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La nobleza incaica era un grupo social privilegiado en el Imperio incaico y en el Virreinato del Perú Compuesta principalmente por los descendientes de los soberanos incas, organizados en panacas tanto en el Cuzco como en otras regiones. También incluía a miembros de etnias aliadas de los incas, provenientes de la región cuzqueña. A sus integrantes se les conocía genéricamente con el nombre de orejones.
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Los incas constituían una verdadera casta dentro del imperio con características de exclusividad y preeminencia hacia los súbditos comunes. Sus miembros pertenecían a las panacas, las familias creadas por cada uno de los soberanos incas que se habían sucedido en el trono. Esta nobleza, al igual que los soberanos, formaban una estirpe, debido a los enlaces endogámicos que establecían entre sí, no tanto para conservar la pureza de sangre sino para mantener los estrechos vínculos de parentesco con el Sapa Inca. La manutención de los nobles provenía del tributo.
La nobleza de sangre en el Imperio incaico se estima al momento de su caída en más de 10 000 individuos repartidos en diferentes partes del Tahuantinsuyo, que cumplían funciones administrativas y militares. Parte de las estrategias utilizadas por los incas para someter a otros pueblos, luego de enfrentamientos militares, era establecer alianzas matrimoniales entre los gobernantes locales y las hijas o concubinas del Inca a modo de crear lazos que permitieran la ocupación pacífica. También era habitual que el curaca entregara a sus hijas o esposas al Inca, las que se enviaban directamente al Cuzco para formar parte de su serrallo.
La pertenencia a esta élite restringida estaba determinada por lazos de consanguinidad y nadie podía acceder a ella salvo por derecho de nacimiento. Las excepciones eran los llamados "nobleza por privilegio", una categoría limitada de individuos comunes que se habían distinguido por méritos militares excepcionales y que eran acogidos en las filas de la nobleza en consideración a las cualidades demostradas en la batalla.
El derecho de nacimiento era un requisito indispensable para acceder a la condición de "inca", pero por sí mismo no garantizaba, de manera absoluta, la aceptación de la nobleza. Los jóvenes aspirantes, después de largos estudios en las más diversas disciplinas, tenían en efecto que someterse a un duro entrenamiento y, en el colmo de difíciles pruebas, incluso crueles, recibían, en caso de éxito, la aprobación del Inca. Esta especie de iniciación, llamada warachikuy, finalizaba con una solemne ceremonia que consistía en la perforación de los lóbulos de las orejas y la introducción en ellos de aquellos discos de oro que eran la insignia de la casta y que habrían dado a los incas el apelativo de "orejones" por los conquistadores españoles. Desde ese momento el nuevo inca pasó a formar parte de la nobleza y pudo ser empleado en una de las numerosas tareas que su condición conllevaba.
Para distinguirse del resto, los varones miembros de la nobleza se trasquilaban el cabello, cortándoselo y llevándolo sumamente corto en comparación a todos los habitantes del Imperio, quienes estimaban mucho llevar el cabello largo. Los de la etnia incaica, además se deformaban el cráneo en forma tubular erecta.
La guerra los involucró de manera preponderante, pero también tuvieron que acometer todos los trámites administrativos que regían el complejo aparato estatal y preveían la gestión del Estado. Siendo ellos los únicos en alcanzar los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios, también tuvieron que cargar con la carga de administrar justicia y planificar las inmensas obras arquitectónicas y agrícolas que caracterizaron a la civilización inca. La vida de un noble inca era intensa y laboriosa. La animaban las grandiosas fiestas a las que la admitían, pero también estaba llena de responsabilidad.
Hubo miembros de la Casa real incaica que apoyarían a los españoles en la Conquista del Imperio incaico, como Túpac Hualpa, Manco Inca o Paullu Inca. Esto se debió a que los Conquistadores españoles buscaban pactos de alianza con la Nobleza incaica en medio de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, logrando que los Capac Inca acepten servir al rey Carlos I de España a cambio de salvación y protección frente a los terribles abusos que se cometieron por la Guerra civil incaica. A su vez, se deseaba convertir a los emperadores incas a la fe católica, para que a su vez el resto de sus súbditos le siguieran los pasos. Con Paullu Inca, bautizado por Juan Pérez Arriscado (de la orden de San Juan),[1] se logró tal cometido y varios nobles prosiguieron en convertirse al catolicismo, como García Cayo Topa, Felipe Caro Topa, Juan Paccac o Pascac, Juan Sona, etc. Varios de estos incas católicos promoverían la construcción de Ermitas y Parroquias para ayudar al proceso de evangelización.[2] Así, existió una nobleza indígena colaboracionista a la monarquía española y la iglesia católica, estos nobles indígenas que colaboraron con los españoles de un modo u otro (aceptando así todas las requerimientos exigidos) lo hicieron con la esperanza de que la Corona les otorgase la libertad y autonomía del que habían sido privados por los últimos Incas, en tanto que otros querían conservar su estatus y privilegios en el nuevo sistema virreinal. Así mismo hubo un grupo de caudillos indígenas que buscaron ascender socialmente o que se les reconozca un estatus del que no habían gozado en el pasado, pero que ellos se atribuían ante los conquistadores españoles. En cuanto a la nobleza incaica, se les reconoció privilegios a los descendientes de Huascar, Paullu Inca, Huayna Cápac, Túpac Yupanqui, entre otros, quienes contribuyeron con la conquista y pacificación de territorio en favor de la Corona.
"Algunos naturales de las Indias eran en tiempo de su infidelidad caciques y señores de pueblos, y porque después de su conversión a nuestra santa fe católica, es justo que conserven sus derechos, y el haber venido a nuestra obediencia no los haga de peor condición."Felipe II, 1557
Sin embargo, Manco Inca, debido a agravios recibidos por los españoles, terminó provocando una rebelión y forjó su propia línea de sucesión al trono inca, a través de los Incas de Vilcabamba, quienes, por medio del Estado neoincaico, le declararon la guerra a la Monarquía Hispánica. Pese a ello, virreyes del Perú como Pedro de la Gasca, Andrés Hurtado de Mendoza y otros buscaron integrar a esos reductos incas al área de colonización española con el fin de que pudieran controlarlos y terminar las revueltas, logrando una reconciliación. Siendo así que, el 5 de enero de 1558, el joven soberano, Sayri Túpac, recibió una majestuosa acogida por parte del virrey Hurtado de Mendoza en la ciudad de Lima, en el que acordaron que: A cambio de recibir y reconocérsele propiedades prometidas por los españoles (mayormente en el Cuzco), renunció a sus derechos como soberano del Tahuantinsuyo, en favor de trasladar tales derechos (de ser sucesor de Atahualpa) al rey Felipe II de España y a sus sucesores de la Corona de Castilla, en una aplicación de Translatio imperii, donde los Reyes de España, a partir de Carlos I de España, serían legítimos sucesores de los Sapa Inca como Reyes del Perú, por ello, Carlos adopto el título de XV Emperador del Perú, en el que reconocía a los 14 incas previos también como Reyes del Perú.[3][4][5] Aunque se reanudaría la guerra hispano-inca con su sucesor Titu Cusi Yupanqui, se reafirmaron los términos con el Tratado de Acobamba, por el que aceptaba el Inca ser vasallo del rey Felipe II, solo en la medida de que este cumpliera con el trato, y este a su vez reconocía su título de Inca.
«En remuneración y recompensa de los Reynos del Perú, por la cessión, y renuncia expontania, que mis Reales pasados hicieron de ellos, en obsequio de la Real Corona de Castilla».
Siendo así que, durante el Virreinato del Perú, la nobleza incaica la conformaron todos los indígenas nobles; es decir, todos los descendientes de la élite incaica y de las panacas reales. Fueron también nobles reconocidos aquellos indígenas descendientes de las grandes macroétnicas costeñas y andinas. Instaurado el virreinato, la condición de estos nuevos nobles no fue aceptada por los encomenderos, pues creían que esta clase social podría encabezar alzamientos y revoluciones, tal como sucedió durante la rebelión de Manco Inca. Aun así, Carlos I concedió, desde 1544, múltiples privilegios a los incas que hubieran sido leales y cooperativos con las autoridades españolas, como Paullo Inca, Cayo Topa, Don Felipe Cari Topa, etc. Posteriormente, Carlos I ordenó, por Real Cédula del 9 de mayo de 1545, la creación del Alférez Real de los Incas, otorgándosele tales honores a Cristóbal Paullu Inca, siendo su elección a cargo de los descendientes de la panca de Huayna Cápac. También en otra real cédula del mismo día le otorgaría blasones nobiliarios a Gonzalo Uchu Hualpa y Felipe Tupa Inga Yupanqui, ambos hijos de Huayna Cápac,[6] y en el mismo año a Luis Clemente Topa.[7] En 1570, se concedió a los indígenas el honor de elegir un Alférez real, sobre todo a los nobles incas presentes en el Cusco tras la visita general del Virrey Toledo; sin embargo, se presentó una situación de conflicto y desorden entre los nobles incas a la hora de hacer el sufragio.[8] Posteriormente, por consejo de Agustín Jara de la Cerda (Juez de naturales) se dispuso en 1595, durante el gobierno de Felipe II de España, que cada una de las panacas fuese representada por 2 electores y que todos constituirían un Cabildo de Indios Nobles, que estuviera compuesto de 24 electores, quienes nombrarían mediante sufragio a un Alférez Real para la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. Inspirado en el Consejo de los Príncipes electores del Sacro Imperio Romano Germánico, se formaría el Consejo de los 24 nobles electores Incas del Cusco.[9][10]
Con la llegada del virrey Álvarez de Toledo se daría un proceso de reorganización que afectará también a la nobleza indígena cristiana en general, dándose la caída de los "cacicazgos ilegítimos" instaurados por los llamados "conquistadores y encomenderos". Esta elite indígena había alcanzado el poder en ciertas regiones por haber ayudado como jefes militares y colaboradores políticos a los primeros españoles en sus empresas de conquista, y habían logrado prolongar su mandato hasta la década de 1560, siendo “los mandoncillos caciques” denunciados muchas veces por los mismos indios ordinarios a causa de sus malos tratos. También se quiso verificar la procedencia de algunos "incas de privilegio" y abolir los títulos de quienes se presentaban con engaños que eran nobles indígenas.[11] Álvarez de Toledo se encargó durante su gobierno de neutralizar a toda la elite indígena que supusiesen un peligro ya sea presente o futuro para el gobierno español y para la Corona, por lo que muchas veces tuvo que recurrir a métodos arbitrarios que le hicieron ganarse la enemistad o antipatía de este sector de poder. Aquella paranoia de Toledo (que estaba constantemente preocupado de que la nobleza inca no fuese confiable y apoyasen a los Incas de Vilcabamba generó un grave daño a la elite cusqueña en dichos años, lo que fue expresado en la decadencia económica de sus barrios por la confiscación temporal de sus bienes (como el palacio y parroquia de San Cristóbal Qolqanpata, sus rentas, encomiendas, mercedes y hasta títulos) y luego intentar obligarles a ser indios tributarios (lo que generó que se apelase en la Real Audiencia de Lima contra dicha medida), lo cual luego generó que la generación de indios nobles de 1570-1580 tuviera dificultades para gozar del seminario de altísima calidad de los jesuitas.[12] El objetivo del virrey no era desmantelar a la nobleza indígena (dado que al final la elite recuperaría sus bienes y privilegios), sino tener a autoridades indígenas fieles a las disposiciones del gobierno, y así lo consiguió. Los nobles Incas del Cuzco fueron reducidos en parroquias y fueron obligados por el virrey Álvarez de Toledo a pagar tributo juntamente con los yanaconas o hatunrunas, aunque lograron ser eximidos de tributar luego de protestar. Por otro lado se ejecutó a Túpac Amaru I tras una última declaración de guerra, sin embargo su panaca de Sayri Túpac negocio su rendición con la Corona a cambio de privilegios, logrando ponerse en práctica de una vez la capitulación de 1558. El virrey Álvarez de Toledo llegó a solicitar que la descendencia principal de los Incas de Vilcabamba, Ana María de Loyola Coya Inca, debía de ser enviada a España, impidiéndosele retornar al Perú. Con ello, la Orden jesuita se volvió un fuerte defensor de la legitimidad incaica dentro del Imperio español (al grado que los incas en 1610 decidieron que Ignacio de Loyola sea su santo patrón)[13], partidarios de una política indigenista en el que se relataba a los Incas como los "señores naturales" de los Reinos del Perú, cuyos privilegios no podían ser eliminados por la conquista española; siendo un ideario político en pugna contra la visión promovida por los Regalistas (defendida por Toledo, Juan de Matienzo[14] o el Inca Garcilaso de la Vega)[8] en el que se veía a los Incas como violentos tiranos que usurparon las tierras e instituciones de los demás pueblos indígenas en contra de su voluntad durante las Expansiones del Imperio inca, y por el cual el Rey de España había venido a dar orden. Las autoridades españolas buscaban legitimar el Gobierno del Perú a través de las instituciones andinas de poder, sobre todo en cuanto a los mecanismos incaicos de sujeción, por lo que muchos clérigos y burócratas mostraron un fuerte deseo de indagar empíricamente sobre los indios y los Incas con fines específicos de garantizar la autoridad moral del Imperio español en los Reinos de Indias, dándose intrincados debates sobre si los Incas debían ser vistos como "Señores Naturales" o como "Tiranos".[14] Posteriormente, el Virrey Toledo ordenó la realización de la primera Genealogía Inca, con base en las tradiciones orales y otras probanzas de las panacas, para preservar su historia y lograr una legitimidad política ante los Indios.[15] A su vez, entre las décadas de 1570 y 1580 lograrían realizar acciones legales donde se les reconociera sus privilegios y exención de Servidumbre ante el estado español, adaptándose a las categorías jurídicas del derecho castellano, como el uso de conceptos como Hidalguía.[16]
Las panacas, tras el gobierno del Francisco de Toledo con la instauración de las Reducciones, serían reubicados en distintos barrios y tratarian de preservar su linaje (habiendo conflictos familiares cuando un miembro se enamoraba con alguien de la Nobleza indígena no-inca).[17]
Sin embargo, durante un siglo, los curacas nobles fueron reconocidos y aceptados, incluso muchos de ellos tuvieron comercio directo con la población española, pues tuvieron acceso a tierras y chacras. Hay que señalar que los nobles indígenas se encontraban exentos de tributar y de ir a la mita, por lo que el comercio se convirtió en una fuente de ingresos importante. Los nobles indígenas, aprovechando su condición, muchas veces comerciaban con productos que a su vez se encontraban libres de impuestos (olluco, oca, papa, etc.) y que tenían gran demanda entre la población vernácula. La corona buscó igualmente consolidar su posición, creando para ello colegios especiales para curacas. En ellos, además de ser correctamente evangelizados, aprendían gramática y ciencias. El poder de esta familia Inca era de tal magnitud que muchos de ellos (por no decir todos) ocuparon cargos virreinales de gran importancia local (como las alcaldías y alferazgos), prestaban servicios en la Milicia del Cuzco y en otras milicias provinciales (ya sea como suboficiales u oficiales) e incluso tenían la potestad de declarar la guerra, siempre que cumplieran con su deber y obligación al servicio de la Corona (protestad que harían contra la Rebelión de Túpac Amaru II). A su vez, recibieron la condecoración del Toisón de Oro a perpetuidad, se les concedió el derecho de administrar tribunales, concejos y cabildos por todos sus dominios, además de tener una corte, con sus correspondientes consejeros. Con dicha autoridad, privilegios y riquezas, llegarían a mantener sus palacios, así como manejar los negocios más importantes de la economía virreinal.
Los nobles incas llegarían a ser mecenas de la Escuela cuzqueña de pintura, pues vieron a las artes como un medio de propaganda social y política para salvaguardar su tradición a través de conmemorar eventos históricos y costumbres de importancia para los incas. Entre los mejores estudiosos sobre las panacas de los incas de la era virreinal, estuvo el corregidor del Cuzco, Juan Polo de Ondegardo y Zárate, lo cual influyo mucho en las pinturas sobre la genealogía de varias familias incas.[18]
Muchos integrantes de la nobleza incaica inclusive viajarían al Viejo Mundo, casándose con familias de la alta realeza europea o negociando con la Corte de España por los derechos de los indios.[19][20] Es por ello que incluso todavía se podría encontrar descendientes Incas en Europa, como la Casa de Loyola (familia de San Ignacio de Loyola), la Casa de Borja (familia del Papa Alejandro VI o San Francisco de Borja), la Casa de Javier (familia de San Francisco Xavier) o la mismísima Familia real española. Además, varios miembros de estas 24 familias llegarían a participar en las Cortes españolas, como Melchor Inca,[13] Dionisio Inca Yupanqui, etc. También los hubo de quienes se trasladaron a la Nueva España,[21] como María Joaquina Uchu.[22]
Muchos nobles incas eran indios leales al Imperio español, y trataron de demostrarlo, sea por ser funcionarios públicos muy competentes para los Virreyes del Perú (o incluso Gentilhombres del Rey de España en las Cortes) o sea por ingresar en las Fuerzas armadas de España, incluida las Órdenes militares españolas o la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Figuras notables de incas al servicio de la causa realista fueron:[23]
El virrey José de Armendáriz restableció el sistema por el cual los nobles incas que pudieran acreditar su ascendencia eran reconocidos como hidalgos de Castilla. Esto condujo a un frenesí por parte de la nobleza indígena, que tenía que demostrar sus títulos nobiliarios para legitimar su estatus. Por eso usaban las probanzas y las presentaban a los tribunales, aunque muchas veces eran falsas.
Sin embargo, la existencia de una facción nacionalista neo-inca, que, a través de memorialistas y voceros, hacían conspiraciones contra el Absolutismo borbonico, ayudo al desarrollo de una paranoia colectiva entre los funcionarios del rey en el que se dudaba de la lealtad de los nobles incas, acusando que, por tener una doble identidad, eran por naturaleza infieles a la autoridad española. A la paranoia se sumó la desconfianza a la Religiosidad popular en los dominios de los Curacas en el Ande, sospechándose que había algunos nobles incas que no eran auténticos cristianos y habían caído en el Sincretismo religioso con la idolatría pagana. Sin embargo, los nobles incas electores harían todo lo posible por demostrar su lealtad a España y devoción católica. [35]
Pero esta situación se agravó en 1780 con la rebelión de Túpac Amaru II, cuando se empezaron a amenazar sus privilegios. Esto se debió a que figuras políticas españolas, como José Antonio de Areche, Benito de la Mata Linares, Vicente Ore, Juan Bautista, Jiménez Villalba, entre otros, buscaban conseguir la abolición de la nobleza indígena y de sus instituciones, a la que consideraban un estorbo para la modernización buscada por las Reformas borbónicas y su Despotismo ilustrado, en busca de una nación unificada y centralizada en las instituciones del Reino de Castilla (haciendo que el Fuero diferenciado de los Reinos de Indias sea vistos con malos ojos, deseándose castellanizar a los nobles incas), así como por las denuncias de sus múltiples irregularidades con la ley y de fraudes en los nobles incas con sus probanzas de nobleza. El caos generado por la Gran Rebelión de los Andes fue la excusa perfecta para que esta facción de la política española empiece a presionar por la realización de este proyecto. Estos arguyeron que la existencia de la nobleza inca ya no tenía alguna utilidad, porque su labor ayudando en la conquista, pacificación y evangelización del Perú ya había terminado hacía tiempo, mientras que argumentaban que era una institución inherentemente subversiva a la Monarquía Española por ser más leales a su cultura local que al Rey, concluyendo ya no eran imprescindibles para asegurar el control de España sobre los indios, sino que más bien suponían una amenaza para la Monarquía, en tanto que no estaba siendo controlados correctamente por las autoridades coloniales y por tanto se provocaba una serie de irregularidades en ellos (corrupción y Nepotismo).[36]
"que estos indios Principales comercian los títulos de Ingas y demás derechos Reales haciéndolos nobles a quienes tuviesen por amigos sin maior reparo"Mata Linares, 1784
“el que ellos auxiliasen en la Conquista no da merito a conservar esta idea de independencia: ellos fueron sugetados, y por consiguiente no deben reconocer sino una cabeza, un dominio”Mata Linares, 1784
“y con una tan mala disposición no solo recuerdan con maior viveza sus antigüedades, y libertades que falsamente se suponen despojados, sino que cometen otros excesos de gravedad, en odio a la nación dominante”.Mata Linares, 1784
"Había en esta ciudad una cuadrilla de indios que se decían nobles electores, como si estuviéramos en el Sacro Imperio, imbuidos de su descendencia de los antiguos Emperadores Ingas atribuiendose cada uno arbitrariamente la que le acomodaba."Mata Linares, 1784
“el mismo sistema que siguió el rebelde mañana lo adoptara otro, se figura descendiente del Inga que se le antoje, y como los indios habrán visto que en la capital se lo reputa, respeta, y conserba como tal por los gefes, no tendrán dificultad en creerlo”Mata Linares, 1784
Fue así que un grupo de altos funcionarios españoles entre el gobierno borbónico, liderados por José Antonio de Areche, sugerirían al rey Carlos III que ordenase la abolición del estamento de la nobleza incaica, así como de los cacicazgos de la baja nobleza (creyendo que los caciques y nobles incas eran un peligro latente para la autoridad de la Corona, deseando que los reemplacen por otro tipo de autoridades sin arraigos culturales tan fuertes). Sin embargo, el virrey Agustín de Jáuregui prefirió mantenerse cauteloso y tan solo abolió los cacicazgos afines al rebelde Túpac Amaru II. A su vez, el visitador Jorge Escobedo decidió ser indiferente a la propuesta tras ser retirado Areche del cargo (en gran medida por las rivalidades de Areche y el Virrey Maneul Guirior).[37][38][39]
El magistrado Mata Linares inicio otro intento de abolir los privilegios de los nobles incas, a través del corregidor Matias Baulen, quien solicitó a los Incas Electores que presentaran sus títulos y documentos, acreditados por el gobierno virreinal, para permitirles seguir realizando sus operaciones institucionales. No lograron presentar tales documentos, por lo que gradualmente varios nobles serían impedidos de participar en la elección y estarían perdiendo sus privilegios al no poder demostrar su abolengo.[36]
“En pura inteligencia de que en cumplimiento de mi obligación devo abolir el abuso de que se incorporasen entre los electores propietarios que gosan de este honor o título en forma los que fraudulentamente se introducían al uso de votar sin haber ocurrido a la superioridad a conseguir su despacho, haciendo constar la legitimidad de sus personas y calidades prescriptas para probar la descendencia que se atribuye pues careciendo de estos requisitos ni ellos se podía llamarse electores ni yo operando justamente consentir que votasen. Por tanto es impedir la continuación de hechos voluntarios contra derecho y de puro capricho parece que lejos de llamar expoliación se debe tener por efecto laudable de mi versión pues fui mirar en el mismo mandato por la autoridad que corresponde al Superior Gobierno de donde ande dimanar la provisiones y títulos de esta especie y lo contrario sera hacerme culpado por condescendiente en un abuso que necesitaba eliminarse”Matias Baulen, 1784
Frente a ello, los Incas denunciaron, ante el corregidor Matías Baulen, al abogado de los Betancur Túpac Amaru, el español Vicente García Rodríguez (defensor de Diego Felipe Betancur contra José Gabriel Condorcanqui por la disputa de la herencia del Marquesado de Santiago de Oropesa), por fraude y robo en el año 1783-1785, aludiendo que estaba utilizando el nombre de la institución para "fines maliciosos" con "falsos informes", que dicho abogado había extraído, de las dependencias del Consejo, los archivos correspondientes a los años 1595 – 1739 - 1676 y 1685 -1780, extraviando varios documentos importantes (Vicente habría hecho esto para así introducir a la persona de Don Diego Tupac Amarú para ser uno de los Electores del Cabildo de los 24, eliminando documentos que perjudicasen sus ambiciones).[40]
“Y respondieron algunos de los indios concurrentes que Don Vicente José García les estrajo sus papeles fingiendo ser apoderado de ellos y figurando ser su mujer descendiente de Tupa Amaro y prometiendoles ser su defensor, y que sin duda llevaría los títulos y constando por diligencia lo expuesto se les notificó en el mismo acto que para el año subsecuente precisamente avian de presentar los títulos con apercibimiento de que en su defecto no votarían sino únicamente los que efectivamente los manifestasen para comprobar ser legítimamente electores y tener derecho a sufragar sus votos.”Matias Baulen, 1785
Sin embargo Vicente García Rodríguez se libraría de las acusaciones gracias a sus influencias en el Cuzco y a sus partidarios dentro del mismo Consejo, puesto que hábilmente preparó un memorial para presentarlo ante la Real Audiencia de Lima, con el objetivo de pedir al mismo virrey Teodoro de Croix el restablecimiento del Alferazgo Real de los Incas, pero con la documentación que él había elaborado y que comprendía los años 1595 – 1780, donde mediante fraudes legitimaba la ascendencia incaica y servicios de los Betancur Túpac Amaru, así como de sus afines (amigos y aliados). Con ello, la nobleza incaica dejó de ser reprimida y volverían a realizar sus funciones entre las dinámicas sociopolíticas del Virreinato.
Algunos miembros apoyaron a Mateo Pumacahua y los Angulo en la Rebelión de 1814, otros a las políticas contrarrevolucionarias del virrey José Fernando de Abascal, pero no tuvieron un papel relevante en las Guerras de Independencia de la década de 1820, manteniéndose ajenos, neutrales y con algunos miembros que colaboraron tanto con realistas como con independentistas. Sin embargo, la gran mayoría apoyo la causa realista a cambio de que los intereses particulares de sus comunidades indias primaran a la hora de negociar los términos de su obediencia (aspirando una reducción de impuestos o garantías de ser premiados con un mayor estatus).[41]
Un primer intento de Disolución se dio con el Protectorado de San Martín, en donde si bien en un inicio quería favorecer a los Monarquistas peruanos, se había dejado claro que los títulos que se mantuvieron como "títulos del Perú" no incluían a la nobleza Indígena, solo a los nobles españoles y criollos titulados que firmaron la declaración de Independencia. Aquello se evidenciaría en la relación que hace el marqués Torre-Tagle, en el que no figura ningún título indígena. Además que, en el juramente de la independencia del 8 de enero de 1821 por Torre Tagle en Trujillo, se dio la exclusión de representantes indígenas del Cabildo de Naturales y de curacas famosos en las poblaciones rurales, como Manuel Anselmo Carhuaguatay, e incluso se ignoró la solicitud de la nobleza indígena de la región de Cajamarca para participar en el proyecto monárquico de José de San Martín y Bernardo de Monteagudo a través de proponer al cacique Manuel Soto Astopilco (cacique principal de las Siete Huarangas de la provincia y descendiente de Atahualpa)[42] como posible Rey del Perú. Aquello dejó entrever de manera tácita que el movimiento liberal sanmartiniano podía concluir en un gobierno monárquico, o quizá republicano, pero en cualquiera de los casos, sería dirigido por la elite de criollos y no por indígenas, por más señoriales y de regias prosapias que pudiesen hacer ostentación, incluso anhelando la venida de un rey europeo nada familiarizado con los nobles incas.[43] Fue por ello que los titulos del Perú (de la nobleza criolla) ya habían sido disueltos con la Constitución Política de la República Peruana de 1823 (desconociendo de paso la legalidad del Consejo de Nobles Incas Cusqueños), mientras que los títulos indígenas sobrevivieron en la resistencia del Virrey José de la Serna en el Cusco hasta 1824, año en que entró Simón Bolívar.
En julio de 1825, Simón Bolívar abolió los privilegios de los nobles incas, y con la Constitución de 1826 se dieron por abolidos los “antiguos cabildos e instituciones” virreinales. Propuestas de disolver la institución habían recibido el apoyo de políticos como Salazar y Baquijano, Bernardo de Monteagudo, Rivagüero, Andrés de Santa Cruz, Hipólito Unanue, etc. Cuando esta institución comenzó a desaparecer, con ella se perdería el registro de los descendientes directos de la Casa real incaica, perdiéndose, por lo tanto, los vestigios de los descendientes de los Incas que forjaron el Tahuantinsuyo.
Decreto: Que ningún individuo del Estado exija directa o indirectamente el servicio personal de los peruanos indígenas, sin que preceda un contrato libre del precio de su trabajo. Que la igualdad entre todos los ciudadanos es la base de la Constitución de la República; que esta igualdad es incompatible con el servicio personal que se ha exigido por fuerza a los naturales indígenas, y con las exacciones y malos tratamientos que por su estado miserable han sufrido éstos en todos tiempos por parte de los jefes civiles, curas, caciques y aun hacendadosBolívar, 1825
El estandarte de los nobles electores del Cusco se lo quedaría Simón Bolívar por medio de Antonio José de Sucre. A pesar de la instauración de la república, la nobleza indígena se resistió a perder su modo de vida, por lo que se adaptaron y asimilaron nuevos mecanismo que les permitieran seguir manteniendo su estatus, como participar del sistema del gamonalismo aliándose con los criollos. Su vida pública de estos "Incas republicanos" se puede rastrear hasta 1839, donde recibieron al presidente Agustín Gamarra.[44]
Hubo familias que quedarían arruinadas tras la abolición de la nobleza, por la que quedarían extintas varios linajes y/o desapareciendo de la vida pública muchas familias.
Incluso muchas familias quedarían empobrecidas por las desamortizaciones y expropiación de sus propiedades, las cuales quedarían desprotegidas ante la República del Perú al practicar la Igualdad ante la ley. Pues un decreto del 4 de julio de 1825 fijo que las tierras de los antiguos caciques debían ser incluidas en la masa repartible, argumentando que los nobles indígenas eran un lastre económico que le daban un uso precario a la tierra (misma tierra que Bolívar decía que la habían usurpado para explotar al indio del común y atarles al tributo indígena), aunque en el fondo era porque Bolívar quería excluirlos del proyecto liberal.[45]
Por otro lado, muchos nobles incas que no se asimilaron al sistema gamonal y el centralismo del Centro histórico del Cuzco (ocupado ahora por elites criollas europeizantes que se asentaron en sus antiguas propiedades) con el resto del departamento, se reubicaron en San Jerónimo y San Sebastián, en donde consolidaron algo de presencia, junto a asegurarse un liderazgo político y económico a nivel local como Pequeño-burgueses (dominando la actividad agropecuaria). Aunque a costa de decaer su productividad industrial (lo cual sería un duro golpe a lo que pudo ser una Burguesía indo-mestiza del Cusco, Ayacucho y otras ciudades andinas). También hubo algunas minorías que lograron mantenerse en el Centro histórico, pero siendo muy dispersos y más difíciles de documentar, sin mucha relevancia política o mantenimiento de sus linajes.[46] En cuanto a los incas en San Sebastián y San Jerónimo, su posición se mantuvo viva y a mediados del siglo XX, cuando se reconocieron elecciones libres (y derecho al voto a los indígenas en el sistema republicano), serían elegidos alcaldes con frecuencia entre las comunidades campesinas (que fueron la continuación "modernizada" de la institución del Ayllu del Antiguo Régimen), haciendo activismo social de un modo Reformista y reclamando civilizadamente sus derechos y de los indios a través de las instituciones y leyes presentes (de modo análogo a su pasividad al Virreinato), no inmiscuyéndose en mentalidades Revolucionarias.[47]
A día de hoy, aún existirían como unas 50 familias descendientes de incas que llegan a tener cierta participación política a nivel local entre sus comunidades.[48]
Otras tantas familias incas lograrían sobrevivir económicamente, y teniendo aún algo de participación política marginal a nivel local, pero a únicamente a través de alianzas con el poder criollo. Esto usualmente fue a través de invertir el patrimonio y capital que aún pudieron conservar, para casarse con los Hacendados Gamonalistas. En su mayoría fueron activos en Moquegua, Arequipa, Cuzco, Ayacucho, Puno, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Ancash y La Libertad y se comportaban como señores feudales, con un estatus de poder y riqueza mucho mayor que la poseída durante el Imperio español, puesto que no tenían que lidiar con virreyes, intendentes, corregidores, caciques y hacendados criollos rivales (que se aliaran con facciones indigenistas en las Reales Audiencias), Leyes de Indias, Derecho indiano u otros funcionarios y normativas jurídicas que le dieran límites y regulaciones a su autoridad. Fue así que intentaron expandirse a costa de las tierras que algunas comunidades de indios lograron mantener tras al Independencia.[49][50]
“Con la independencia del Perú los caciques incaicos que sirvieron a España lograron sobrevivir. Estrecharon lazos familiares con los grupos económico más acaudalados de criollos en las provincias, convirtiéndose en los siglos XIX y XX en los amos de la tierra. En aquellos hacendados y gamonales que explotaron cruelmente a los indígenas y que hoy tras la revolución no existen más”.General. Gallegos Venero, 1975
"Caciques y nobles gobernaron, pues fueron estas corporaciones —mas no necesariamente sus caciques— las que sobrevivieron al colapso del orden colonial, tanto en el Cuzco como en el resto del Perú."José Carlos de la Puente Luna
"Hay que destacar que los "gamonales" que abusaban del indio, generalmente eran mestizos blancoides y no estrictamente blancos".De la Cadena, 2002
Estos gamonales de carácter mestizo/castizo, producto de uniones entre familias cacicales y criollos ricos, tendrían algo de relevancia en las Guerras de la República del Perú, sobre todo en la Guerra del Pacífico, en la que mandaron apoyo económico y organizaron batallones de indios "campesinos y artesanos" (a través de las Levas obligatorias) para combatir a las tropas chilenas, aunque generando disgustos entre puneños, cusqueños y ayacuchanos que no consideraban ese conflicto como suyo, sino de los limeños y sus caudillos (no identificándose con el estado-nación de la República del Perú). Luego habrían de enfrentar estos gamonales a los movimientos indígenas que empezarían a cuestionar su poder. En el siglo XIX fue durante la década de 1830 contra los indígenas aliados a la Confederación Perú-Boliviana, y en la década de 1860 fue contra los indígenas federalistas, que serían intensificadas cuando en 1884 el estado peruano trato de restaurar el tributo indígena, la servidumbre y la mita. En el siglo XX tendrían que combatir a los movimientos Indigenistas e Izquierdistas y las guerrillas Marxistas-leninistas y Maoístas, habiendo aún revueltas en los años 1980 y 1990, pero que fueron fácil de reprimir por hacendados locales.[51] Sin embargo, también tuvieron que lidiar con otros grupos sociales en ascenso, sobre todo la burguesía citadina, la cual se estaba formando en corrientes ideológicas importadas de los Estados Unidos y Europa, los cuales tenían en mente otros proyectos liberales para las tierras de las zonas rurales. Ahí entraría en escena Augusto B. Leguía, primer presidente que empezó a confrontar el sistema gamonalista, ya que consideraba a los hacendados como unos “lastres del pasado Colonial”, que tenía que ser erradicados y ser reemplazados por una clase indios propietarios "imbuidos de un espíritu capitalista peruano". Fue así que Leguía reconocería a las comunidades indígenas como entes jurídicos (similar a como lo habían sido en el virreinato), pero su objetivo a largo plazo era que estos organismos políticos también desaparezcan junto a los hacendados y así concretar una Revolución burguesa (del mismo modo que buscaban los oligarcas criollos en la Independencia, solo que cambiando la estrategia de la Revolución liberal al no aliarse con las clases rentistas, de la que pertenecían terratenientes). Por lo que, el objetivo no era tanto la justicia social, sino impedir la secesión de las provincias del sur, ya que habían estallado una serie de levantamientos indígenas autonomistas y por el cual quería frenar la expansión de los hacendados a través de un contrapeso (las comunidades indígenas y la clase campesina). Ambas opciones, la de la burguesía liberal reformista, como la de los caciques y terratenientes con Malos usos señoriales, estaban lejos del Corporativismo de la época virreinal que defendían los nobles incas que habían sido aliados de los realistas hispanos y que había sido practicado por tradición desde tiempos inmemoriales entre las Civilizaciones andinas.[52][53]
"En 1909 Leguía dictó una ley que prohibía a las autoridades gubernamentales hacer trabajar a los indios sin remuneración salarial y otra que obligaba a los hacendados a pagar al indio con dinero en efectivo en vez de hacerlo con fichas"Ramos, 2020
“La oleada de movilizaciones y levantamientos campesinos en 1919 coindice con una etapa en que el gobierno de Leguía buscaba impulsar una política de desarrollo capitalista urbana e impulsada en el campo, bajo la inspiración de sectores intelectuales más radicales, una política indigenista […] Es importante destacar sin embargo como estos gobierno instrumentalizan el movimiento campesino en un primer momento para mejorar su correlación de fuerzas frente a los sectores agrarios, pero los reprimen luego, cuando estos amenazan desbordar los límites establecidos”González, 1985
Con Manuel Prado Ugarteche se crearía la Comisión para la Reforma Agraria "Pedro Beltrán", cuyo objetivo era la fomentación de haciendas en la selva, cuya creación debían limitar el poder de los grandes terratenientes (beneficiando a los pequeños y medianos hacendados), mientras los nuevos dueños debían cultivar y poner en práctica los valores capitalistas y liberales. Prado en simultáneo aplastó con dureza las revueltas indígenas contra los hacendados en su gobierno.[54] En este contexto convulso desde el Oncenio de Leguía hasta el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, destacarían los movimientos indígenas de la década 1920, 1930, 1940, 1950 y 1960, donde protagonizaron figuras como Pacco Mamani, Sánchez Huanca, Quispe Torres, Quispe Huamani y Saturnino Huillca Quispe, quienes lucharon en son de una reforma agraria y la erradicación de las haciendas de estas familias cacicales.[55] En el proceso los movimientos Socialistas del Proletariado urbano buscaron aliarse con estos grupos de la clase campesina india, con el objetivo de utilizar a estos últimos como carne de cañón en una hipotética Revolución obrera y comunista, pero la mayoría de los indios (ajenos a las filosofías oriundas de las urbes modernas, como el Materialismo dialéctico marxista, y sin "consciencia de clase" en el sentido marxista) jamás los verían como camaradas plenos o dentro de su misma causa y organización, sino como un grupo aliado aparte y diferenciado con el que pactar por un enemigo común (la oligarquía criolla), pues para los indios su lucha era más una Reacción a la Modernidad liberal-burguesa de los criollos, al que negaban adaptarse, no solo por el problema de la propiedad de la tierra al que fueron excluidos, si no por una defensa de su tradición.[56]
"Nosotros queríamos ser campesinos, luchar junto a ellos contra los gamonales, pero ellos (indígenas) no nos veían como sus iguales, nos veían como a blancos que los querían ayudar".Héctor Bejar, 2005
Luego de varios intentos fallidos por lograr la erradicación de los grandes hacendados, por parte de las comunidades campesinas indias o los movimientos guerrilleros socialistas durante sus revueltas en la década de 1960, dado que fracasaron las marchas organizadas por los indigenistas peruanos (así como los esfuerzos de los presidentes Ricardo Pérez Godoy, Nicolás Lindley y Fernando Belaúnde Terry), al final serán las ideas progresistas (provenientes de EEUU) y su influencia las que lograrían la caída del sistema gamonal en el Perú, pues la estocada final sería hecha en la Dictadura de Juan Velasco Alvarado con la “Reforma Agraria de 1969”. En específico, fueron las ideas del Acta de Punta del Este,[57] ya que el mismísimo general Juan Velasco Alvarado declaró que sus políticas fueron basadas en los planteamientos de John F. Kennedy. Con ello, el último rezago de poder en la nobleza indígena peruana, así como retazos deformes del sistema cacical, serían fulminados. Mientras que al "indio" se lo quiso transformar en "campesino (nacional)", con la promesa de ser dueño y señor de la tierra con Igualdad ante la ley.[56]
"Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación, donde así se requiera, de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra, con miras a sustituir el régimen del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento del crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica y la comercialización y distribución de los productos, la tierra constituya para el hombre que la trabaja base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad".Acta de Punta del Este, 1961
“Como les acabo de decir señores periodistas en Punta del Este se reafirmó, con los señores Presidentes que acudieron allí, en el Acta de Punta del Este (1961) en que debería hacerse en los países subdesarrollados la Reforma Agraria.Nosotros en el Perú, esta Revolución está en plena ejecución de la Reforma Agraria. ¿Las tierras quien las ha recibido? El campesino. El gran campesinado que tenemos se ha favorecido con las tierras. Entonces si se va a poner ese cupo, no lo van a sufrir los 12 o 15 Señores que antiguamente eran los Caciques, los dueños de esos grandes complejos. […] De manera que no creo que estos señores congresistas, que son gente preparada e inteligente, que yo creo que tienen sentido de la justicia social vayan a sancionar a esta pobre gente y en buena cuenta, también sancionar al país, al Perú, por el hecho de haber llevado a cabo la Reforma Agraria.
No nos pueden sancionar por hacer la reforma agraria. Y el Perú no lo aceptaría por ningún motivo."Gral. Velasco Alvarado, 1969
Recientemente, por la década de 1990, el ingeniero Gregorio Alfredo Inca Roca Concha (de la panaca de Inca Roca)[58] se dio la tarea de buscar a los descendientes incaicos y convocarlos en un Consejo de la Nación Tawantinsuyana. En 2001 le propuso al presidente Alejandro Toledo el “Proyecto de ley para la restauración de la nobleza inca del Tawantinsuyo”, cuya finalidad era que se restaure el reconocimiento político del Gobierno Peruano hacia los descendientes incaicos, así como el desarrollo de un Congreso del Tawantinsuyo (que hubiera sido el primer paso a restaurar el Consejo de los 24 nobles electores Incas del Cusco). Se sabe que dicho proyecto quedó rechazado.[59]
En años recientes aparecerían otras organizaciones civiles, o iniciativas privadas, que andaban en la búsqueda de reunir a descendientes de la "nobleza indígena" virreinal, ya sea con fines culturales o para incursionar en la política.
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