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Republicas de Indios De Wikipedia, la enciclopedia libre
Sociedad política indiana es la denominación historiográfica del cuerpo político y social que se constituyó en la América española. Tal sociedad política estaba conformada por grupos étnicos y culturales diversos, inicialmente dos: "españoles" e "indios" (indígenas de América); aunque con el tiempo se fueron añadiendo categorías intermedias (mestizos) y nuevas (la adición de los negros y la división de los españoles en criollos y peninsulares) hasta convertirse en un complejo sistema de castas.
La sociedad política india surgió bajo dos presupuestos: era una entidad político-social dentro de la unidad monárquica, por su vinculación a la Corona española, pero que conservaba su identidad dentro de la macroestructura política, ya que se trataba de una entidad compleja, dada la existencia de dos comunidades políticas en su interior, denominadas "repúblicas" —la "república de españoles" y la "república de indios"—,[1] sin que tal denominación implicara ninguna condición "republicana", sino que alude a la expresión latina res publica (entendible como "cosa pública", "bien común", sociedad o Estado).[2]
La doctrina española de la época asumía que el Estado o comunidad política se integraba por dos elementos: rey y reino (la corona y el pueblo o la comunidad), que se trasladó también a América, aunque debió adaptarse a circunstancias dadas.
El sistema se estructuró sobre la base que las dos poblaciones de América, la española (ya sea peninsular o criolla) y la indígena eran consideradas diferentes en sus características pero estaban sometidas igualmente a la autoridad espiritual de la Iglesia católica y bajo dependencia política de la Corona.
Se basó en la identidad racial de cada persona, una fórmula que resultó sencilla a inicios del proceso colonizador, cuando el límite entre ambas sociedades era claro, pero que se desdibujó con las subsecuentes mezclas raciales entre blancos, indios y negros traídos de África.
De ese modo, respecto a América, el monarca gobernaba, por un lado, sobre la "república de españoles" y, por otro, sobre la "república de los indios". Ambas comunidades poseían estatutos jurídicos diferenciados.
La república de españoles era la sociedad o comunidad política integradas por los españoles (nacidos en España o en América) durante el Imperio español en América de los siglos XV al XIX. Su estatuto jurídico era diferente del que se aplicaba a los "naturales" de las tierras conquistadas, la llamada "república de indios", y a la vez diferente del que se aplicaba a los habitantes de la metrópoli, debido a las características especiales que presentaban las Indias.
Las posesiones españolas en América se organizaron jurídicamente basándose en el derecho castellano, pero formaron una unidad política autónoma dentro del Imperio español. Esta autonomía y heterogeneidad terminaron bruscamente al terminar la dinastía de los Austrias y comenzar la de los Borbones, que llevaron a cabo un intento homogeneizador para igualar los sistemas edílicos y políticos de todos los componentes del imperio.
La república de españoles consistía en la separación jurídica, pero también económica, social y geográfica entre las incipientes sociedades españolas en América, privilegiadas por la Corona, y las sociedades indígenas prehispánicas.
La población de las repúblicas de españoles era muy homogénea culturalmente frente a los centenares de etnias de lenguas diferentes que conformaban la "república de indios", pero socialmente era por lo menos tan heterogénea como aquella: la población española incluía grandes terratenientes, aristócratas, encomenderos, funcionarios estatales, comerciantes, artesanos y mineros, ya que no sufrían las restricciones profesionales aplicadas a los indígenas.
La mayor parte de los españoles provenían de los reinos meridionales castellanos: Extremadura, Andalucía y también la propia Castilla, por lo que todos hablaban la misma lengua. También profesaban, por lo menos oficialmente, la misma religión, ya que desde el descubrimiento la Corona intentó vetar la emigración a América de protestantes, judíos o musulmanes, lo que no impidió, sin embargo, que muchos cristianos nuevos (judeoconversos y sus descendientes) escaparan a la represión religiosa en España emigrando a las nuevas tierras.
Desde fechas muy tempranas, la categoría de los "españoles" se dividió entre los peninsulares (nacidos en la península ibérica, llamados localmente "gachupines" o "chapetones", de forma despectiva), y los criollos (nacidos en América). La reserva para los primeros de los cargos públicos de mayor importancia en la administración colonial, supuso para ellos una clara condición privilegiada y provocó rápidamente la rivalidad entre ambos grupos, lo que desembocaría en último término en la reclamación de la independencia por parte de los criollos (Bolívar, San Martín, Hidalgo, Sucre, etc.). No obstante, en el proceso de independencia hubo tanto criollos como peninsulares en los dos bandos (realistas e insurgentes).
La república de indios era la sociedad o comunidad política indígena formada por los "indios" o "naturales" (indígenas americanos o amerindios, en la terminología actual). Fueron sometidos por la Corona a un régimen de protección, siendo marginados de las actividades políticas generales para estar bajo la tutela del clero español, debido a su condición de menores de edad. En principio sus usos y costumbres debían respetarse (incluida sus leyes por Derecho consuetudinario), en la medida que no fueran contra la religión católica y las leyes españolas.[3]
"El pensamiento jurídico medieval consideraba —apelando a una imagen organicista de la sociedad— que cada uno de estos sujetos o cuerpos, en tanto órganos del cuerpo de la república, tenía funciones específicas e irreductibles, cuyo adecuado desempeño exigía dotarlos de la necesaria autonomía. Dicha idea de autonomía funcional iba ligada ala de autogobierno o jurisdicción, que implicaba que cada cuerpo debía poder darse leyes y estatutos, nombrar magistrados propios y tener la capacidad de regular y juzgar sus conflictos internos. Se consideraba natural, por tanto, que cada cuerpo político tuviera autoridades que lo gobernaran y representaran. Frente a este entramado de poderes corporativos, el rey esgrimía como principal atributo de su poder el ejercicio de la justicia, entendida como el mantenimiento de la jurisdicción (iurisdictio¸ literalmente, decir el derecho) de cada uno de los cuerpos políticos que conformaban la república, regulando las relaciones entre estos y dándole a cada cual lo que le correspondía, respetando y haciendo respetar sus estatutos y privilegios (...) La constitución jurídica de una República de indios no conllevó, sin embargo, la creación de mecanismos de representación de carácter corporativo que englobaran a todos sus miembros. A estos los unía solo el compartir un estatuto jurídico común —un «privilegio general», en palabras de Antonio M. Hespanha—, pero no conformaban un cuerpo autoorganizado, además de carecer de órganos de representación conjunta. Si nos ceñimos a la noción de república como «comunidad perfecta», idealmente autosuficiente en el plano espiritual y material, la República de indios constituía una comunidad embrionaria, ya que el sistema colonial le negaba la posibilidad de satisfacer por sí misma las funciones del culto cristiano o de autorrepresentación jurídica al reducir a sus miembros a una condición de minoría de edad espiritual —por ser cristianos nuevos— y legal —por carecer de policía—. Las entidades colectivas indígenas con personalidad jurídica real y cierta capacidad de autogobierno quedaban circunscritas a la esfera local, al ámbito de los pueblos de indios con sus caciques y cabildos, autoridades estas con limitado poder de gestión, subordinadas como estaban a tutores ajenos a su nación: corregidores, protectores y curas doctrineros. La propia monarquía española, en su interés por convertirse en el epicentro de las relaciones de poder de la República de indios, puso en práctica mecanismos de redistribución territorial —política de reducciones y creación delos pueblos de indios— y reestructuración política —creación de cabildos de indios, nuevos curacas advenedizos— que debilitaron las lealtades intercomunitarias y las estructuras políticas suprarregionales de origen prehispánico. Ello se tradujo en la consolidación de las identidades y vínculos locales como primordial espacio de sociabilidad política indígena, facilitando la construcción de vínculos de vasallaje directo de la Corona con cada una de las comunidades indígenas."Gonzalo Carrillo Ureta
La pertenencia a la república de indios de los llamados mestizos era únicamente en un cierto grado. Discriminados tanto por los españoles como por los indios por no tener "pureza de sangre", los mestizos tenían una problemática inserción en la sociedad durante el periodo anterior a la independencia, ocupando posiciones y oficios menores y marginados (sirvientes, campesinos, soldados o artesanos).
El sector más numeroso de la República de indios fue la población indígena ordinaria (del estamento del Pueblo llano), los cuales sostenían el aparato tributario virreinal con sus Impuestos (tributo indígena), mientras que el sector más pequeño estaba conformado por la nobleza indígena, los cuales acaparaban la casi totalidad de cargos públicos. Inicialmente los españoles, criollos, mestizos y negros no tenían permitido formar parte de esta República, aunque esto fue cambiando con los años ya que en la práctica aquellos grupos se convirtieron en pilares laborales importantes del sistema. Lo mismo ocurrió con los indios en la República de españoles.[4]
La imposibilidad numérica de gobernar los inmensos territorios conquistados, el método de "conquista" y la necesidad de su evangelización fueron el origen directo de la "república de indios". Se optó entonces por la sustitución de las cúpulas de las estructuras prehispánicas por la Corona y la Iglesia, y las nuevas instituciones que se fueron creando, entre las que destacan las Repúblicas de indios.
En la mayoría de los casos, las comunidades indígenas habían estado sometidas a entidades políticas de mayor peso, como el Imperio azteca, el Imperio inca, las ciudades-estado mayas o chibchas o los reinos purépechas. Una vez conquistadas éstas entidades en nombre de la Corona española, sus vasallos y súbditos pasaban a serlo también de ésta.
En casos en los cuales no había un poder central establecido, como por ejemplo, entre el pueblo mapuche, se buscaban arreglos individuales con los jefes locales: el rey reconocía sus títulos y "otorgaba" ciertos privilegios, etc., a cambio de obtener derechos y reconocimiento de su soberanía.
En la práctica, esto suponía que en muchos casos se mantenían las estructuras de poder prehispánicas, con el mantenimiento de la aristocracia indígena, sus caciques o la creación de sus propios cabildos o consejos de gobierno independientes (Alcalde de indios). Sin embargo, si así lo requerían los intereses de los españoles e indios privilegiados o de la Corona, los indios del común quedaban sometidos a su autoridad, como por ejemplo, en las encomiendas o mitas, aunque no todos los grupos étnicos indígenas participaban en estos servicios comunitarios y de vasallaje.[5][6]
La evolución de la sociedad virreinal determinó en cambio que las comunidades indígenas, más tardíamente incorporadas al sistema económico capitalista, perdieran población y recursos para pasar a depender económicamente de españoles y mestizos.
Las diferencias jurídicas entre indios y españoles se extendían a todos sus derechos y obligaciones. Los pueblos indígenas, por ejemplo, no estaban sujetos a la jurisdicción de la Inquisición, por entenderse que su reciente incorporación al cristianismo les hacía objeto de una particular ingenuidad colectiva; por otro lado, estaban sometidos a duros tributos personales y colectivos en dinero, productos o trabajo (especialmente al principio de la colonización, los indios estaban forzados a "retribuir" con trabajo la obligación de los colonizadores para su evangelización -la encomienda o la mita-, lo que no se aplicaba a otras razas que se suponían ya evangelizadas).
“El cacique hereditario era también Gobernador en los comienzos, pero el rango de cacique pronto quedo separado del cargo de gobernador, quién pasó a ser un funcionario nombrado por las autoridades españolas o elegido por los principales y confirmado por el virrey. Solía ser un indio noble pero sin derechos hereditarios al cacicazgo, y a veces procedía de otras comunidades”.Carrasco, 1977
“Esta exclusividad fue buscada sobre todo por aquellos artesanos que estaban en la cúspide de la organización social, dentro de su sector claro está, es decir por los maestros españoles, que procuraron impedir el desempeño del oficio a los artesanos indios, negros, mulatos y de otras castas. Se constituyó así una “aristocracia” artesanal que ocupó los cargos del gremio y controló el oficio. El resto de artesanos percibió la agremiación como un mal necesario que le autorizaba legalmente a ejercer pero que no defendía intereses iguales a los suyos”.Fernández Villanova, 2016