La crisis política en Baja California de 2019[1] inició el 9 de julio de 2019 con la salida o expulsión de sus partidos de gran parte de los legisladores, tras aprobar con 21 votos a favor, 1 nulo y 3 abstenciones la reforma al Octavo Transitorio Constitucional que ampliaba el período del gobierno estatal previamente establecido para dos años, con la finalidad de empatar las elecciones locales con las federales en 2021. Tras este hecho, dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, tomaron medidas y aplicaron castigos a los diputados, en su mayoría con el inicio de expulsión de sus respectivos partidos.[2][3] Después de todo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma para ampliar el mandato de Jaime Bonilla.[4]
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