Operación Liberación del Pueblo
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La Operación de Liberación del Pueblo (OLP), después conocida como Operación de Liberación y Protección del Pueblo y Operación de Liberación Humanista del Pueblo, fue una serie de despliegues policiales iniciado el 13 de julio de 2015 por el presidente Nicolás Maduro como respuesta al incremento de la violencia en Venezuela y que duraron hasta medidados de 2017. Los operativos consistían en un despliegue y una toma temporal de la zona en la que retienen a hombres y mujeres, quienes en teoría son verificados en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL) posteriormente, después de recibir denuncias de los ciudadanos o realizando previamente una inspección en el sector, a fin de determinar si se ha cometido algún delito.[1] Diversas organizaciones no gubernamentales han reportado violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales durante los operativos, y tanto el presidente Maduro como la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz y el defensor del pueblo Tarek William Saab han reconocido excesos policiales durante los despliegues.[1][2]
Operación Liberación del Pueblo | ||||
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Parte de Primer gobierno de Nicolás Maduro | ||||
Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la Operación Liberación del Pueblo, 4 de abril de 2016 | ||||
Fecha | 13 de julio de 2015-17 de marzo de 2017 | |||
Lugar | Venezuela | |||
Casus belli | Crimen en Venezuela | |||
Objetivos | Capturar a Carlos Luis Revete | |||
Resultado |
Masacre de La Vega Masacre de Barlovento Masacre de Cariaco | |||
Consecuencias | Creación de las Fuerzas de Acciones Especiales | |||
Beligerantes | ||||
Figuras políticas | ||||
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Comandantes | ||||
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Bajas | ||||
505 muertos | ||||
El 13 de julio de 2015 se desarrolló en la Cota 905 la primera Operación de Liberación del Pueblo, una acción policial ejecutada por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con el objetivo de capturar Carlos Luis Revete, alias “el Koki”; El pran no fue detenido. Según una investigación del Ministerio Público, las OLP han dejado un saldo de 505 asesinatos para mediados de 2017.[3]
Las denuncias de ONG locales y de organismos internacionales obligaron a la administración de Maduro a abandonar la política de seguridad, pero mantuvo su dinámica con un nuevo cuerpo de seguridad, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Según Luis Izquiel, especialista en seguridad ciudadana, las FAES resultaron "iguales o peores en materia de violación a los derechos fundamentales”.[3]