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El 5 de junio de 2009 en el contexto del conflicto de Bagua sucedió la llamada masacre de Bagua, también llamada Baguazo, en las cercanías de la localidad de El Reposo muy próxima a las ciudades de Bagua y Bagua Grande, en el departamento peruano de Amazonas.[1] Se trató de una medida drástica a causa del bloqueo de carreteras y conllevó a un decretado toque de queda.[2] Según la información oficial del gobierno, el enfrentamiento tuvo un saldo de 33 personas fallecidas (23 policías y 10 nativos) y 1 desaparecido.[3][4]
Masacre de Bagua | ||||
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Parte de Conflicto de Bagua y la Crisis política en Perú de 2009 | ||||
Fecha | 5 de junio de 2009 | |||
Lugar |
Bagua y Bagua Grande, departamento de Amazonas, ![]() | |||
Casus belli | Decreto de la Ley de la Selva en el Perú del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos que favorecería a grandes empresas transnacionales y mineras a usar territorio de la selva con el fin explotar grandes yacimientos de petróleo, gas y otros minerales en desmedro de los pobladores originarios. | |||
Resultado | 33 muertos | |||
Beligerantes | ||||
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Comandantes | ||||
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Fuerzas en combate | ||||
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Bajas | ||||
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Estos hechos se llevaron a cabo como parte del desalojo de aproximadamente 5 000 nativos awajún, wampis y otros grupos étnicos amazónicos por parte de los 369 agentes policiales.[5] Dichas comunidades se opusieron en la continuación de la economía neoliberal durante el gobierno de Alan García (mayormente extractivista).[6] Junto con muchos pobladores de las ciudades cercanas de Jaén (departamento de Cajamarca), Bagua y Bagua Grande (departamento de Amazonas), los manifestantes realizaron bloqueos en la carretera Fernando Belaúnde Terry por 55 días; lo que provocó el desabastecimiento de combustible, gas y alimentos a los departamentos de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto.
El enfrentamiento entre los indígenas, pobladores y la policía, habría comenzado por la arremetida de las Policía Nacional para desbloquear la carretera y permitir el transporte de combustible por parte de la empresa Petroperú.[7] La orden fue dada por la ministra del Interior Mercedes Cabanillas y el primer ministro Yehude Simon, durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, mientras que Miguel Montenegro fue el general encargado de la operación de desalojo.[8] La falta de una comunicación efectiva por parte del Gobierno habrían detonado la revuelta y violencia que se expandió desde una zona despoblada hasta ciudades cercanas,[9][10] como también un posterior toque de queda por encargo de la Sexta Brigada de Selva del Ejército.[11]
De acuerdo a las primeras informaciones conocidas la noche del 5 de junio, se reportaron oficialmente 23 policías y 10 indígenas fallecidos, además de 100 heridos. Nueve de ellos se debieron a una retención de 32 policías.[12] También hubo reportes de secuestrados y decenas de locales públicos destruidos y saqueados en tres ciudades del departamento de Amazonas.[13] Muchos de los reportes ocurrieron en la zona Curva del Diablo.[14]
Más tarde, la Defensoría del pueblo cuantificó en 33 los muertos (23 policías y 10 civiles). Además 83 personas habrían sido detenidas y otras 200 habrían resultado heridas.[3]
En 2016 el tribunal peruano absolvió a 52 indígenas amazónicas acusados por la muerte de 12 policías,[15] lo que generó la indignación del ministro del Interior.[16] Además, la viuda de uno de los policías fallecidos propuso demandar a Cabanillas.[17] Según el diario Correo, en 2021 la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió ratificar la sentencia absolutoria.[18]
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideró en 2015 que el expresidente Alan García es el responsable político del Baguazo.[19]
En 2024, se presentó el documental Entre el verde y el oro por los 15 años del acontecimiento. La película es dirigida por Roberto Pajares y producida por el Gobierno Territorial Autónomo Awajún.[20]
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