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Desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora
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El desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora ocurrió el 6 de agosto de 2014 cuando la empresa minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) vertió 40,000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas y, posteriormente, en el afluente de ambos cuerpos de agua, convirtiéndose así en el peor desastre de este tipo en la historia de la minería en México, el cual afectó a 22 mil 878 pobladores.[1] La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), identificó a la empresa minera como responsable del accidente.[2][3]
Derrame de sustancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, en Sonora, México | ||
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![]() Municipios sonorenses afectados por el derrame | ||
Fecha | 6 de agosto de 2014 | |
Causa | Derrame de 40 millones de litros de desechos químicos peligrosos | |
Lugar |
Cananea, Arroyo Tinajas, Río Bacanuchi. Río Sonora, Sonora, México ![]() | |
Coordenadas | 30°58′24″N 110°19′13″O | |
Implicado | ||
Nombre | Mina Buenavista del Cobre propiedad de Grupo México | |
El 28 de septiembre de 2023, más de nueve años después del derrame, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) presentó públicamente el Dictamen de Diagnóstico Ambiental Río Sonora, el cual señala que sigue presente la contaminación en agua, aire, flora y fauna, pues "prevalecen concentraciones de metales pesados en el agua del río [...] además de un acaparamiento y sobreexplotación de 59.7% de acuíferos en la zona, atribuible a la actividad minera[4]”.
Además, los Comités de Cuenca Río Sonora (movimiento social de personas afectadas por el derrame) continúan denunciando graves afectaciones a su salud, y la falta de cumplimiento por parte de las autoridades en todas las promesas que hicieron para reparar el daño[5].
En mayo de 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reabrió el expediente, acreditando que tanto la empresa minera, como las autoridades estatales de Sonora y Federales han violado los derechos humanos de las víctimas del derrame de forma persistente durante casi 10 años[6].