Legislación española de consumidores y usuarios
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La legislación española de consumidores y usuarios se basa en el artículo 51 de la Constitución, según el cual los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo establece que promoverán su información y educación, fomentarán sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que puedan afectarles.
En dicho artículo se basa la Ley estatal de Defensa de Consumidores y Usuarios fue aprobada mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007.[1]