Ley de reparación histórica para jubilados y pensionados
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La ley 27.260[1] fue ley promulgada durante la presidencia de Mauricio Macri que buscó cerrar los juicios que llevaban adelante jubilados por los reajustes de sus haberes.[2] Según el FMI la ley comprometía la sostenibilidad del sistema previsional[3][4] por lo que el déficit que alcanzaría el 2,25% del PBI para 2023 y el 5% para el año 2066.[5] Desde su implementación en 2016, se comenzaron 32.058 acciones judiciales de jubilados y pensionados contra el Estado, en 2017 esa cifra llegó a 25.999 nuevos juicios. Análisis de especialistas admitieron que a 18 meses de la implementación menos del 10% de los jubilados con juicio iniciado aceptaron la oferta, con ofrecimientos muy bajos con relación al monto que surge de la demanda o de la sentencia. De cada 100 que la ANSeS debe pagar a los jubilados por sus juicios debido a la ley terminó pagando 25.[6]