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Asentamientos irregulares en Venezuela
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En Venezuela se utiliza el término rancho para referirse a las infraviviendas o asentamientos irregulares, construcciones improvisadas, edificadas de forma desorganizada y que no cumplen con los estándares mínimos para la habitabilidad humana y los principios básicos de la arquitectura civilizada. Estas edificaciones son generalmente elaboradas con materiales de pésima calidad, como zinc o cartón-piedra, utilizados como techo, así como ladrillos huecos, unidos con cemento y expuestos a la intemperie que sirven de muros.
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La mayor aglomeración de infraviviendas dentro de una entidad administrativa se encuentra en el municipio de Iribarrén, perteneciente al estado Lara. Sin embargo, la aglomeración urbana que registra la mayor incidencia de este fenómeno es la ciudad de Caracas. Estados como Barinas, Guárico, Delta Amacuro y Cojedes poseen el mayor porcentaje de estos «asentamientos» en relación con la población total de viviendas. Mérida es el estado que registra el menor porcentaje.
Este fenómeno se originó en el siglo XX, y su crecimiento se sigue intensificando. Entre 1953 y 1958, el presidente Marcos Pérez Jiménez incluyó dentro de los objetivos de su Gobierno lograr la total desaparición de dichas estructuras a través de la construcción de complejos urbanos (edificios de apartamentos),[1] que serían donados y reemplazarían las infraviviendas. Luego de ser derrocado en 1958, los Gobiernos subsiguientes establecieron programas de viviendas; un proyecto financiado por el Estado, en el cual se edifican viviendas regulares en zonas aptas, que son donadas a los habitantes de dichas comunidades. Este programa cobró gran importancia desde la década del 2000, a través del Sistema Nacional de Misiones, durante los gobiernos de izquierdas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Según el censo llevado a cabo en Venezuela durante el año 2011, todavía el 9 % de las edificaciones construidas para habitar son «ranchos».