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En el derecho penal, la incitación, inducción o instigación[1] son conceptos que se refieren al estímulo o convencimiento intencional a otra persona para que cometa un delito, donde generalmente el inductor no participa de su comisión.[2] Dependiendo de la jurisdicción, la inducción puede ser tipificada en general para todos los delitos, o puede restringirse a ciertos delitos en particular, como los delitos de odio o el terrorismo.
El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consagra la prohibición de la incitación al odio, al exigir que la ley prohíba toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.[3] La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha definido incitación al odio como «declaraciones sobre colectivos nacionales, raciales o religiosos que generen un riesgo inminente de discriminación, hostilidad o violencia hacia personas que pertenezcan a esos colectivos».[4]
El hecho de que pocos periodistas hayan sido procesados por incitación al genocidio y crímenes de guerra, a pesar de su reclutamiento por los gobiernos como propagandistas, se explica por el estatus social relativamente privilegiado de los periodistas y la posición institucional privilegiada de las organizaciones de noticias en las sociedades liberales, que asignan un alto valor a una libertad de prensa.[5]
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