Paro Nacional de Ecuador de 2022
movilizaciones realizadas a partir del 13 de junio de 2022, en oposición al gobierno de Guillermo Lasso / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
Las manifestaciones en Ecuador de 2022, también conocidas como Paro Nacional en Ecuador de 2022, fueron una ola de movilizaciones a nivel nacional realizadas del 13 al 30 de junio de 2022, convocadas por varias organizaciones sociales, principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en oposición a las políticas del gobierno de Guillermo Lasso.[28]
Manifestaciones en Ecuador de 2022 | ||||||
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Manifestaciones en Quito. | ||||||
Fecha | 13-30 de junio de 2022 | |||||
Lugar | Ecuador Ecuador | |||||
Acción |
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Causas |
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Objetivos |
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Estado | Finalizado | |||||
Consecuencias |
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Partes enfrentadas | ||||||
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Figuras políticas | ||||||
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Saldo | ||||||
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Las movilizaciones se produjeron tras el primer año de gobierno de Lasso, tiempo en el cual se incrementó considerablemente el precio de los combustibles y la canasta básica familiar;[29] además de agudizarse la crisis de seguridad que azota al país desde el gobierno de Lenín Moreno.[30] Así también, se destaca el desabastecimiento y la inoperatividad del sistema de salud pública.[31]
Guillermo Lasso denunció la existencia de un «golpe de estado» detrás de las protestas luego de que se planteara la posibilidad de iniciar el proceso de destitución del mandatario en la Asamblea Nacional.[32] Según afirma, se han infiltrado supuestos grupos de vándalos que «buscan desestabilizar la democracia sembrando el terror».[33][34] El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, realizó una denuncia penal por «rebelión y terrorismo» ante la fiscal general Diana Salazar por hechos ocurridos durante el paro nacional.[21][35][36]
El 30 de junio, tras 18 días de movilizaciones, las organizaciones indígenas y el gobierno lograron un acuerdo con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Las partes firmaron un «Acta por la paz», en el que se establecieron los consensos y compromisos alcanzados: el Ejecutivo aceptó a reducir el precio del combustible, derogar el decreto ejecutivo 95, relacionado con política petrolera, y reformar el decreto 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas: por su parte, las organizaciones indígenas declararon el cese de las movilizaciones. Además, los acuerdos establecieron una mesa de diálogo de 90 días. Leonidas Iza dijo que en caso de que no se cumplieran los puntos, las comunidades indígenas volverían a manifestarse.[37]