Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023
decreto emitido por el gobierno de Javier Milei / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
El Decreto de Necesidad y Urgencia 2023-70-APN-PTE también denominado «Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina» es un DNU emitido el 20 de diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei y actualmente vigente.[1] El mismo está firmado en pleno por el jefe de Gabinete y los nueve ministros del gobierno.[2] Fue anunciado a través de cadena nacional por el presidente Milei, rodeado del jefe de gabinete de su gobierno, todos sus ministros y Federico Sturzenegger.[3]
Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 | ||
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Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina | ||
Legislado por | Poder Ejecutivo Nacional | |
Hecho por |
Gobierno de Javier Milei Federico Sturzenegger Eduardo Rodríguez Chirillo | |
Referencia del diario oficial | DNU-2023-70-APN-PTE | |
Historia | ||
Promulgación | 20 de diciembre de 2023 | |
Publicación | 21 de diciembre de 2023 | |
Entrada en vigor | 29 de diciembre de 2023 | |
Legislación relacionada | ||
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Legislación vigente | ||
El decreto, que tiene 366 artículos, sanciona la "emergencia pública" en la Nación por el plazo de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2025, y plantea la desregulación de la economía.[4] El paquete incluye modificaciones a más de 300 artículos y plantea la derogación completa de las leyes: de alquileres, de abastecimiento, de góndolas, de compre nacional, de promoción industrial, de promoción comercial, entre otras.[5]
También plantea una fuerte flexibilización laboral, extendiendo el período de prueba de 3 a 8 meses, derogando las indemnizaciones dobles en caso de una relación laboral no registrada o efectuada de manera deficiente. El DNU pone restricciones a las medidas de fuerza por parte de asociaciones sindicales y gremiales.[6][7]
Asimismo, al solo efecto de restringir el derecho de huelga, el artículo 97, del Título IV (laboral), estableció limitaciones para ejercer el derecho, mediante el expediente de considerar "servicios esenciales" o "actividades de importancia trascendental", las actividades siguientes:
- Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;
- La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y otros combustibles y energía eléctrica;
- Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
- La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba y remolque de buques;
- servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior; * cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial.
- Producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;
- Transporte marítimo, fluvial, terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;
- Servicios de radio y televisión;
- Actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;
- Industria alimenticia en toda su cadena de valor;
- La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios portuarios y aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;
- Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y
- La producción de bienes y/o servicios de toda actividad, que estuvieran afectados a compromisos de exportación.[8][9]
Además en el plano de la salud el decreto deroga a su vez al decreto N° 743/22 que establecía un tope de aumento de empresas de medicina prepaga , la venta de medicamentos de venta libre por establecimientos que no son farmacias ni cuentan con profesionales de la salud.[7][10][11][12]
El decreto afecta leyes penales, regímenes fiscales, regímenes impositivos, aspectos constitucionales y cambios al código civil y comercial, entre otros.[13][14][15] El DNU fue planificado y redactado, principalmente, por el exsecretario de Política Económica y expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.[16] Milei planteó que el objetivo de estas medidas sería eliminar definitivamente el déficit fiscal, así como desregular la economía.[17]Para la oposición, encabezada por las coaliciones Unión por la Patria y el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, el llamado «Decretazo» cercenaba las funciones del Estado argentino, avasalla al Congreso de la Nación y va a contramano de la constitucionalidad.[18]
El 30 de enero de 2024 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de todo el Título IV (artículos 53 a 97), dedicado a las normas laborales, por ser contrario al art. 99, inc. 3º, de la Constitución Nacional.[19]