Compañía Ítalo Argentina de Electricidad
empresa suiza de electricidad en Argentina / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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La Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), más conocida como "La Ítalo" fue una empresa argentina de electricidad perteneciente al holding suizo Motor Columbus (fr:), (de:), creada en 1911, que se destacó por prestar el servicio eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores entre 1912 y 1979.
Compañía Ítalo Argentina de Electricidad | ||
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![]() Usina Don Pedro de Mendoza de la Ítalo, en La Boca. Hoy es un centro cultural estatal. El periodista Jorge Devincenzi la definió como "un monumento al óxido y a la infamia".[1] | ||
Acrónimo |
CIAE La Ítalo | |
Tipo | sociedad anónima | |
Industria | electricidad | |
Forma legal | sociedad anónima | |
Fundación | 1911 | |
Fundador | Motor Columbus | |
Disolución | 1979 | |
Sede central | Suiza | |
Área de operación | Argentina | |
Productos | electricidad | |
Propietario | Motor Columbus | |
Empresa matriz | Motor-Columbus | |
Filiales | Buenos Aires | |
Realizó un acuerdo monopólico con la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad (CATE), para repartirse el mercado eléctrico de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En 1936 la CHADE-CADE y la CIAE sobornaron a altos funcionarios argentinos para extender sus concesiones otorgadas por 50 años, otros 40 años, y para dejar sin efecto la cláusula que las obligaba a entregar sus activos a la Ciudad de Buenos Aires al finalizar la concesión. En 1936 la Ítalo fue una de las empresas protagonistas del célebre Escándalo de la CHADE, a raíz de la extensión del plazo de concesión a un siglo, mediante sobornos a políticos y actos de corrupción en los que se vieron involucrados dos presidentes de Argentina, el radical Marcelo T. de Alvear y el antipersonalista Agustín P. Justo.
En 1944 el Informe Rodríguez Conde reveló los delitos y actos de corrupción realizados por la empresa y recomendó quitarle la personería jurídica a la Ítalo y otras empresas. En 1957 se declaró la nulidad de la prórroga de la concesión y la cláusula de entrega de los bienes al Estado, pero meses antes de vencer, el presidente Arturo Frondizi volvió a concederle el servicio, sin plazo y con el beneficio de que podía vender la empresa al Estado, si así lo solicitaba. La presidenta María Estela Martínez de Perón anuló en 1975 la concesión renovada por Frondizi.
Al año siguiente la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, mediante actos del ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, exdirectivo de la Ítalo, y del secretario Guillermo Walter Klein, preservó la concesión en manos de la empresa y en 1978 dispuso que el Estado la comprara, generando otro escándalo debido a la obsolescencia de sus bienes. La maniobra involucró la desaparición de Juan Carlos Casariego, un funcionario de la dictadura que se oponía a la compra de la Ítalo. Recuperada la democracia en diciembre de 1983, el Congreso de la Nación creó una Comisión para investigar el caso.