Licencia menstrual
figura jurídica para protección laboral de las mujeres / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
Una licencia menstrual (también llamado permiso menstrual, baja menstrual o día femenino) es un tipo de derecho laboral contemplado para mujeres y otras personas menstruantes trabajadoras por motivos relacionados con su menstruación, ya sean malestares producto de los síntomas del sangrado, cólicos severos que resulten incapacitantes o por cuadros de trastornos menstruales.[1] Consiste desde recesos adicionales en horario laboral[2] hasta ausencias justificadas con paga por uno o más días. Los empleadores pueden negociar a su vez modificaciones en las tareas, flexibilizar los horarios o permitir el teletrabajo.[3][4]
Como figura se encuentra en la legislación laboral de países y jurisdicciones específicas, y el primer antecedente es de 1922, en la Rusia soviética. En Asia existe en Japón desde 1947, y se incorporó más tarde en Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam y ciertas provincias y territorios de China y de la India.[5][2] En Zambia se conoce coloquialmente como «Día de las madres» y se contempla formalmente desde 2017, mientras que España es el único país de la Unión Europea en reglamentar el permiso remunerado por baja menstrual en 2022.[6] En el resto del mundo puede existir en estados y subdivisiones nacionales específicas, o como parte de los beneficios otorgados por algunos convenios colectivos de trabajo y empresas particulares.[4] También se ha propuesto implementarlas en ámbitos académicos como una medida destinada a mejorar la experiencia de aprendizaje, y evitar que las alumnas pierdan la regularidad de sus estudios a raíz de ausencias por malestares.[7]
Las licencias menstruales han sido objeto de debate y controversia. Los sectores que promueven su adopción las comparan con las otorgadas por motivos de maternidad, y las consideran una herramienta para lograr mayor igualdad de género dentro del ámbito laboral. Por otro lado, se ha indicado que su uso indiscriminado podría perpetuar la idea asociada al sexismo de que la menstruación se equipara a una enfermedad. También existe una preocupación de que generen un coste extra inviable para el empleador y promueva un sesgo discriminatorio en la contratación o ascenso laboral de mujeres.[8][9]