Refugiados de Venezuela
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Los refugiados de Venezuela son personas venezolanas que desde la década de 2010 se han visto forzadas a huir de Venezuela como consecuencia de violaciones a derechos humanos, violencia, inseguridad, persecución por opiniones políticas, desempleo, crisis alimentaria, carencia de medicinas, corrupción e hiperinflación que en conjunto han sido catalogadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) como una crisis humanitaria[1] y que necesitan protección internacional de conformidad con la normativa nacional y regional, en particular la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951[2] y la Declaración de Cartagena.[3]
De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se ha producido un aumento de 2000 % en el número de nacionales venezolanos que han solicitado el reconocimiento de condición de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en los países de las Américas desde el año pasado. Aunque más de 94 000 venezolanos pudieron acceder a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado en 2017, muchos más con necesidad de protección optan por otras alternativas de residencia legal, que pueden ser más rápidas de obtener y otorgan el derecho al trabajo, acceso a la salud y la educación. Sin embargo, cientos de miles de venezolanos permanecen sin documentación o permiso para residir legalmente en países de acogida. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación, la trata de personas, la violencia, el abuso sexual, la discriminación y la xenofobia.[4]
Para brindar apoyo a los esfuerzos de los gobiernos nacionales respecto de la respuesta frente a las necesidades de protección y de soluciones por parte de un número cada vez mayor de refugiados y migrantes venezolanos, el ACNUR y la OIM (Organismo de las Naciones Unidas para la Migración) anunció el nombramiento del Sr. Eduardo Stein como representante Especial Conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en la región. Trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluyendo el acceso a territorio, protección de los refugiados, estatuto regular, y la identificación de soluciones para refugiados y migrantes venezolanos.[5]