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Unidad para la restitución de tierras de Colombia De Wikipedia, la enciclopedia libre
La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas o simplemente Unidad de Restitución de Tierras (URT) de Colombia es una institución creada en enero de 2012, a través de la Ley 1448 de 2011, conocida comúnmente como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con el fin de lograr la restitución jurídica y material de las tierras despojadas en el marco del Conflicto Armado en Colombia.
Unidad de Restitución de Tierras | ||
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Localización | ||
País |
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Información general | ||
Jurisdicción |
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Tipo | Unidad Administrativa Especial | |
Organización | ||
Ministros | Jhenifer Mojica (Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural) | |
Dirección |
Giovani Yule (director general) | |
Depende de |
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Historia | ||
Fundación | 2012 | |
URT | ||
Es una entidad administrativa adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que tiene como objetivo central la restitución de tierras de los despojados y llevar a cabo el Registro Único de Tierras Despojadas. Esto significa que la unidad es la encargada de diseñar y administrar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, en donde se inscriben el predio, el sujeto de restitución, su relación jurídica con la tierra y su familia.[1]
La Unidad es responsable de llevar a cabo, a nombre de las víctimas, las solicitudes o demandas de restitución ante los Jueces y/o Magistrados de Restitución de Tierras. En caso de no ser posible la restitución, y previa orden judicial, la Unidad deberá compensar a la víctima y a los terceros de buena fe que exenta de culpa.
La Unidad no puede interferir en las decisiones judiciales relacionadas con la restitución de tierras, que en todo caso son responsabilidad de los Jueces y Magistrados especializados en restitución de tierras, quienes deben tomar las decisiones y pretensiones conexas a la reparación integral. Este proceso se decide en única instancia y de manera definitiva. El Estado conservará el poder sobre la tierra en tanto se garantice goce efectivo de la tierra, entiéndase como pleno derecho de propiedad del sujeto de restitución.[2]
La misión de la entidad es ser la institución del Gobierno Nacional que actúa como órgano administrativo de la restitución de tierras y territorios permitiendo la protección y el reconocimiento de los derechos y la reparación integral a las víctimas de despojo y abandono forzado, aportando al desarrollo rural y a la construcción de la paz.[3]
La Unidad espera para el 2031 haber contribuido a la reparación integral de las víctimas de abandono y despojo forzado, al desarrollo rural y a la construcción de paz en Colombia, a partir del goce del derecho fundamental a la restitución jurídica y material de tierras y territorios.
El Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA) es un instrumento que les permite a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia obtener la protección jurídica de las relaciones de propiedad, posesión u ocupación sobre inmuebles, que hayan dejado abandonados por culpa de algún actor armado.
La inscripción en el RUPTA tiene como finalidad impedir el registro de actos que impliquen la transferencia del derecho de dominio de los inmuebles rurales y urbanos. Se deberán inscribir el solicitante y su relación jurídica con el predio objeto de la medida.[5]
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