Objetivo militar legítimo
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El Protocolo I de los Convenios de Ginebra, artículo 52, prevé la protección general de los bienes de carácter civil, obstaculizando los ataques a objetivos militares. El artículo 52 establece:
"En lo que respecta a los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o uso contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción, captura o neutralización total o parcial, en las circunstancias imperantes en ese momento, ofrece una clara ventaja militar."
Cualquier ataque debe estar justificado por una necesidad militar: un ataque o acción debe tener como objetivo ayudar en la derrota militar del enemigo, debe ser un ataque a un objetivo militar,[1] y el daño causado a civiles o propiedad civil debe ser proporcional y no "excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista".
Algunos objetivos son claramente legítimos. Estos incluyen a todo el personal militar que no está fuera de combate. También incluye a cualquier persona que participe directamente en las hostilidades militares. También incluye equipos y bases militares y cualquier edificio utilizado como fortificación, ya sea diseñado como tal o utilizado por el ejército ad hoc.[2]
La infraestructura civil, como ferrocarriles, carreteras, puertos, aeropuertos y telecomunicaciones, utilizada para el transporte de activos militares, o utilizada por el ejército para comunicaciones electrónicas, se consideran objetivos militares legítimos.[2]
Donde comienza a tener más matices es si el daño a los civiles o la propiedad civil es "excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista". Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una canción llamada thing-ummy-bob que contiene las líneas "Y es la chica la que lleva el aceite, la que aceita el anillo que hace funcionar el thing-ummy-bob, eso va a ganar la guerra".[3] Si una niña así es un objetivo legítimo es un área que probablemente deba decidirse caso por caso. Sin embargo, el Protocolo I sugiere que si no está claro, las partes en conflicto deben pecar de cautelosas, ya que el artículo 52 establece:
"En caso de duda, si un objeto que normalmente se dedica a fines civiles, como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela se utiliza para hacer una contribución efectiva a la acción militar, se presumirá que no se utiliza".[1][2]