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El Consejo de Energía Suramericano fue un órgano político de la Unasur.[1] Su establecimiento se dio en la primera Cumbre Energética Suramericana que tuvo lugar en abril de 2007 en la Isla Margarita del estado venezolano de Nueva Esparta.[2]
Este consejo nació por la voluntad política de unificar de estrategias integrales comunes que permitan en el corto y mediano plazo, potenciar los recursos y asegurar, junto a múltiples mecanismos, la soberanía y la auto-sustentabilidad, “potenciando el uso de recursos renovables, mitigando los efectos del cambio climático y asegurando el rol del desarrollo energético como elemento fundamental de inclusión y desarrollo social”. (Poveda, 2015)
La desigual distribución y el desigual consumo de los recursos en la región determina que la mitad de los países miembros sean importadores (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Suriname y Guyana, de mayor a menor) y la otra mitad sean exportadores (Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú, de mayor a menor), pero si se toma a los doce países de la UNASUR como una unidad a partir de las políticas de integración, el balance energético indica que se trata de un bloque autosuficiente y que inclusive cuenta con saldos exportables (UNASUR-OLADE, 2012 y Consejo Asesor, 2012).
Esto ha generado que se promueva la integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario de los recursos de la región; el fortalecimiento de la infraestructura para interconexión entre los pueblos; el consumo racional y sostenible; la eficiencia energética; las energías renovables y la asociación entre el sector público y el privado. Estas iniciativas se han materializado en acuerdos y proyectos de integración binacional de mercados eléctricos: Brasil-Uruguay, Brasil-Paraguay, Brasil-Argentina, Ecuador-Colombia; Argentina importa gas natural boliviano, combustibles venezolanos (fuel oil y gasoil) y tiene acuerdos eléctricos con Paraguay, Brasil y Uruguay. En cambio, buena parte de las iniciativas multilaterales no fueron concretadas aún debido a que prevalecen conflictos y diferencias de orden político, institucional y jurídico. Proyectos como la Red de Gasoductos del Sur (que suponía la comercialización de gas peruano y boliviano en el Cono Sur) o el Gran Gasoducto del Sur (que proveería gas venezolano a toda la región), que interesaban especialmente a Argentina para asegurarse el suministro de gas natural por tierra en lugar de comprar GNL vía marítima -más costoso y menos seguro-, fueron descartados por el momento.
Todos estos proyectos sin duda representan progresos innegables en materia de interconexiones; sin embargo, aún se está lejos de poder hablar de mercados eléctricos regionales integrados.[1]
[1] El CES todavía se encuentra trabajando en el Tratado Energético Suramericano; además de la elaboración del Balance Energético Suramericano, la identificación de proyectos estructurales y el estudio de la viabilidad de creación de un instituto de investigaciones energéticas.
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