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graves violaciones de las normas del derecho internacional de la guerra y normalmente también de la humanidad De Wikipedia, la enciclopedia libre
Un crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del Derecho Internacional. El término se define en gran medida en el Derecho internacional, incluyendo la convención de Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra, civiles y los genocidios son considerados crímenes de guerra.[2][3]
El 10 de septiembre de 2019, empezó a funcionar la Corte Penal Internacional en La Haya, con el término de perseguir los crímenes de guerra cometidos después de dicha fecha. Este tribunal, establecido por el Estatuto de Roma, contempla dentro de los crímenes a perseguir en su artículo 5 a los crímenes de guerra. Dentro de la definición que el mismo Estatuto contempla, en su artículo 8, se señalan entre ellos:
Más detalladamente son los siguientes:
Los primeros jefes de Estado o gobierno acusados de crímenes de guerra fueron el ex primer ministro japonés Hideki Tōjō (en 1946, dentro de los Juicios de Tokio) y el expresidente yugoslavo Slobodan Milošević (en 2002 por orden del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia).
En 1474, el primer juicio por un crimen de guerra fue el de Peter von Hagenbach, realizado por un tribunal ad hoc del Sacro Imperio Romano, por su responsabilidad de mando por las acciones de sus soldados, ya que "se consideraba que él, como caballero, tenía el deber de impedir" el comportamiento criminal de una fuerza militar. A pesar de haber argumentado que había obedecido órdenes superiores, von Hagenbach fue condenado a muerte, y decapitado.[4][5]
Las Convenciones de La Haya fueron tratados internacionales negociados en la Primera y Segunda Conferencias de Paz en La Haya, Países Bajos, en 1899 y 1907, respectivamente, y fueron, junto con las Convenciones de Ginebra, de las primeras declaraciones formales de las leyes de la guerra y de los crímenes de guerra en el naciente cuerpo de derecho internacional secular.
Las Convenciones de Ginebra son cuatro tratados relacionados entre sí, adoptados y ampliados continuamente desde 1864 hasta 1949, que representan una base jurídica y un marco para la conducción de la guerra según el derecho internacional. En la actualidad, todos los Estados miembros de las Naciones Unidas han ratificado las Convenciones, que son universalmente aceptadas como derecho internacional consuetudinario, aplicable a todas las situaciones de conflicto armado en el mundo. Sin embargo, los Protocolos Adicionales a las Convenciones de Ginebra, adoptados en 1977, que contienen las protecciones más pertinentes, detalladas y completas del derecho internacional humanitario para las personas y los objetos en las guerras modernas, aún no han sido ratificados por varios Estados que participan continuamente en conflictos armados, a saber, Estados Unidos, Israel, India, Pakistán, Irak e Irán, entre otros. En consecuencia, los Estados conservan diferentes códigos y valores sobre la conducta en tiempos de guerra. Algunos signatarios han violado sistemáticamente los Convenciones de Ginebra de una manera que utiliza las ambigüedades de la ley o las maniobras políticas para eludir las formalidades y los principios de las leyes.
Las tres primeras Convenciones han sido revisadas y ampliadas, y la cuarta se añadió en 1949:
En 1977 se adoptaron dos Protocolos Adicionales y el tercero se añadió en 2005, completando y actualizando las Convenciones de Ginebra:
Justo después de la Primera Guerra Mundial, los gobiernos del mundo empezaron a intentar crear un código sistemático para definir los Crímenes de Guerra. Su primer esbozo de ley fue "Instrucciones para el Gobierno de los Ejércitos de los Estados Unidos en el Campo" -también conocido como el "Código Lieber".[10] Un pequeño número de militares alemanes de la Primera Guerra Mundial fueron juzgados en 1921 por el Tribunal Supremo alemán por supuestos crímenes de guerra.
El concepto moderno de crimen de guerra se desarrolló bajo los auspicios de los Juicios de Núremberg basado en la definición de la Carta de Londres que se publicó el 8 de agosto de 1945. (Véase también Principios de Núremberg.) Junto con los crímenes de guerra, la Carta también definía los crímenes contra la paz y los crímenes contra la humanidad, que a menudo se cometen durante las guerras y en concierto con los crímenes de guerra.
También conocido como el Juicio de Tokio, el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio o simplemente como el Tribunal, fue convocado el 3 de mayo de 1946 para juzgar a los líderes del Imperio de Japón por tres tipos de crímenes: "Clase A" (crímenes contra la paz), "Clase B" (crímenes de guerra) y "Clase C" (crímenes contra la humanidad), cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.
El 1 de julio de 2002, la Corte Penal Internacional, un tribunal basado en un tratado con sede en La Haya, entró en funcionamiento para el enjuiciamiento de los crímenes de guerra cometidos a partir de esa fecha. Varios países, sobre todo Estados Unidos, China, Rusia e Israel, han criticado al tribunal. Estados Unidos sigue participando como observador. El artículo 12 del Estatuto de Roma establece la jurisdicción sobre los ciudadanos de los Estados no contratantes si son acusados de cometer crímenes en el territorio de uno de los Estados parte.[11]
Los crímenes de guerra se definen en el estatuto que estableció la Corte Penal Internacional, que incluye:
Sin embargo, el tribunal sólo tiene jurisdicción sobre estos crímenes cuando son "parte de un plan o política o como parte de una comisión a gran escala de tales crímenes".[12]
Según el derecho de los conflictos armados (LOAC por sus siglas en inglés), la muerte de no combatientes no es necesariamente una violación; hay que tener en cuenta muchas cosas. Los civiles no pueden ser objeto de un ataque, pero la muerte/lesión de civiles mientras se lleva a cabo un ataque a un objetivo militar se rige por principios como el de proporcionalidad y el de necesidad militar y puede ser permisible. La necesidad militar "permite la destrucción de la vida de ... personas cuya destrucción es incidentalmente inevitable por los conflictos armados de la guerra; ... no permite la matanza de habitantes inocentes con fines de venganza o la satisfacción de un deseo de matar. La destrucción de la propiedad para ser lícita debe ser exigida imperativamente por las necesidades de la guerra".[13]
Por ejemplo, la realización de una operación sobre un depósito de municiones o un campo de entrenamiento terrorista no estaría prohibida porque un agricultor esté arando un campo en la zona; el agricultor no es el objeto del ataque y las operaciones se ceñirían a la proporcionalidad y la necesidad militar. En cambio, sería necesaria una ventaja militar extraordinaria para justificar una operación que entrañe riesgos de muerte o lesiones colaterales para miles de civiles. En los casos "más grises", la cuestión jurídica de si el daño incidental previsto es excesivo puede ser muy subjetiva. Por esta razón, los Estados han optado por aplicar un criterio "claramente excesivo" para determinar si se ha producido una violación penal.[14]
Cuando no existe una justificación para la acción militar, como por ejemplo que los civiles sean el objeto del ataque, no es necesario un análisis de proporcionalidad para concluir que el ataque es ilegal.
En el caso de los ataques aéreos, los pilotos generalmente tienen que confiar en la información suministrada por fuentes externas (cuarteles generales, tropas de tierra) de que una posición específica es de hecho un objetivo militar. En el caso de la antigua Yugoslavia, los pilotos de la OTAN alcanzaron un objeto civil (el bombardeo de Estados Unidos a la embajada china en Belgrado) que no tenía importancia militar, pero los pilotos no tenían idea de determinarlo aparte de sus órdenes. La comisión dictaminó que "no se debe asignar a la tripulación aérea implicada en el ataque ninguna responsabilidad por el hecho de que se les diera el objetivo equivocado y que es inapropiado intentar asignar la responsabilidad penal del incidente a los altos mandos por el hecho de que se les proporcionara información errónea por parte de funcionarios de otra agencia".[15] El informe también señala que "Gran parte del material presentado a la Fiscalía consistía en informes de que los civiles habían sido asesinados, a menudo invitando a la conclusión de que, por lo tanto, se habían cometido crímenes. Las bajas colaterales a civiles y los daños colaterales a objetos civiles pueden producirse por una variedad de razones."[15]
La Regla Rendulic es un estándar por el que se juzga a los comandantes.
El general alemán Lothar Rendulic fue acusado de ordenar la destrucción extensiva de edificios y tierras civiles mientras se retiraba de un presunto ataque enemigo en lo que se denomina política de tierra quemada con el propósito militar de negar el uso del suelo al enemigo. Las tropas alemanas que se retiraban de la Laponia finlandesa creían que Finlandia sería ocupada por las tropas soviéticas y destruyeron muchos asentamientos mientras se retiraban a Noruega bajo el mando de Rendulic. Éste sobrestimó el riesgo percibido pero argumentó que la Convención de La Haya IV autorizaba la destrucción porque era necesaria para la guerra. Fue absuelto de esa acusación.
Según la "regla Rendulic", las personas deben evaluar la necesidad militar de una acción basándose en la información de la que disponen en ese momento; no pueden ser juzgadas basándose en información que salga a la luz posteriormente.[14]
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