Política de Cuba
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Cuba es una república socialista unitaria marxista-leninista unipartidista. Después de la dictadura de Fulgencio Batista, Cuba fue dirigida por Fidel Castro durante casi cincuenta años, primero como primer ministro (1959) y luego como presidente del Consejo de Estado, y del Consejo de Ministros (1976), el máximo órgano ejecutivo, después sería presidido por su hermano Raúl Castro, en la actualidad por Miguel Díaz Canel, presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros desde el 19 de abril de 2018. Es el primer dirigente cubano nacido después de la Revolución Cubana que ha alcanzado dichos puestos. La constitución actual fue aprobada en un referéndum popular en el año 2019.
La actual Constitución de Cuba en vigor desde 2019, establece que Cuba es un Estado socialista de manera irrevocable, a pesar de no cumplir el principio 'A cada cual según su aporte' que es considerado por los socialistas y socialistas marxistas una de las características de una sociedad que está realizando su transición hacia el socialismo, impidiendo cualquier modificación del régimen socioeconómico. La Constitución dice en su artículo 5 que:
El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos.
Comenzando en el año 1959, las tierras fueron sometidas a dos radicales reformas agrarias en las que se limitó la tenencia de tierras a tres caballerías por una sola persona que, según la constitución del 1976, previa autorización estatal, pueden incorporar sus tierras únicamente a cooperativas de producción agropecuaria o venderlas o permutarlas al Estado, o a cooperativas y agricultores pequeños[1] y la autogestión de los organismos productivos. Sin embargo, desde la crisis económica provocada por el fin del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), el Gobierno ha promovido una apertura a la inversión de capital extranjero en condiciones de privilegio frente a la inversión que pudieran hacer los cubanos. Las inversiones del exterior son permitidas siempre que el capital extranjero no sea más del 49 % del capital invertido en una industria.
Las fuerzas opositoras al Gobierno cubano argumentan que una de las razones de la permanencia en el poder de Castro desde 1959 se debe a la combinación de un sistema de partido único —según el artículo 5 de la Constitución de 1976, el Partido Comunista de Cuba es definido la «fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado»—. Ellos también señalan la imposibilidad de promover organizaciones opositoras, en referencia al artículo 62 de la Constitución vigente que establece:
Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible.
El gobierno socialista cubano ha sido acusado muchas veces de violar los derechos humanos en calidad de pena de muerte, represión a los ciudadanos y presos políticos.[2]