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La inmigración irregular en España[1][2], también llamada inmigración ilegal, se refiere a la entrada de inmigrantes en el territorio del Reino de España que no tienen autorización legal para hacerlo (aunque sea su destino final España o un tercer país), o también de aquellos que habiendo entrado legalmente no tienen la autorización por ley para permanecer en el territorio nacional.
Debido a la situación de España, como país frontera con el continente africano y su relación con los países de Latinoamérica, ha sido una puerta tradicional de gran número de inmigrantes, sobre todo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
La inmigración irregular supuso 56.852 entradas en España en 2023, un 82,1% más que en 2022.[3]Del total, sólo 1.234 inmigrantes accedieron irregularmente al país por vía terrestre a través de Ceuta o Melilla, mientras el resto lo hicieron por vía marítima.
Las rutas de acceso a España serían:
A finales de los años 1980 llegaron las primeras pateras a las costas españolas.[5] El 1 de noviembre de 1988 se produjo el primer naufragio conocido de inmigrantes en Tarifa, en la playa de los Lances. Fallecieron 18 personas ahogadas pero 5 pudieron salvarse.[6][7]
En 1992 España y Marruecos firman un acuerdo de devolución de inmigrantes[8] por el cual se devolverían los inmigrantes que ingresarán en territorio nacional desde el reino marroquí. Por entonces el problema ya empezaba a ser grave para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en las cuales la valla perimetral era de escasa protección, centrándose toda la vigilancia de inmigrantes en los puertos de paso a la península.[9] En 1995 se decide a reforzar la valla de Ceuta y en 1998 se procede a reforzar la valla de Melilla. Para el octubre de 1996 había 500 inmigrantes en Ceuta esperando dar el salto a la península y aproximadamente 200 en Melilla, un aviso de lo que ocurriría años después.[10]
La inmigración regular e irregular creció permanentemente hasta el máximo marcado durante el 2008, en la llamada crisis de los cayucos en la cual en ese año llegaron 39.180 personas registradas en embarcaciones, muy por encima de los 11.781 personas de 2005, o los 18.056 de 2007. Además 2008 fue un punto de inflexión por la afluencia de embarcaciones ilegales desde las costas de África Occidental hasta las Islas Canarias, algo inaudito hasta entonces.
En ese año (2008) las autoridades españolas detectaron 92.730 personas sin la documentación en regla. Esta cifra ha ido reduciéndose hasta 37.295 en 2016.[11]
En 2018 se observa de nuevo un repunte con el acceso de más de 56.000 individuos.
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De los datos del Ministerio del Interior se arroja que la mayor parte de la inmigración irregular tiene origen en Argelia, seguidos de Marruecos y Guinea.[11]
Las condiciones en las que un extranjero entra en territorio nacional quedan recogidas en la Ley de Extranjería de España. En resumen se podría destacar lo siguiente de la ley de extranjería:
Un centro de internamiento es un lugar donde se retiene a los inmigrantes cuando llegan al territorio español y no tienen su documentación en regla, hasta que el juez decida si se tramita la expulsión o no.[13]
Varias asociaciones han denunciado:
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