El desalojo, desalojamiento o lanzamiento es el acto mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material de un inmueble por orden de la autoridad gubernativa o judicial, en ejecución de una resolución que declare el desahucio del arrendatario o del poseedor precario o como presupuesto previo a la entrega de la posesión al nuevo adquiriente en procesos de enajenación forzosa de bienes inmuebles o de expropiación en favor de la administración pública.

Un desalojo en Buenos Aires en 1910
Danontzat Gaztetxea en Plencia, recientemente desalojado por su Alcaldesa

Desalojo en España

En el Derecho español, el desalojo o lanzamiento no se encuentra regulado de forma explícita en su modo de proceder, si bien es costumbre que este se lleve a cabo, bajo mandato del juez, por una Comisión Judicial compuesta por un funcionario que actúa como su representante y que ejecuta el acto y por otro funcionario que lo documenta, levantando una acta del mismo conocida como Diligencia de Lanzamiento.

Al lanzamiento suelen acudir acompañando a la comisión judicial, la fuerza pública, un cerrajero y el demandante o su representante, constituyéndose todos en el domicilio del lanzado, el cual es requerido de desalojo y si este se niega a verificarlo se procede al mismo por la fuerza y a su costa, pudiéndose declarar legalmente abandonados todos los bienes del lanzado que se encuentren en interior del domicilio objeto del mismo.

Desalojo en Colombia

La figura del desalojo o lanzamiento para amparar la tenencia de predios urbanos y rurales, sin o con explotación económica, está regulada por el artículo 15 de la ley 57 de 1905, Decreto 992 de 1930 y Decreto 947 de 1992 (Ley 200 de 1936 y Decreto 1355 de 1970). La normativa para predios urbanos y rurales sin explotación económica fue estudiada por la Corte Constitucional en Sentencia C-241 de 2010, declarándose inhibida para realizar juicio de mérito por considerar subrogada la ley 57/05 por el Decreto 1355/70. Implicaciones de la sentencia C-241-2010

Desalojo en Uruguay

En Uruguay, el desalojo es un procedimiento legal destinado a recuperar la posesión de una propiedad en casos de ocupación ilegal o incumplimiento de contrato de arrendamiento. La legislación uruguaya, incluyendo el Decreto-Ley 14219, la Ley 8153 (régimen de libre contratación) y la Ley 19889, conocida como Ley de Urgente Consideración (LUC), establece procedimientos específicos para los desalojos. Estos procedimientos varían dependiendo de la naturaleza del desalojo, ya sea por ocupación ilegal o por incumplimiento de contrato.[1]

Véase también

Referencias

Enlaces externos

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