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Juicios contra funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez
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Los juicios contra funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez, o denominado como Caso Golpe de Estado, es un caso desarrollado en Bolivia a finales de 2020[1][2] durante el gobierno sucesor, del presidente Luis Arce. El caso según Amnistía Internacional y la OEA tiene connotaciones políticas,[3][4] ya que se da posteriormente a la crisis por la renuncia del presidente Evo Morales, en donde Arce fue ministro de economía, y la asunción de Jeanine Áñez como «presidente interino».[3]
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Juicios contra funcionarios del gobierno de Jeanine Áñez | ||
---|---|---|
![]() Gabinete de Jeanine Áñez entre 2019 a 2020. | ||
Localización | ||
País |
Bolivia![]() | |
Lugar | Bolivia | |
Datos generales | ||
Estado | Activo | |
Tipo | Protestas, sentadas, manifestaciones, paros, denuncias | |
Ámbito | Nacional | |
Suceso |
Oposición a al gobierno interino liderado por Jeanine Áñez. Ola de denuncias contra irregularidades y corrupción dentro del gobierno interino, así como la investigación como «Golpe de Estado» a la crisis política en Bolivia de 2019 | |
Organizador | Gobierno de Bolivia, liderado por la administración de Luis Arce | |
Histórico | ||
Fecha | 12 de noviembre de 2020[1][2] - presente | |
Frecuencia | Diaria y continua | |
Altas autoridades que formaron parte del gobierno de Jeanine Áñez fueron enviadas a la Cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz con detención preventiva por la justicia boliviana, entre ellas se encuentran la misma Jeanine Añez, encarcelada desde el 16 de marzo de 2021 (recluida en el centro penitenciario femenino de Obrajes), así como también el ex ministro de Justicia y Transparencia Institucional Álvaro Coimbra Cornejo, el ex ministro de Energía Rodrigo Guzmán, el ex viceministro de Coordinación Gubernamental y gerente de Entel Eddy Luis Franco, el viceministro de Justicia Guido Melgar y el ex director general de Migración Marcel Rivas.[4][4] lo que provocó reacciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentra la Unión Europea,[5] las Naciones Unidas[5] y los gobiernos de Brasil,[6] Estados Unidos,[7] Ecuador,[8] Perú,[9] etc. También desencadenó protestas opositoras.[10]