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política española De Wikipedia, la enciclopedia libre
Irene Rigau Oliver (Bañolas, España, 22 de junio de 1951) es una psicóloga y política española. Ha sido diputada por Convergència Democrática de Cataluña y por Junts pel Sí en el Parlamento de Cataluña, y donde llegó a presidir la comisión de Cultura.
| Irene Rigau | ||
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 Consejera de Bienestar y Familia de la Generalidad de Cataluña | ||
| ← 1999-2003 → | ||
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| Consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña | ||
| ← 2010-2016 → | ||
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Diputada del Parlamento de Cataluña por Gerona y Barcelona | ||
| 2003-2011; desde 2012 | ||
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| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Irene Rigau i Oliver | |
| Nacimiento |
22 de junio de 1951 (73 años) Bañolas (España) | |
| Residencia | Barcelona y Ribas de Freser | |
| Nacionalidad | Española | |
| Familia | ||
| Cónyuge |
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| Educación | ||
| Educada en | ||
| Información profesional | ||
| Ocupación | Política, psicóloga, profesora de enseñanza secundaria e inspector educativo | |
| Partido político |
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| Distinciones |
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| Firma |
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Fue consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalidad de Cataluña de 1999 a 2003 en el último gobierno de Jordi Pujol, y consejera de Enseñanza desde 2010 a 2016 con Artur Mas. Inhabilitada para cargo público desde 2017, fue condenada por desobediencia al Tribunal Constitucional y prevariación como consecuencia de la consulta del 9-N.
Nacida en Bañolas, es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomada en Educación General Básica por la Escuela Universitaria del Profesorado de Gerona. También ha sido maestra de enseñanza primaria por la Escuela Normal de Maestros de Gerona y de lengua catalana por el Instituto de Ciencias de la Educación.[1]
Se incorporó al movimiento de escultismo y en 1969 fue responsable pedagógica de Chicas Guías de Guías Sant Jordi de la demarcación de Gerona.[2] Desde 1970, ejerció la docencia en la enseñanza pública como maestra de educación infantil y primaria en varias poblaciones de las comarcas de Gerona. También fue profesora de enseñanza secundaria y ha impartido docencia en la Universidad de Gerona como profesora de Psicopedagogía, Prelectura y Preescritura y de Ciencias de la Observación. Fue miembro del Consejo de Enseñanza en 1980. Ha ejercido de maestra, inspectora de enseñanza y profesora universitaria.
Ha ocupado diversos cargos en los servicios territoriales de Enseñanza en Gerona (1982-1986), fue secretaria del Consejo Escolar de Cataluña (1986-1989), subdirectora general de Formación Permanente (1989-1993) y secretaria del Consejo Interuniversitario de Cataluña (1993-1999). Se jubiló como docente en 2016.[3]
Fue miembro del Consejo Nacional de Convergencia Democrática de Cataluña, organismo que presidió desde el XVI congreso del partido en marzo de 2012[4] hasta su disolución en 2016.[5]
De 1999 a 2003 fue consejera de Bienestar y Familia de la Generalidad de Cataluña.
Ha sido diputada del Parlamento de Cataluña por Gerona en la vii legislatura,[6] y por la circunscripción electoral de Barcelona en la viii, ix (causó baja en 2011), x, xi legislaturas.[7][8][9][10]
Fue nombrada consejera de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por el presidente Artur Mas y tomó posesión del cargo el 29 de diciembre de 2010.
En 2015 se presentó a las elecciones en la candidatura de Junts pel Sí y fue elegida diputada. Se mantuvo al frente de la consejería en funciones hasta que en enero de 2016 fue elegida Meritxell Ruiz como nueva consejera de Enseñanza.[11]
En septiembre de 2015 fue imputada junto al Presidente de la Generalidad de Cataluña Artur Mas y la vicepresidenta Joana Ortega de un presunto delito de desobediencia, malversación, prevaricación y usurpación a raíz de la consulta del 9 de noviembre de 2014 sobre el futuro político de Cataluña conocida como 9N.[11]
En 2016 fue una de las firmantes del manifiesto en contra de la «bilingüización forzosa»,[12] un manifiesto crítico con el modelo de bilingüismo en Cataluña defenidiendo el catalán como lengua oficial en una futura Cataluña independiente.[13]
El 13 de marzo de 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la condenó, por unanimidad, a dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa por importe de 24.000 euros como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público, recogido en el artículo 410 del Código Penal,[14] en concreto, por la llamada Consulta del 9-N. La pena de inhabilitación conlleva la prohibición de ejercer como cargo público local, autonómico o estatal durante el período de condena impuesto.[15][16] Fue absuelta del delito de prevaricación. El de malversación cayó antes de llegar a juicio, por lo que no se le llegó a juzgar por dicho aspecto.
Como consecuencia de esta sentencia, el Tribunal de Cuentas le condenó a pagar los más de 5 millones de euros que costó al erario público la consulta.[17]
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