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Los bonos de carbono (también llamados créditos de carbono) son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente; es uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes del calentamiento global y efecto invernadero (GEI o gases de efecto invernadero).[1]
En Nueva York, el 9 de mayo de 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la que se reconoce que el problema del cambio climático es real. En la convención se fija como objetivo estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero, en un plazo suficiente para que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, sin que la producción de alimentos mundial se vea amenazada y que el desarrollo económico internacional continúe de manera sostenible.[2] En esta convención se les pide a los países industrializados que periódicamente se realicen inventarios (mediciones) de las emisiones de gases, para de esta manera poder conocer el alcance real del problema y comprobar que las medidas aplicadas han cumplido con los objetivos. Se toma como punto de referencia las emisiones del año 1990 para así poder comparar y comprobar los resultados. De esta manera, los países que forman parte de la Convención tomarán en cuenta la necesidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en sus decisiones respecto a la agricultura, actividades industriales, energía, uso de recursos naturales, entre otras. Actualmente la Convención se considera casi mundial ya que 195 naciones han sido ratificadas.
El 11 de diciembre de 1997 se adopta el Protocolo de Kioto (Japón)[3], que pone en práctica los tratados de la Convención. Fueron 39 países industrializados y la Unión Europea los que ahí se comprometieron a estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero. A diferencia con la Convención que solamente alentaba a los países a reducir sus emisiones GEI, el Protocolo de Kioto los comprometía a tomar acciones para lograr este objetivo.
Los países que formaron parte del Protocolo reconocieron que durante los últimos 150 años habían sido los principales responsables de los elevados niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, resultado entre otras cosas, de la quema de combustibles fósiles. Para el Protocolo, se debe tratar de manera diferente a los países desarrollados que a los que están en vías de desarrollo. A los primeros se les exige que regulen sus emisiones ya que son los principales contaminadores por sus actividades industriales, mientras que a los segundos solamente se les motiva a hacerlo entendiendo que su posición económica no es la óptima para tomar medidas drásticas.
El Protocolo ha sido influencia para que los gobiernos hagan leyes y políticas para cumplir con sus compromisos, y a empresas para que consideren el impacto que tienen sus actividades en el medio ambiente. Cabe señalar que sólo las partes o países que hayan aceptado y ratificado el Protocolo se verán obligadas a cumplir con las normas. Una de las tres propuestas que se incluyeron en el Protocolo para estabilizar las emisiones de GEI fueron los bonos de carbono, presentada en 1993 por la economista argentina Graciela Chichilnisky.
El sistema ofrece incentivos económicos para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir CO2 como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. La transacción de los bonos de carbono —un bono de carbono representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono— permite mitigar la generación de gases de efecto invernadero, beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo permitido.
Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países Anexo I (industrializados, de acuerdo a la nomenclatura del protocolo de Kioto). Los tipos de proyecto que pueden aplicar a una certificación son, por ejemplo, generación de energía renovable, mejoramiento de eficiencia energética de procesos, reforestación, limpieza de lagos y ríos, etc.
En un esfuerzo por reducir las emisiones que provocan el cambio climático en el planeta, como el calentamiento global o efecto invernadero, los principales países industrializados -a excepción de Estados Unidos- han establecido un acuerdo que establece metas cuantificadas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el 2012: el Protocolo de Kioto. Para cumplir, se están financiando proyectos de captura o abatimiento de estos gases en países en vías de desarrollo, acreditando tales disminuciones y considerándolas como si hubiesen sido hechas en su territorio.
Sin embargo, los críticos del sistema de venta de bonos o permisos de emisión, argumentan que la implementación de estos mecanismos tendientes a reducir las emisiones de CO2 no tendrá el efecto deseado de reducir la concentración de CO2 en la atmósfera, como tampoco de reducir o retardar la subida de la temperatura. Según el estudio de Wigley, 1999, la implantación del Tratado de Kioto cumplido por todos los países del mundo, incluido los Estados Unidos, causará una reducción de 28 partes por millón (ppm) para 2050, o reducirá la temperatura predicha para ese año en 0,06 °C o, si no, retrasará la fecha en que debería cumplirse el aumento dicho en 16 años.
En resumen, los bonos de carbono son créditos que se emiten en el mercado de carbono. Los países desarrollados pueden financiar proyectos de abatimiento o captura de reducción de emisiones en otras naciones (en vías de desarrollo), acreditando dichas disminuciones como si se hubiesen hecho en territorio propio, abaratando sus costos de cumplimiento.
Una empresa que disminuye sus emisiones de CO2, de manera voluntaria, puede vender esta reducción a países desarrollados que están obligados a reducir sus emisiones generando beneficios económicos y ambientales.[4]
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