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Jurisdicción Especial para la Paz
Organismo de justicia transicional en Colombia / De Wikipedia, la enciclopedia encyclopedia
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado interno de Colombia[1] Su presidente es el magistrado Roberto Vidal, designado en noviembre de 2022 por el Comité de Escogencia del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.[2][3]
Jurisdicción Especial para la Paz | ||
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![]() | ||
Localización | ||
País | Colombia | |
Localidad | Bogotá | |
Información general | ||
Sigla | JEP | |
Jurisdicción | Justicia Transicional de Colombia | |
Tipo | jurisdicción | |
Sede | Bogotá | |
Organización | ||
Depende de | Acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP | |
Historia | ||
Fundación | 23 de septiembre del 2015 | |
Disolución | Vigencia máxima de 20 años (2037) | |
Sitio web oficial | ||
La JEP, componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición,[4] está vigente en Colombia desde marzo de 2017 cuando fue aprobado en el Senado y afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta antes del 1 de diciembre de 2016[5]. Su competencia no puede superar los veinte años.
Su creación fue pactada en el marco de los Acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP como sistema de rendición de cuentas con el objetivo principalmente de satisfacer los derechos de las víctimas, con la tarea de esclarecer “en el contexto y en razón del conflicto armado, en particular los delitos más graves y representativos” para poner punto final a más de medio siglo de conflicto armado.[6]
En este acuerdo se acepta que hay delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto armado que son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos, y que la transición del conflicto armado a la paz en Colombia se hará garantizando el derecho de las víctimas a la justicia.[4]
Desde su creación, la JEP ha sido cuestionada por los casos que investiga relacionados con el conflicto armado con las FARC que incluyen presuntos crímenes de lesa humanidad, especialmente por el partido político de derecha Centro Democrático[7] (presidido por el expresidente Álvaro Uribe), quien afirma que estos crímenes no deben ser objeto de amnistía y que la JEP "dará impunidad" a quienes cometieron crímenes atroces. También es cuestionada por algunos escándalos que involucran contratos sin cumplimiento de requisitos y sobornos a fiscales de la JEP para favorecer ciertos casos, por lo que Uribe propone derogar esta Jurisdicción Especial de Paz. Sin embargo, varios sectores políticos, sociales, civiles e incluso internacionales han rechazado las acaloradas críticas al tribunal, señalando que el expresidente lo hace para garantizar su impunidad, pues consideran que en varios de los delitos que ahora estudia la JEP, lo incluyen como actor principal.