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La inclusión financiera alude al acceso a diversos productos financieros y servicios financieros de calidad. Con ella se facilita el acceso a servicios o productos financieros seguros de diversos segmentos de la población, en especial de los segmentos desbancarizados. Este acceso contribuirá posteriormente al incremento de los ingresos de esos segmentos, dando pie a crecimiento económico y mejora social, y por ende, logrando una mayor estabilidad financiera en vastos sectores de población.[1][2][3]
La Asociación Global para la Inclusión Financiera del G20 la define como «un estado en el que todos los adultos en edad de trabajar tengan acceso efectivo a los siguientes servicios financieros prestados por instituciones formales: crédito, ahorro (definido en términos generales para incluir cuentas de transacciones), pago, seguros e inversiones». Por otra parte, para el Consultative Group to Assist the Poor la ha definido como un «estado en el que tanto los individuos como las empresas tengan oportunidades de acceso y la capacidad de utilizar una amplia gama de servicios financieros apropiados que sean proporcionados de manera responsable y sostenible por instituciones financieras formales». En otras palabras, la inclusión financiera busca asegurar el acceso, uso y disponibilidad del sistema financiero del total de miembros de una economía.[4]
Se ha determinado que la inclusión financiera es una parte importante en el proceso de la inclusión social, y en años recientes se han incluido estos temas en las agendas políticas de prioridad en distintos gobiernos a nivel mundial. La inclusión financiera engloba a todos los segmentos de la población mundial, adaptada por país y región, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Esto se debe al requerimiento de productos adaptados a las necesidades de los diversos segmentos poblacionales, para que sean otorgados y utilizados de una manera responsable para proteger a los usuarios de productos y servicios financieros incluso de sí mismos, en cuanto al sobre endeudamiento y la falta de ingresos para con posterioridad poder cubrir sus deudas. Al ser éste un tema de interés mundial, el G20 puso en marcha un Grupo de Expertos que únicamente se dedican al trabajo referente a la inclusión financiera, designando a Máxima de Holanda como representante especial para este tema.[2][3]
La brecha de inclusión financiera es un problema fundamental del desarrollo económico. Pertenecer a un grupo con acceso limitado de productos financieros puede dificultar el acceso a la educación, vivienda, emprendimiento, entre otros. Por otro lado, limita la independencia económica de las personas. Finalmente, orilla a las personas con necesidad de financiamiento a aceptar créditos informales con peores condiciones y tasas altas vs. los créditos formales.[5]
Se impulsó el proyecto de Inclusión Financiera 2020 mediante el Centro para la Inclusión Financiera, el cual ha estado trabajado para crear una visión sobre este asunto, que se encuentre diseñado bajo el reconocimiento de que el acceso a los servicios financieros correctos es un elemento fundamental para aumentar en gran medida la calidad de vida y el desarrollo económico mundial. Según las cifras de Bansefi, el 55% (cincuenta y cinco por ciento) de las familias mexicanas tienen acceso a servicios financieros formales, participando en la cifra con al menos un servicio. A pesar de esto, solamente es considerado el 5% (cinco por ciento) como total y satisfactoriamente servido.[3][6]
Algunas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES) se financian mediante NAFINSA (Nacional Financiera), reutilizando esos recursos para otorgar préstamos a tasas de interés más altas de las que se cobran normalmente en esta industria.[3][6]
El proyecto principal de inclusión financiera en México, "Proyecto de Inclusión Financiera y Consolidación del Sector Ahorro y Crédito de México", busca principalmente apoyar a la consolidación de instituciones de ahorro y crédito, además de buscar la profundización de la inclusión financiera en áreas y ubicaciones previamente seleccionados.[3][6][7][8]
Nacional Financiera (NAFIN) realizó de manera exitosa subastas de garantías al año, utilizando un esquema que pretende reducir las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas que manejan un historial de crédito en la banca comercial, y además incorporarlos como sujetos de crédito. Para el apoyo de los clientes, se asignaron 3,000 millones de pesos con los cuales se beneficiaron alrededor de dos mil empresas, utilizando créditos de hasta 2.5 millones de pesos con tasas de interés más bajas.[3][6][7][8]
Microfinancieras
Debido a la creciente industria de las micro-financieras en los últimos veinte años, con más de 150 millones de clientes nuevos, y las perspectivas que los agentes comerciales emergentes brindan proyectando un gran crecimiento futuro, Bansefi afirma que ese objetivo se encuentra dentro de las posibilidades planteadas.[6]
Una de las redes de servicio perteneciente a Bansefi es PATMIR, “Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales”. Desde el año 2010, nació este proyecto con la misión de ayudar a la población rural marginada, apoyándolos con ciertos servicios financieros. En 2011, se abrieron cuentas de ahorro y se repartieron tarjetas bancarias a seis y medio millones de familias beneficiarias del “Programa Oportunidades”, según la página oficial de Bansefi.[9] Por su parte, Nacional Financiera (NAFIN) realizó de manera exitosa subastas de garantías al año, utilizando un esquema que pretende reducir las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas que manejan un historial de crédito en la banca comercial y además incorporarlos como sujetos de crédito. Para el apoyo de los clientes, se asignaron 3,000 millones de pesos con los cuales se beneficiaron alrededor de dos mil empresas, utilizando créditos de hasta 2.5 millones de pesos con tasas de interés bajas.[3][6][7][8]
El Centro para la Inclusión Financiera plantea una definición clara y concreta de lo que es la inclusión financiera, la cual antepone a los clientes en lugar de a los bancos, y destaca que la necesidad de los servicios y productos financieros para la población que tiene menores ingresos, tienen un parecido importante con las de la población con mayores ingresos. A continuación se menciona las cuatro dimensiones principales que se plantean:[6][9][10]
Qué se provee: Una gama completa de servicios, que incluyan productos básicos en cada una de las principales aéreas: ahorros, crédito, seguro, y pagos.[6][10]
Cómo se provee: Con Calidad—ej., conveniencia, asequibilidad, seguridad, y dignidad del trato —y con protecciones al cliente.[9][10]
Quién lo recibe: Todos los que puedan usar los servicios, incluyendo a las personas de bajos ingresos, que viven en áreas rurales, o que tienen trabajos informales, o así como a otros grupos que usualmente son objeto de [sic] discriminación (mujeres, minorías étnicas, y personas que tienen alguna incapacidad).[6][10]
Quién lo provee: Un rango de proveedores liderados por las principales instituciones financieras, incluyendo también organizaciones del sector social, privado, y gubernamental. (Bansefi, 2015)[9][10]
Sistemas financieros incluyentes
Un sistema financiero que es incluyente, contribuye a la reducción en la desigualdad de ingresos, además de que fomenta y respalda el crecimiento económico del país en el que se implementa. Los intermediarios financieros juegan un papel importante para la distribución y la transferencia de los recursos económicos de una manera eficiente. Con base en datos del “Museo Interactivo de Economía”, a escala mundial, alrededor de 2,500 millones de personas no cuentan con instrumentos bancarios básicos (cuenta bancaria ya sea de ahorro o de crédito), mientras que ¾ (tres cuartas) partes de la población mundial de clase baja, no poseen una cuenta bancaria debido a los costos y los papeleos necesarios para obtenerla.[11][10]
En México, el 3 de octubre del 2011, se crea el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (Conaif), por orden presidencial, y para el 10 de enero del 2014, se establece formalmente su creación dentro de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, integrada, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por los siguientes miembros:[9][11][10]
- El Presidente de la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.[9][11][10]
- El Gobernador del Banco de México, así como un Subgobernador del Banco de México que el propio Gobernador designe.[9][11]
Asimismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estipula que las principales funciones son:[9][11][10]
“I. Conocer, analizar y formular propuestas respecto de las políticas relacionadas con la inclusión financiera, y emitir opiniones sobre su cumplimiento”.[9][11]
“II. Formular los lineamientos de Política Nacional de Inclusión Financiera”.[9][11][10]
“III. Proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas de inclusión financiera en los ámbitos federal, regional, estatal, y municipal”.[9][11]
“IV. Determinar metas de inclusión financiera de mediano y largo plazos”.[9][11][10]
“V. Coordinar con el Comité de Educación Financiera, presidido por la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, las acciones y esfuerzos en materia de educación financiera”.[9][11]
“VI. Proponer los cambios necesarios en el sector financiero, de conformidad con los análisis que se realicen en la materia, así como del marco regulatorio federal, de las entidades federativas y de los municipios”.[9][11][10]
“VII. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, coordinación, y vinculación de las actividades relacionadas con la inclusión financiera, en los diferentes ámbitos de la Administración Pública Federal, con las entidades federativas, y los municipios, y con el sector privado del país”.[9][11]
“VIII. Establecer mecanismos para compartir información referente a inclusión financiera entre dependencias y entidades públicas que realizan programas y acciones relacionados con la inclusión financiera”.[9][11]
“IX. Obtener información del sector privado sobre programas y acciones relacionados con la inclusión financiera”.[9][11][10]
“X. Emitir los lineamientos para la operación y funcionamiento del Consejo”.[9][11]
“XI. Las demás que sean necesarias para la consecución de su objeto”.[9][11][10]
“XII. El Consejo Nacional de Inclusión Financiera deberá respetar en todo momento las facultades y atribuciones que el marco legal otorga a cada una de las autoridades a las que representen”. (CNBV, 2015) La “Comisión Nacional Bancaria y de Valores” (CNBV) ha implementado medidas específicas durante los últimos años, principalmente para el desarrollo de regulación de la inclusión financiera en términos adecuados, diseñando modelos de negocio nuevos, y estrategias de medición, difusión, y monitoreo para los modelos.[12][10] Se crea el CONAIF, y se reúnen diversas autoridades financieras de nuestro país en una sola, para ofrecer asesoría y coordinación respecto a la inclusión financiera. La participación de la CNBV dentro de los organismos regulatorios del CONAIF, y el gran interés en la inclusión financiera, nace a partir de la necesidad de otorgar servicios financieros a la mayor parte sino es que a toda la población mexicana, la mayor parte de la población que no tiene acceso a estos servicios se encuentra en zonas rurales y semiurbanas con una cantidad de habitantes menor a 50,000, los cuales se encuentran en un panorama económico incierto. La CNBV plantea la siguiente estrategia para una mayor inclusión financiera”.[9][11]
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Para apoyar la inclusión financiera se manejan dos modelos en cuanto a la operación de corresponsales (intermediarios entre los usuarios financieros y los bancos), el modelo directo y el modelo indirecto, que consisten en lo siguiente:[13][14][15]
Modelo directo
Los bancos autorizan y facilitan todos los recursos a los pequeños comercios (corresponsales, p. ej. Cajeros automáticos, Oxxo, 7/11, Súper K, Sears, Walmart, Suburbia, Soriana, entre otros...) para poder realizar pagos, depósitos, retiros, entre otros servicios que normalmente se podrían realizar solamente en un banco.[12][10][14][15] De esta manera, el trato entre banco y filial es directo, sin intermediarios y facilitan las transacciones para los usuarios de servicios financieros.[14][15]
Modelo indirecto
Los bancos autorizan y facilitan todos los recursos a los pequeños comercios como lo hacen en el modelo directo, sin embargo en este modelo, incluyen a otro intermediario que se encarga de administrar las redes de cobranza y obtiene una comisión por este trabajo.[12][14][15]
En ambos modelos, se pueden realizar diferentes tipos de operaciones:[14]
- Pagos de servicios varios (agua, luz, teléfono)[14]
- Retiro de efectivo limitado a 1,500 UDIS[14][15]
- Depósitos limitados a 4,000 UDIS[14][15]
- Pagos de créditos[14]
- Consultas de saldo[14][15]
- Traspasos[14]
- Cobro de cheques[14]
- Aperturas de cuentas variadas con bajo riesgo[14][15]
- Tarjetas prepagadas para fines diversos (Recargas telefónicas, tarjetas para su uso en teléfonos públicos, tarjetas de regalo, tarjetas de pago precargadas, entre otros…)[14][12]
- Recargas telefónicas directas[14][12]
Las políticas de inclusión financiera son diseñadas principalmente por India, Brasil, y México, países que publican documentos y organizan conferencias sobre cómo ofrecer más servicios financieros a más personas; por parte de Estados Unidos, Barack Obama también buscó participar como uno de los líderes mundiales en esta materia.[2][3][6]
La inclusión financiera es un tema de trascendencia para la economía mundial. Por ello el G20 decidió poner en marcha a un grupo de expertos que sólo se dedican a temas relacionados con la inclusión financiera, dirigidos por la reina Máxima de los Países Bajos.[14][15] Se crea el Centro para la Inclusión Financiera, que impulsa el proyecto de Inclusión Financiera 2020 para ofrecer servicios y productos financieros a la mayor parte, si no a toda, la población de los países de acuerdo a sus necesidades.
El G20 ha fijado las prioridades de Fukuoka[16] sobre envejecimiento e inclusión financiera, dado que las personas de mayor edad tienen más dificultades para acceder a servicios financieros:
- Utilizar datos de estudios fiables para determinar qué políticas están funcionando y cuáles no.
- Reforzar el alfabetismo digital y la educación financiera.
- Apoyar para cada persona una planificación financiera que tenga en cuenta toda su posible trayectoria vital.
- Crear productos financieros adaptados a las circunstancias de cada persona.
- Facilitar la utilización de tecnologías inclusivas.
- Proteger a los ancianos de abusos y estafas financieros.
- Favorecer la participación de todos los actores.
- Considerar también a los grupos de población vulnerables.
Un sistema financiero inclusivo contribuye a la reducción en la desigualdad de ingresos, además de fomentar el crecimiento económico del país en el que se implementa. Los intermediarios financieros desempeñan un papel importante en una eficiente distribución de los recursos económicos. Según los datos del “Museo Interactivo de Economía”, a escala mundial, alrededor de 2 500 millones de personas no cuentan con un instrumento bancario básico (cuenta bancaria, ya sea de ahorro o crédito), mientras que ¾ (tres cuartas) partes de la población mundial de clase baja no poseen una cuenta bancaria debido a los costos y los papeleos necesarios para obtenerla.[11]
Las políticas públicas de inclusión financiera son diseñadas principalmente por India, Brasil y México, países que están publicando documentos y organizando conferencias sobre cómo ofrecer más servicios financieros a más personas; por parte de Estados Unidos, Barack Obama busca participar como uno de los líderes globales en esta área.[2][3][6] El proyecto principal de inclusión financiera en México, "Proyecto de Inclusión Financiera y Consolidación del Sector Ahorro y Crédito de México" busca principalmente apoyar a la consolidación de instituciones de ahorro y crédito, además de profundizar la inclusión financiera en áreas y ubicaciones previamente seleccionados.[3][6][7][8] Nacional Financiera (NAFIN) realizó de manera exitosa subastas de garantías al año, utilizando un esquema que pretende reducir las tasas de interés para las pequeñas y medianas empresas que manejan un historial de crédito en la banca comercial y además incorporarlos como sujetos de crédito. Para apoyar a los clientes se asignaron 3 000 millones de pesos mexicanos con los cuales se beneficiaron alrededor de 2 000 empresas, utilizando créditos de hasta 2,5 millones de pesos con tasas de interés bajas.[3][6][7][8]
El G20 ha propuesto[17] un conjunto de indicadores para medir la utilización, disponibilidad y calidad de los servicios financieros. De acuerdo con estos datos, en 2017 el 69 % de la población mundial tenía al menos una cuenta bancaria.[18] Pero, aunque el 90 % de las pymes de Latinoamérica y el Caribe disponían de una cuenta bancaria, solo la mitad consiguen créditos a través de ella.
La exclusión financiera es lo contrario de la inclusión financiera. Tiene 2 formasː por un lado describe la situación de las personas que nunca han tenido servicios financieros. Por otro lado se aplica a las prácticas que despojan de estos servicios a las personas que sí disfrutaban de ellos. Un fenómeno que redunda en exclusión financiera es el cierre de sucursales bancarias,[19] que se contrarresta con la oficina bancaria móvil. Otra práctica es que los bancos no acepten como clientes a las personas que no cumplen determinadas condiciones económicas o sociales, o incluso que rehúsen operar en determinados barrios (redlining).[20]
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