participación antes del 2024 usando una cláusula de protección al patrimonio con Millicom.[148]. La polémica viene cuando la oposición acuerda con EPM aprobar la venta, con la condición de no transferir el dinero a la alcaldía de Medellín, entre otros puntos. Horas antes de la plenaria, los concejales recibieron un comunicado de la alcaldía diciendo que el dinero se usará para una serie de proyectos de la administración municipal incumpliendo el acuerdo con la oposición.[149][150] A pesar de que algunos concejales insistieron en que era un error de comunicación, la oposición prefirió hundir el proyecto nuevamente.[146][151] La alcaldía respondió acusando al Centro Democrático de "regalarle" 3 billones de pesos colombianos a Tigo.[152].
Fue condecorado en 2019 por el Ejército Nacional[153] y recibió la Orden Carlos Lemos Simmonds a la transparencia.[154]
En la fase de candidato a la alcaldía municipal de Medellín en 2019, se dieron amenazas de muerte en contra suya por parte de, al parecer, sectores de la delincuencia común. En el 2021 en mayo en las protestas que sufrió el país, le mandan una carta de amenazas de grupos criminales, el dice que es del grupo de revocatoria pero el tema está en investigación.[155]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
