Crisis humanitaria de reagrupamiento familiar en Quebec
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La Crisis de reunificación familiar en Quebec se refiere a las políticas migratorias de la provincia de Quebec que han creado un profundo desequilibrio entre la demanda de reunificación de familias y la capacidad del sistema para gestionar dichas solicitudes. Una situación marcada por restricciones cuantitativas y tiempos de espera que se han más que triplicado, las familias enfrentan un proceso angustioso y prolongado para reunirse con sus seres queridos. Para 2024, este incremento en los tiempos de espera de más de tres años contrasta con las demás provincias canadienses, donde el proceso suele ser 13 meses.[1] La política de reagrupamiento familiar adoptada por el gobierno del partido Coalition Avenir Québec (CAQ) está siendo objeto de crecientes críticas debido a los excesivamente largos períodos de espera para el procesamiento de los expedientes de inmigración.[1]
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y organizaciones no gubernamentales canadienses, abogan por una mayor respuesta a las necesidades de reunificación familiar por parte del gobierno.[2] Reconociendo que la separación durante la reunificación familiar se asocia con impactos adversos en la salud mental ocasionando niveles más altos de estrés postraumático, síntomas de depresión, suicidio[3] y mayores dificultades de vida post-migración en el grupo separado en comparación con aquellos que no estaban separados.[2][4]
La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada en 1984, advierte que prácticas como la separación familiar prolongada pueden constituir formas de trato inhumano.[5] Este tipo de separación, no solo es una afrenta a la dignidad humana, sino que también puede causar un daño psicológico irreparable tanto en niños como en sus padres. Por otro lado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, si bien no es un tratado vinculante, establece desde 1948 principios fundamentales sobre la protección de la familia,[6] señalando que esta constituye el núcleo esencial de la sociedad y merece una protección especial por parte del Estado y la comunidad.[7] Este documento subraya además la importancia de ofrecer cuidados y asistencia especiales a la maternidad y la infancia, reforzando la idea de que la integridad y unidad familiar no solo son derechos humanos fundamentales, sino también pilares sobre los que se construye una sociedad justa y equitativa.[8]
El extenso período de espera para la reunificación de familias ha expuesto a muchas parejas a un intenso estrés emocional, intensificando inquietudes relacionadas con la fertilidad, paternidad y probando la estabilidad de sus uniones matrimoniales.[9] Al encontrarse en medio de retrasos administrativos durante el trámite de sus solicitudes, estas parejas se enfrentan a la difícil situación de vivir alejadas por años. Esta circunstancia ha presionado tanto algunas relaciones que algunos han contemplado la separación como una solución al desgaste emocional experimentado.[9]Además, ha contribuido a decisiones difíciles como el aborto no deseado.[10]
Un estudio realizado por Institut Universitaire Jeunes en Difficulté (IUJD), de 146 familias que experimentaron la reunificación en Quebec, mostro cómo las rupturas relacionales repetidas pueden tener consecuencias psicosociales importantes a corto y largo plazo para los niños.[11]Los efectos traumáticos de la separación familiar en niños son bien documentados, incluyendo tasas más altas de TEPT y trastornos depresivos que pueden continuar en la adultez, afectando negativamente el rendimiento académico, la formación de vínculos y la salud mental. La política de separación familiar fue activamente opuesta por profesionales de la salud y organizaciones médicas, siendo calificada por la Academia Americana de Pediatría como "abuso infantil sancionado por el gobierno" y por Médicos por los Derechos Humanos como consistente con la definición legal de tortura y desaparición forzada temporal bajo el derecho internacional de los derechos humanos.[12]
El sitio web de Québec Réunifié ha publicado un informe que muestra como Quebec es el único gobierno que impone cuotas. Los tiempos de espera para la reunificación familiar son los más largos del mundo, señalando que incluso los gobiernos europeos de extrema derecha no aplican medidas comparables a los cuotas mencionados.[13]